Lío de platas arista Tarapacá: fiscal jefe de Iquique confirma que montos superan “los mil millones de pesos” y que hay indicios para configurar “algún delito”
Eduardo Ríos calificó como “muy positivo” el allanamiento realizado al Serviu y a la Seremi de Vivienda en Tarapacá, como parte de las investigaciones por eventuales traspasos irregulares a las fundaciones Enlace Urbano y EnRed, detallando que se logró “levantar bastante evidencia documental y digital”.
Las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público en relación a presuntas irregularidades en la firma de convenios entre organismos estatales y fundaciones privadas tienen abierta una arista también en la Región de Tarapacá, donde la Fiscalía Regional está indagando transferencias a las fundaciones EnRed y Enlace Urbano por parte de la Seremi de Vivienda de dicha región.
De hecho, este miércoles se llevaron a cabo una serie de allanamientos, luego de que el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, obtuviera orden de entrada y registro para ingresar a las sedes de ambas fundaciones en Santiago, y también para incautar documentos y dispositivos electrónicos en las dependencias regionales del Minvu y del Serviu.
Esas diligencias la materializaron funcionarios de las brigadas Anticorrupción Metropolitana y de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI).
Sobre esta arista en la Región de Tarapacá se refirió este jueves, en entrevista con Radio ADN, el fiscal Ríos de Iquique, manifestando que “con la información que ha aparecido en las redes sociales, en cuentas abiertas, más los antecedentes que nosotros teníamos, estimamos que era urgente hacer dos causas”, en relación a Enlace Urbano y EnRed.
En esa misma línea, el persecutor dijo que “los montos superan los mil millones de pesos”, aunque recalcó que “estamos todavía definiendo la cantidad real”.
Ríos destacó que el procedimiento -efectuado entre las 10 de la mañana y las seis de la tarde- fue “muy positivo”, ya que se logró “levantar bastante evidencia documental, digital, equipos electrónicos y teléfonos”.
Consultado acerca de la posibilidad de que en esta arista se puedan formalizar delitos, el fiscal señaló que “estamos todavía en una etapa inicial, no tenemos ni siquiera una semana de investigación, pero creo que ya hay algunos indicios de algunos elementos que podrían configurar en el futuro algún delito”.
Esto luego que el miércoles la Fiscalía detallara que “de los antecedentes existentes hasta la fecha, existen sospechas fundadas del no cumplimiento de esos convenios o que los montos transferidos no fueron utilizados para los fines que fueron transferidos, lo cual podría configurar los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho y/ o soborno”.
Asimismo, Ríos se refirió a su experiencia en investigaciones de casos de corrupción, con el objetivo de explicar cómo funcionan los esquemas defraudatorios.
“Cuando se generan esquemas defraudatorios contra el fisco se necesitan dos intervinientes, un funcionario público y se necesita un particular, y lamentablemente en los casos que me ha tocado observar, o tener a cargo, la acción del funcionario público nunca es gratuita, siempre es a cambio de algún tipo de desembolso, eso es lo que tenemos que acreditar en el futuro”, dijo.
“Pero habitualmente es un esquema que se repite, el funcionario para actuar, para dejar de cumplir con sus deberes funcionarios necesita algo a cambio, y ese algo a cambio proviene incluso de los mismos montos de los proyectos o de montos públicos que se le asignan”, agregó.
Enlace Urbano y EnRed
De acuerdo a la información que se conoce hasta ahora, Enlace Urbano ha firmado convenios desde diciembre del 2021 con las seremis de Vivienda de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Los Ríos y La Araucanía.
En ese sentido, los cuestionamientos e investigación del Ministerio Público comenzaron por el convenio que firmó con la seremi de Vivienda de Tarapacá, en la cual el 25 de agosto obtuvo un contrato por $782.724.723.
En el caso de EnRed Social, es una organización la cual se encuentra siendo investigada por la Fiscalía por el convenio alcanzado el 8 de agosto del 2022 con la Seremi de Tarapacá.
Ese día, la repartición regional autorizó la entrega de $1.060.619.263, lo que se materializó vía siete traspasos concedidos el mismo día. Aquello, se dio en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Minvu para realizar la “habilitación primaria” y “diagnóstico territorial” de campamentos de la zona.
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