“Declaro en este acto que haré uso de mi derecho a guardar silencio”, fueron las pocas palabras que Luis Mayorga Salcés, exjefe de la Dirección de Planificación de la Municipalidad (Secplan) de Santiago, dijo el pasado 30 de agosto ante el fiscal Patricio Cooper, quien dirige la indagatoria por el posible sobreprecio en la frustrada compra de la ex Clínica Sierra Bella de la misma comuna.
Mayorga fue desvinculado por la alcaldesa Irací Hassler (PC) el pasado 14 de abril luego de que la Contraloría General de la República concluyera que existió un “precio injustificado” en la operación de compra debido a que el municipio adquiriría el inmueble a un valor cuatro veces mayor ($ 8.285 millones) al que el vendedor, San Valentino Spa, del abogado Felipe Sánchez, lo había adquirido menos de un año antes ($ 2.080 millones), en abril de 2022.
Pese a que decidió no hablar, la investigación de la Fiscalía Centro Norte ha ido cercando cada vez más a Mayorga por el rol que tuvo durante el proceso de negociación y firma del contrato de compraventa del recinto que se convertiría en la primera clínica municipal. De hecho, el 18 de agosto pasado, funcionarios de la Policía de Investigaciones llegaron a su domicilio en la comuna de Ñuñoa, desde donde se llevaron un computador y un teléfono móvil.
Junto a ello, otros de los personajes clave en la fallida compra y que han prestado declaración ante el fiscal Cooper en las últimas semanas, han apuntado a Mayorga como el hombre coordinó y gestionó el “itinerario” para tratar de hacerse con el recinto médico.
Una de esas declaraciones fue la que prestó el pasado 1 de septiembre Jean Pierre Chiffelle Soto, exdirector jurídico de la Municipalidad de Santiago, quien fue desvinculado el mismo día que Mayorga. En su testimonio, el abogado narró su versión de la reunión sostenida en el municipio el 20 de diciembre de 2022 entre compradores y vendedores, encabezada por la alcaldesa Hassler, y en la que se habría fijado el precio final de venta.
“En esta reunión, efectivamente la Alcaldesa ofrece un precio de $ 8 mil millones a Sánchez, quien no acepta la oferta y empieza a indicar que tenía otros compradores, pero que su intención era venderle a la Municipalidad”. Ello, a juicio de Chiffelle, era una estrategia de Sánchez para “elevar el precio”, por lo que en su rol de director jurídico le aclaró que “el precio se define por las tasaciones”.
“Cuando indico esto, el señor Mayorga repentinamente saca unos documentos y dice tenemos tres tasaciones y que están hechas. Mayorga empieza a efectuar un cálculo de las tres tasaciones y establece un promedio e indica un monto que no recuerdo en este momento, pero fue el que finalmente se definió como precio de compra. Aclaro que yo no tenía conocimiento de estas tres tasaciones”, afirmó Chiffelle al fiscal Cooper.
Justamente el origen de las tasaciones y el cómo se llegó a los tres profesionales que elaboraron los informes cuyos resultados fueron calificado como “no trazables ni verificables” por la Contraloría, es parte de lo que Beatriz Chamorro, exdirectora de Salud de Santiago; y Loreto Fernández, exfuncionaria de la Corporación de Desarrollo de Santiago, testificaron ante el fiscal en agosto pasado.
Chamorro, quien recibió el dato inicial de que la exclínica estaba en venta y lo entregó al municipio, apuntó a que la definición del precio por medio de las tres tasaciones pasó exclusivamente por las manos del ex Secplan Mayorga. “No conocía y no conozco a ninguno de los tasadores. A la Dirección de Salud solo le correspondió el pago de sus servicios y esto por instrucción de Mayorga que en estas reuniones de coordinación que teníamos para la compra del inmueble oficiaba de Administrador Municipal subrogante”, testificó Chamorro.
Además, la exdirectora de Salud afirmó que “deduzco que la contratación misma fue por el contacto entre Loreto Fernández y Mayorga, dado que este último le pidió nombres de tasadores al salir de una reunión que tuvimos en octubre”.
Fernández, por su parte, confirmó que “a fines de septiembre de 2022 (…) Mayorga me dice que querían comprar un inmueble para hacer una clínica municipal y que necesitaba tres tasadores”, en relación con la solicitud para tasar la propiedad de Carmen 35, inmueble que fue evaluado por el municipio antes de optar por ex Clínica Sierra Bella. A las pocas semanas, asegura Fernández, Mayorga le pidió coordinar la realización de nuevas tasaciones, pero ahora para Sierra Bella 1181.
“Mayorga me dijo que necesita tasar la clínica lo antes posible, que por favor viabilizara la visita y los informes, usando a los mismos peritos de Carmen (…) Esta presión no me llamó la atención, porque como mencioné anteriormente, Mayorga siempre era así para todo”, dijo Fernández a la Fiscalía.
Finalmente, la arquitecto aseguró que “Mayorga me seguía presionando o consultando por la entrega de los informes. Estaba preocupado por el precio porque, según me comentó, el vendedor de Sierra Bella quería venderla al precio de su tasación que eran como 8.600 millones aproximadamente y la Municipalidad no tenía esa plata. Por eso Mayorga me pedía que le consultara a los tasadores cómo iban y más o menos cuándo tendrían los informes para apurarlos”.
