El abogado penalista Juan Carlos Manríquez, representante de la familia de Ronald Ojeda, se refirió a la serie de diligencias que desarrolló la mañana de este miércoles el Ministerio Público relacionadas al caso, con detenciones de sujetos ligados al Tren de Aragua y un allanamiento en la toma Santa Marta de Maipú, lugar donde fue encontrado el cuerpo del disidente venezolano secuestrado y asesinado.
En entrevista matinal con radio Agricultura, el abogado hizo eco del planteamiento del fiscal del caso, Héctor Barros, en torno a que el crimen del exmilitar refugiado en Chile fue ejecutado por encargo del gobierno de Nicolás Maduro e indicó que la familia mantiene la idea de que hubo colaboración interna en su ubicación.
“Esperamos siempre que cada paso que se va dando aquí contribuya a esclarecer los hechos, lo que ocurrió y la necesidad de justicia que tiene esa familia, incluso determinar si es que ha habido negligencia en Chile en el cuidado de la persona Ronald Ojeda, de su estatus de refugio. Incluso, ellos hasta el día de hoy sostienen que pudo haber habido colaboración interna para ubicarlo y ese es un tema que tiene que dilucidarse en la causa”, sostuvo Manríquez.
Consultado si eso puede significar una demanda contra el Estado chileno, respondió que “no necesariamente aún”.
“Si es que hubo conductas de cooperación, colaboración o complicidad con el secuestro y homicidio, primero hay que hacerlas valer en el sistema interno y si es que ha habido eventual intervención de agentes extranjeros, estatales o no estatales, eso será materia de la Corte Penal Internacional”, afirmó.
El caso Ojeda
Ronald Leandro Ojeda Moreno escapó del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde de Venezuela en noviembre de 2017. Llegó a Chile al año siguiente y accedió a la calidad de refugiado en noviembre de 2023.
En enero del año pasado se informó que había sido expulsado de las Fuerzas Armadas de su país, vinculado a una trama para dar muerte a Nicolás Maduro.
La madrugada del miércoles 21 de febrero de 2024 fue sacado de su hogar, en el piso 14 de un edificio de Independencia, por cuatro sujetos que irrumpieron caracterizados como funcionarios de la Policía de Investigaciones.
El viernes 1 de marzo de 2024 su cuerpo fue encontrado en una maleta, sepultado bajo cemento, en una fosa de 1,4 metros de profundidad al interior de una toma de terreno de Maipú.
Tenía 32 años y un hijo de seis.
La investigación del caso está a cargo del fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur y coordinador en la región del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, Héctor Barros.
