En el Juzgado de Garantía de Concepción se realizó este viernes una audiencia de revisión de las medidas cautelares fijadas para la excandidata a alcaldesa del municipio penquista Camila Polizzi.
El abogado Pablo Ardouin, defensor de la Defensoría Penal Público que representa a Polizzi, pedía un cambio en el arresto domiciliario total que fue fijado para la imputada hace casi un año, el 30 de noviembre de 2023, lo que fue desestimado por el tribunal. Tampoco hubo modificación respecto a Sebastián Polanco.
La modelo es indagada por convenios presuntamente fraudulentos entre la Fundación En Ti y y el Gobierno Regional del Biobío.
Los imputados en el caso
A fines de noviembre del año pasado se formalizó a Polizzi y a los hermanos Sebastián y Diego Polanco por los delitos de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos. En tanto, el exadministrador del GORE del Biobío, Rodrigo Martínez Fernández, y el exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano de esa repartición, Simón Acuña Medina, fueron acusados por los mismos delitos, además de fraude al fisco. Los cinco quedaron bajo arresto domiciliario.
Posteriormente, se formalizó a Tamara Vidal, exencargada de la Unidad de Participación Ciudadana del GORE; Eduardo Quezada, representante de la consultora EQOS; y Matías Godoy, representante legal de la OTEC Frumisal Ltda.
También fue formalizada Luisa Fonceca Galaz, madre de la excandidata a alcaldesa.
El caso Lencería
De acuerdo a la indagatoria iniciada de oficio en julio de 2023 por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional del Biobío, Polizzi y su expareja Sebastián Polanco se apropiaron de la Fundación En Ti para obtener, vía asignación directa, recursos por $250 millones desde el GORE y terminaron simulando la ejecución de los proyectos asociados a los contratos. La pareja habría ofrecido a Gerardo Silva, presidente de la fundación, el pago de $10 millones como “arriendo” de la ONG que contaba con varios años de experiencia para poder postular a los convenios. Así accedieron a los fondos para un proyecto de mejoramiento barrial de la zona norte de Concepción.
Al justificar los gastos de las transferencias se presentaron boletas por compras de ropa interior, prendas de prestigiosas marcas, cenas en restaurantes y comprobantes de delivery. Por ello, la investigación comenzó a ser conocida como el caso Lencería.
