En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, este martes 5 de septiembre los ministros titulares de la Segpres y de Justicia, Álvaro Elizalde y Luis Cordero, respectivamente, presentaron la agenda legislativa en materia de derechos humanos, donde levantar parcialmente el secreto que rige sobre los testimonios otorgados a la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, más conocido como Comisión Valech, aparece como un proyecto emblema.
Y es que aquello será importante, como resaltó Cordero, con miras a cumplir con uno de los principales objetivos del recién presentado Plan Nacional de Búsqueda: trazar las trayectorias de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico militar.
Lo anterior, como sostuvo el secretario de Estado, “de modo que esa información pueda ser revelada en el evento en que se encuentren hallazgos relevantes previo consentimiento de las víctimas o de sus herederos”.
Así, en concreto, el proyecto que se presentará en la próximas semanas, habilitaría dos caminos que permitirían acceder a los citados antecedentes.
El primero, como explicó el ministro de Justicia, otorgando a Plan de Búsqueda la misma facultad que hoy tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que de acuerdo con la ley 20.405 tiene la custodia y preservación de la documentación de las comisiones Valech I y II.
Esto quiere decir que el Plan de Búsqueda podrá reunir antecedentes que sean relevantes y que aporten en el esclarecimiento del paradero de las personas desaparecidas en dictadura.
De encontrarse insumos que sean considerados importantes, de todas maneras, se solicitará el consentimiento expreso de la persona o de sus herederos para su publicación. Y en el caso de que la persona no acceda al levantamiento, la información se mantendrá bajo reserva, pues como indicó el Presidente Gabriel Boric, “a nadie que haya prestado testimonio se le va a obligar o presionar para levantar ese secreto”.
Bajo esta opción, sólo tendrían acceso a los testimonio los profesionales del equipo ejecutivo del plan, que está localizado en el programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. “Exclusivamente ellos. Nadie más”, subrayaron desde la cartera.
Tribunales
Y el segundo camino que abriría el mensaje presidencial va en línea con que los tribunales de justicia también puedan solicitar a una determinada víctima el acceso a los antecedentes, como ocurre en el caso de la información recopilada en el marco de la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (Valech II). Siempre, como se destacó en la presentación de la agenda, previo consentimiento de la víctima.
Se mantendrá, asimismo, la opción que hoy tienen las personas que prestaron testimonio en el marco del trabajo de la comisión y que quieran acceder a sus carpetas de antecedentes. Según explicó el ministro Cordero, cerca de ocho mil víctimas han solicitado sus documentos.
“Son las víctimas las que deciden lo que se hace con esa información. De hecho, en la actualidad pueden requerir su carpeta con todos sus testimonios y adicionalmente los tribunales han requerido información que sea relevante para las investigaciones que están llevando adelante. Al mismo tiempo, nos parece que el análisis global de toda la información contenida en la Comisión Valech, pudiera entregar antecedentes adicionales en el marco del Plan Nacional de Búsqueda para conocer el paradero de los detenidos desaparecidos”, manifestó sobre los objetivos el ministro Elizalde.
Las demás iniciativas
Aparte de lo relacionado con la Comisión Valech, desde el Ejecutivo también anunciaron otras cuatro medidas en medio de la agenda de derechos humanos.
Se buscará crear una calificación jurídica especial de “Persona ausente por desaparición forzada” y crear un padrón, que llevará el Registro Civil, con un certificado correlativo a él. Y también se impulsará la tipificación de los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal.
Igualmente, se impulsará la generación de una Política de Memoria y Patrimonio, “con el objetivo de mejorar los mecanismos de financiamiento y mantención de los espacios de memoria, fortalecer la regulación de estos con una perspectiva de preservación de la memoria y educación en derechos humanos”.
Y por último, se promoverá la eliminación del carácter secreto de leyes y otros textos legales que fueron dictados por la junta militar y que hasta ahora se mantienen secretos o con acceso restringido.
