Loteos brujos: Bienes Nacionales enviará modificación legal

Para desincentivar el negocio de los loteos brujos o ilegales, el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, anunció el envío de un proyecto de ley para modificar el Decreto Ley 2.695, que fija las normas para regularizar la posesión y dominio de la pequeña propiedad agrícola. Este decreto del Ministerio de Bienes Naciones ha sido mal utilizado para regularizar la propiedad de loteos brujos o subdivisiones de terrenos agrícolas con fines habitacionales, lo cual no está permitido por la ley. Estas regularizaciones ilegales estarían siendo investigadas en fiscalía por la eventual participación de funcionarios públicos, a raíz de una querella interpuesta por el propio ministro el lunes 23 de abril. "Queremos que por ley el Ministerio de Bienes Nacionales no pueda regularizar si la persona no presenta antes una autorización de la Dirección de Obras Municipales, en caso de un terreno urbano, o una autorización del SAG en caso de un terreno rural", señaló el ministro Felipe Ward. "Hoy día hemos tomado la decisión política de no hacerlo, pero queremos un respaldo en la ley que nos impida hacerlo si la persona no cuenta con esas autorizaciones", advierte Ward.

Sobre las modificaciones que se pretenden implementar, Cristián Balmaceda, alcalde de Pirque y presidente de la Asociación de Municipios Rurales de la RM (Amur), señaló que "cualquier antecedente que se pueda agregar o solicitud que se pueda exigir, adicional a lo que pide el Ministerio de Bienes Nacionales por ley, creo que ayuda a parar estos loteos irregulares".

El "certificado para subdivisión de predios rústicos" que otorga el SAG asegura que el predio cumple con la normativa y un mínimo de media hectárea como superficie.

Balmaceda agregó que es importante que se incluya oficialmente, como requisito, la presentación de un certificado del Departamento de Obras de cada municipalidad que asegure que se trata de una subdivisión predial legal. "Hoy ese papel se está pidiendo, pero no es vinculante; o sea, si la persona no lo lleva al Ministerio de Bienes Nacionales, este por ley no se lo puede exigir", precisa Balmaceda.

La otra modificación que se le hará al Decreto 2.695 es ampliar los plazos, de un año a tres años, para que los dueños legales puedan reclamar posesión de sus tierras en caso de que otras personas quieran inscribirlas como propias, valiéndose del decreto.

Las modificaciones propuestas por el Ejecutivo están siendo redactadas por el equipo técnico del ministro Ward, y serán ingresadas al Congreso vía mensaje presidencial en menos de un mes, para que esté aprobado durante el primer semestre de este año.