¿Libreto conocido? El otro mediático caso en que abogado de Cariola también anunció recurrir a corte internacional

La posibilidad de que la tercera autoridad del país recurra contra el Estado chileno ante un tribunal internacional surgió cuando el abogado Juan Carlos Manríquez asumió la representación de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola.

Cariola es indagada por un presunto tráfico de influencias a partir de sus comunicaciones con la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler. El 3 de marzo, día en que la diputada daba a luz a su primer hijo, la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutó una orden judicial de allanamiento que solicitó el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, para incautar el teléfono móvil de la legisladora de las filas del Partido Comunista (PC).

Al asumir la representación de la diputada, Juan Carlos Manríquez solicitó anular la diligencia y señaló que debido a una vulneración en políticas de género y los derechos del recién nacido, el allanamiento fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En octubre del año pasado, en la antesala de la votación en el Senado sobre la acusación constitucional en contra de la removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, el abogado Manríquez, como representante de la exjueza, aseguró que agotarían todas las instancias en la justicia nacional en favor de su defendida y dijo que no descartaban recurrir a la CIDH.

“Evidentemente, si creemos que es procedente, vamos a recurrir a la justicia internacional”, indicó entonces. En noviembre, viajó a Washington, para un “primer acercamiento” con miras a concretar esa presentación. “Estamos afinando nuestras presentaciones, nuestras acciones y probablemente las vamos a ingresar en el plazo”, aseguró en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera hace un mes.

Por otro lado, a fines de junio de 2024, cuando Manríquez se sumaba al equipo defensor del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue, un grupo de letrados, encabezados por el español Gonzalo Boye, se coordinó para presentar una solicitud urgente de revisión de cautelares en la CIDH.

Manríquez visitó a Jadue en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber el día en que el exalcalde estuvo de cumpleaños y confirmó acciones “en el ámbito internacional”, para lograr revertir la prisión preventiva que estaba cumpliendo entonces la exautoridad.

Con la acción en la CIDH pretendían que Jadue quedara libre antes de que se cumplieran los 45 días que la ley estipula como el plazo máximo en que una autoridad comunal puede estar fuera de su cargo antes de que sea cesado, que fue lo que finalmente ocurrió con el militante PC.

Las personas que consideren que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos pueden presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se inicie un proceso en el que se verifiquen los hechos y cuando corresponda, se realicen recomendaciones al Estado responsable.

La Comisión desarrolla funciones con una dimensión cuasi-judicial. Dentro de esta competencia, recibe las denuncias de particulares u organizaciones relativas a violaciones a derechos humanos, examina esas peticiones y adjudica los casos en el supuesto de que se cumplan los requisitos de admisibilidad.

Con sede en San José de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte IDH ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias; una función consultiva; y la función de dictar medidas provisionales.

Las causas son tramitadas por varios años.

Por ejemplo, en septiembre de 2022, a 13 de años de presentado, la CIDH declaró admisible el recurso de 1.403 personas que acusan que el Estado de Chile violó una serie de derechos humanos en la entrega de las casas de la constructora Copeva que se vieron afectadas por una serie de filtraciones el invierno de 1997. De esta forma, recién entonces llegó a la Corte IDH.