Marcos Emilfork, fiscal regional de Los Lagos: "Durante el desarrollo de Ascar fallecen Lissette y otros niños"

Aquello que se inició el 11 de abril de 2016, con la muerte de Lissette Villa al interior del Cread Galvarino del Sename, se ha convertido en una investigación con 877 casos, nuevas aristas administrativas -como Ascar- y resultados que aún no vislumbran sus fechas de término.

A casi dos años de ser nombrado como persecutor preferente a cargo del caso Sename, el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, conversó con La Tercera sobre las labores emprendidas para dilucidar las muertes de menores dependientes del Estado. "Como equipo hemos seguido avanzando a paso firme", aseguró.

No obstante, las muertes aún ocurren, tal como reveló el diputado René Saffirio, quien informó el fallecimiento de 14 menores entre enero y marzo de 2018. Sin embargo, pese a la experiencia del grupo de fiscales a cargo de Emilfork, estas serán asumidas por cada fiscalía regional, explicó el persecutor.

Durante las últimas semanas se han realizado nuevas formalizaciones por la muerte de niños a cargo del Estado. ¿Cómo evalúa el trabajo realizado?

Como fiscalía continuamos a paso firme, avanzando en el esclarecimiento de las circunstancias en que fallecieron distintos niños, niñas y adolescentes por hechos ocurridos al interior de centros del Sename o en organismos colaboradores. En esa perspectiva y en un trabajo que está desplegado en distintas ciudades del país -algo que lo hace extraordinariamente complejo-, hemos logrado avanzar en casos que incluso nunca fueron denunciados.

¿Al tratarse de niños tiene un valor distinto?

Hablamos de niños que fallecen por circunstancias constitutivas de delito y estando al cuidado del Estado por una razón judicial, no por su voluntad. De niños que por su vulnerabilidad son puestos al cuidado de un funcionario público, financiado con fondos públicos. Es por ello que tenemos que reafirmar una idea central, que estamos hablando siempre de un caso de derechos humanos. Y cuando hablamos de ello, no hablamos con un color específico o alguna idea preconcebida, lo hacemos sobre dignidad. Es por eso que hemos tomado esta investigación como la más noble que nos ha tocado hacer en nuestras vidas, como equipo y a mí personalmente como fiscal regional. En ese contexto, hacemos todos los esfuerzos para avanzar caso a caso, en cada uno de los hechos que en todo el país puedan ser delitos.

¿Se buscan responsabilidades directas, o también se indagará a quienes por omisión o mala gestión influyeron en estas muertes?

Cada uno de los hechos en concreto tiene responsabilidad penal directa a nuestro juicio, es por eso que formalizamos investigación, pero también se van derivando responsabilidades que van más allá. Desde esa perspectiva no tenemos límites más que la ley. Vamos a seguir hasta llegar a la verdad en cada uno de los casos, y no solo en aquellos relacionados directamente con el fallecimiento de niños, sino también en relación a otros hechos que consideramos de enorme relevancia, que es la forma en que el Estado financia o genera proyectos para que nuestros niños más vulnerables vivan y se desarrollen con dignidad.

¿Cómo, por ejemplo, el programa Ascar (Aseguramiento de Calidad de las Residencias)?

Hemos podido levantar información relevante que nos ha llevado a iniciar investigaciones de oficio respecto de otros hechos que para nosotros son interesantes desde una perspectiva penal. Hemos abierto causas relacionadas con el destino de fondos públicos, ya sea para proyectos destinados a la mejora de la calidad de vida de los niños a nivel residencial, como es el caso Ascar, como también sobre la forma en que el Estado ha hecho el pago de subvenciones a los organismos colaboradores para el cuidado de los niños en el sistema residencial.

Da la impresión de que siempre puede surgir algo nuevo desde el Sename. ¿Coincide?

Esta investigación ha sido una caja de Pandora. Hemos tenido hallazgos que nunca imaginamos que podían existir. Desde una cultura organizacional que hemos ido conociendo, hechos que hemos ido develando, y eso nos ha permitido abrir formalizaciones de manera oficiosa.

¿Cree que el eventual mal uso de fondos, como aquellos destinados al programa Ascar, tiene responsabilidad en la muerte de menores?

Nosotros, en Ascar y pago de subvenciones, investigamos figuras penales específicas, relacionadas con el uso de fondos públicos, principalmente delitos funcionarios. Pero, sin duda, lo que está detrás de nuestra investigación es precisamente determinar de qué manera ese posible mal uso de los fondos públicos, destinados a mejorar la calidad de vida de los niños, pueda ser un factor que influyó a nivel contextual en el fallecimiento de algunos de ellos. Eso forma parte de nuestra investigación y de mi competencia. De hecho, durante el desarrollo de Ascar fallecen Lissette y otros niños. El programa, que duró entre 2013 y 2016, estaba vinculado directamente a mejorar la calidad de vida de los menores en el sistema residencial con fondos públicos adscritos a esa finalidad. Es por eso que resulta importante abrirnos a esas investigaciones penales también.

El diputado René Saffirio denunció 14 niños muertos en los primeros tres meses de este año.

La investigación que llevo adelante es sobre fallecimientos con anterioridad a 2016. Ahora, en su momento le pedí al fiscal nacional que creara una unidad especializada en derechos humanos para asentar criterios. Además, que se designaran fiscales preferentes para asumir las nuevas investigaciones. Esta unidad se creó y, a partir de ello, estos casos son investigaciones que llevan cada una de las fiscalías regionales, con las directrices nuevas. Yo investigo 877 casos. Tenemos un volumen investigativo tremendamente importante.

Pronto se presentarán los resultados de las indagatorias que el equipo de tarea de la PDI hizo a las residencias. ¿Qué fin tendrá?

Eso va a decantar en un informe completo, que va a permitir dar muchas luces respecto de la realidad. Desde esa perspectiva, podrá servir como un insumo relevante para la elaboración de futuras políticas públicas que permitan mejorar sustantivamente la calidad de vida de los niños.