Lío de platas: PDI allana oficinas del Gobierno Regional de La Araucanía y domicilios de funcionarios

Una serie de allanamientos está cumpliendo este viernes la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de las indagaciones que realiza el Ministerio Público en el marco de una investigación por los delitos de administración desleal y lavado de activos por el convenio suscrito por el Gobierno Regional de La Araucanía con la fundación Folab, y que están siendo encabezados por el fiscal de la Unidad de Alta Complejidad César Schibar.

A primera hora, una docena de efectivos de la PDI de Temuco se presentó en las oficinas del Gore de La Araucanía, ubicadas en calle Bulnes 590, frente a la Plaza de Armas de la capital regional, donde hicieron ingresó al inmueble con una orden de entrada y registro para incautar documentación y realizar el respaldo electrónico de los servidores que son usados en la repartición.

Durante la diligencia se conoció que el gobernador Luciano Rivas no estaba en el lugar, encontrándose fuera de Temuco. A esta hora, el procedimiento continúa, concentrándose en los pisos 9 y 10 del inmueble donde están las oficinas del Gore.

Simultáneamente, efectivos de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI allanaron cinco domicilios de igual número de funcionarios de la repartición, también en el marco de la investigación que la Fiscalía lleva adelante.

Los procedimientos tienen relación con la querella que el mismo Gore presentó contra la Fundación Folab, que suspendió, sin previo aviso, un programa de capacitación a mujeres de Temuco y Padre Las Casas y por el que hicieron millonarias transferencias.

La información que se conoce detalla que alrededor de 200 afectadas cursaban módulos de un programa especialmente orientado a la reactivación económica de mujeres. Sin embargo, éstas vieron interrumpido su proceso formativo tras el cierre sin aviso de las oficinas de la fundación, información que paralelamente se hizo llegar al Gobierno Regional de La Araucanía.

La capacitación teórica comenzó en abril -previa inscripción-, sin embargo, cuando era el turno de las clases prácticas, nunca llegaron los insumos comprometidos por más de dos millones de pesos a cada beneficiaria.

Desde el Gobierno Regional de La Araucanía señalaron que “en horas de esta mañana se realizaron diligencias investigativas al interior de nuestras dependencias ordenadas por el fiscal de Alta Complejidad César Schibar Díaz en conjunto con personal de la PDI, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en la administración de fondos de la Fundación Folab. Esta investigación es parte de la querella que el gobernador Luciano Rivas interpuso contra quienes resulten responsables”.

Y se añade: “En ese sentido, aclaramos que la calidad del gobernador regional en el contexto de esta investigación es de querellante y no de imputado”.

Por su parte, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, se refirió al procedimiento, confirmando que se vincula a la indagatoria sobre convenios en la arista sobre las fundaciones Educ y Folap .

“En esta arista, que ya cuenta con dos personas formalizadas y en prisión preventiva, se solicitó una autorización judicial para la realización de medidas intrusivas, diligencias de registro en oficinas y en domicilios de funcionarios públicos, por cuanto durante el desarrollo de la investigación, se ha logrado determinar que existen antecedentes que permitirían dar cuenta de la comisión de delitos funcionarios, es decir, de personas vinculadas precisamente con la tramitación, la aprobación y la supervisión de los proyectos que eventualmente incurrieron en hechos ilícitos y por lo tanto se justificaba, en este momento, esta solicitud”, sostuvo el persecutor.

Según el fiscal, la diligencia buscaba además “recabar antecedentes para la formulación de imputaciones posteriores a otras personas, además de quienes hoy día están formalizados”.

“La diligencia se solicitó, no solo para las oficinas y los instrumentos tecnológicos, tales como teléfonos celulares o computadores que están en poder de algunos funcionarios públicos, sino que también en sus domicilios. Lo que buscamos es ratificar algunos antecedentes que ya hemos recabado respecto de la participación de estos funcionarios en eventuales delitos que podrían ser los delitos de cohecho o negociación incompatible, pero hay que hacer presente aquí que también hay dos personas formalizadas por otros ilícitos como administración desleal y lavado de activos. Eventualmente estos funcionarios también podrían tener algún grado de participación”, indicó el fiscal Garrido.