Marcela Ríos, ministra de Justicia: “La prisión preventiva en Chile, tanto respecto del estallido social como en términos generales, es un problema”

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, recibió la mañana de este miércoles en la sede de la cartera al director ejecutivo de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, quien le presentó el informe anual del organismo que documenta el estado de los derechos humanos a nivel global y también nacional.

“Nos hemos comprometido a incorporar las recomendaciones de Amnistía Internacional en nuestro seguimiento del trabajo que estamos haciendo desde este ministerio en materia de violaciones a los derechos humanos”, expresó la secretaria de Estado al finalizar el encuentro.

Por otra parte, la ministra se refirió a la situación de los llamados presos del estallido, explicando la decisión del gobierno del Presidente Gabriel Boric de retirar las querellas por Ley de Seguridad del Estado y señalando que en el diálogo con los legisladores oficialistas que mantiene el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, se decidirá mantener o no la urgencia dispuesta en el proyecto que propone una amnistía por razones humanitarias para los detenidos por delitos asociados a las protestas tras el 18 de octubre de 2019.

“Compartimos el diagnóstico que la prisión preventiva en Chile, tanto respecto del estallido social como en términos generales, es un problema. Lo estamos conversando y tratando a partir de la Comisión de Revisión del Sistema Penal, es algo que estamos trabajando”, aseguró.

La ministra señaló que frente al tema existen “dos preocupaciones centrales, una que la prisión preventiva no se utilice como un castigo anticipado y eso nos preocupa sobremanera y, en segundo lugar, tenemos condiciones carcelarias que muchas veces no aseguran el respeto de la dignidad de las personas privadas de libertad y tendemos a mezclar a personas que están en proceso abiertos con personas que ya han sido condenadas”.

“En ese sentido el retiro de las querellas por Ley de Seguridad del Estado, más que estar orientado a la prisión preventiva, tenía una preocupación respecto el uso excesivo y abusivo de una norma que fue diseñada para atender casos que atentan contra la seguridad del Estado, no es una norma para la persecución de delitos comunes y nosotros creemos que hay que perseguir los delitos comunes obviamente, pero tiene que haber una proporcionalidad en la persecución penal por parte del Estado”, argumentó.

Ríos precisó que el retiro de las querellas por Ley de Seguridad del Estado, como parte de un compromiso de campaña, se coordinó en una labor colaborativa con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

“Si hay que evaluar otras querellas que no son por Ley de Seguridad del Estado se hará en el futuro, en su momento”, dijo, agregando que “hasta el momento pensamos que hemos hecho una revisión relativamente exhaustiva” de las querellas interpuestas por la anterior administración del expresidente Sebastián Piñera, apelando a la normativa señalada.

Por otro lado, la ministra Ríos sostuvo que “el proyecto de indulto trabajado desde el Senado es un proyecto que apoyamos, que se hace cargo en parte de las heridas producidas por el estallido social. Estamos en conversaciones junto al ministro Jackson y a los parlamentarios para ver cómo vamos a seguirlo tramitando, este es un proceso de conversación, para ver si se le mantiene la urgencia vamos a llegar a un acuerdo con el Senado, pero es un proyecto distinto respecto de las querellas y es una conversación que está en sede del Congreso”.

Rodrigo Bustos, en tanto, dijo que “valoramos la escucha por parte de las nuevas autoridades, la verdad es que las recomendaciones que en su momento hizo Amnistía Internacional, respecto de las violaciones de derechos humanos, del estallido social, no habían sido consideradas por parte del anterior gobierno”.

“Estamos disponibles a colaborar con el Estado de Chile en su conjunto, para que se vayan saldando las deudas en materia de derechos humanos, que tiene que ver con el estallido social, que tienen que ver con la dictadura cívico militar, que tienen que ver también con la protección de las personas defensoras de derechos humanos, ya que América Latina es el continente donde hay más homicidios, y en ese sentido valoramos la firma del acuerdo de Escazú y hemos planteado la necesidad de que se avance en normativa de carácter legal para avanzar en esa protección de las personas defensoras de derechos humanos”, expresó.