En cada frente, Democracia Viva da una batalla distinta: en sede penal con la Fiscalía, en lo administrativo con Contraloría y en lo civil, con el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
A la restitución de fondos solicitada ante el Juzgado Civil de Antofagasta, el organismo encargado de defender los intereses y recursos de Fisco, presentó en las últimas horas una demanda en contra de la fundación representada por el exmilitante de Revolución Democrática (RD), Daniel Andrade.
En la demanda se pide, según se lee, que a Democracia Viva se la condene a restituir al Fisco la suma de $391.768.516., en atención a que la fundación “no dio cabal y oportuno cumplimiento a las obligaciones que asumió en cada convenio” celebrado con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Los convenios fueron tres por una suma total de $426 millones, en que -a juicio del CDE- la ONG no cumplió con los términos asumidos una vez celebrados los acuerdos.
“Como obligación general pactada en los tres convenios se estableció que, al término de la ejecución de estos, y en caso de que no se utilizaran todos los recursos transferidos, los excedentes serían restituidos por fundación Democracia Viva dentro de los 10 días siguientes hábiles a la aprobación del informe final”, se lee en el documento. Según argumentó el CDE, esta restitución no ocurrió.
Entre los “incumplimientos” que relata el organismo destacan el que respecta al “al correcto uso de los recursos transferidos, los cuales, no se destinaron íntegramente a los fines del convenio, toda vez que el 35,85% del presupuesto fue destinado a gastos operacionales y recursos humanos, lo que va en desmedro del cumplimiento de la convención”.
En esa misma línea, la Seremi determinó que se cumplió “con una dotación de profesionales no inferior al 50% con residencia en Antofagasta, toda vez que sólo un 25% de los profesionales informados contaba con residencia en la ciudad”.
Los incumplimientos de la fundación
El CDE advirtió en su acción judicial que “por incumplir la obligación de la presentación de un plan de trabajo en un plazo máximo de 30 días corridos, contados a partir de la transferencia de los recursos, materializada en este caso con fecha 21 de diciembre de 2022. A la fecha de término del convenio, y aun habiendo sido requerido por Serviu mediante Memorándum N° 270 de fecha 24 de mayo de 2023, no lo entregó”.
Por último, la institución detalló que “los términos anticipados de los convenios se fundaron en lo dispuesto en la cláusula novena de cada uno de ellos, la cual dispone que el incumplimiento de las obligaciones contraídas o el simple retardo en la ejecución de las mismas según los plazos acordados, facultara al Seremi Minvu y al Serviu para poner término unilateral y anticipado al convenio y solicitar la restitución parcial o total de losrecursos, los que deberán ser reembolsados en un plazo no superior a 30 días corridos contados desde la fecha en que sea requerida la devolución”.
La restitución de los fondos debía ser cumplida, según el CDE, en el plazo de 30 días corridos contados desde la fecha en que se requirió la devolución - el día 14 de julio pasado -, sin que, al 12 de agosto, “haya enterado en arcas fiscales dichos dineros. En consecuencia (...) la fundación Democracia Viva se encuentra en mora al no haber cumplido con su obligación dentro del término estipulado”.
Ahora al Consejo le resta un movimiento más: la esperada querella que ya decidió presentar en la causa, donde entrará como un litigante más -y de peso- para enfrentar a Democracia Viva, ahora en sede penal.
