Marcos Pastén, fiscal regional Occidente: “Una cárcel de 500 plazas sería insuficiente ante la magnitud del crimen organizado”

Antes de ingresar al Ministerio Público, Marcos Pastén, actual fiscal regional Occidente, se desempeñó por cuatro años en Gendarmería. Primero, como jefe del Departamento Jurídico y luego como jefe de la Unidad de Asistencia Jurídica a funcionarios. Y según rememora, era de los que se constituían en las cárceles y las recorría.

En base a esta experiencia es que en abril el fiscal nacional, Ángel Valencia, lo designó a la cabeza del foco investigativo vinculado a recintos penitenciarios.

Para combatir el crimen organizado, explica, es importante tener claro qué está ocurriendo al interior de las cárceles. Esto, ya que organizaciones que operan en Chile -como el Tren de Aragua o Los Trinitarios- tienen como denominador común el haberse conformado tras las rejas.

“La cárcel para ellos es un territorio más desde el cual pueden cometer ilícitos, incluso haciéndose más fuertes, porque a lo que aspiran es a tomar el control de los recintos”, comenta.

En base a los análisis que ha hecho en poco más de tres meses, ¿cómo evalúa el escenario, estamos en momentos de crisis?

De todas maneras. Si uno mira la realidad de países vecinos, por ejemplo de Ecuador, que tiene problemas de seguridad gravísimos, eso precisamente partió en las cárceles. Y si bien nosotros no tenemos un escenario de ese título, hay que poner atención. Creemos firmemente que hay que tomar lo que ocurre en esos países como ejemplo fundamental. Acá hay algo que es claro: no se va a lograr un sometimiento del crimen organizado si no se apunta a lo que ocurre dentro de las cárceles, y desconocer esa realidad es muy peligroso.

Y en ello, ¿cómo ve el rol que han jugado los gendarmes?

Una de las prácticas del crimen organizado es la corrupción, corromper al sistema en todas sus etapas. Y, por lo tanto, el combate también lleva a hacerse cargo de los hechos de corrupción que se cometan dentro de las cárceles, sea por el poder económico de las organizaciones, como por el contacto criminógeno de los mismos funcionarios. Es indispensable tener una decisión firme respecto de la corrupción al interior de los penales.

¿Cuál es el nivel de cooptación respecto de los funcionarios?

Durante el curso de este año hicimos un primer procedimiento que significó la detención de 10 funcionarios de la cárcel de La Serena que estaban vinculados a temas de corrupción. Actualmente estamos investigando cerca de 2.000 causas en que aparecen indicios de delitos cometidos en las cárceles y en algunas de ellas con participación de funcionarios.

No puedo sostener que Gendarmería es una institución que esté cooptada por el crimen organizado, pero sí hay señales que a uno le hacen presumir que es un tema importante del que hacerse cargo.

¿Por qué cree que esto no se ha podido controlar por parte de la institución?

Es que esto hay que mirarlo a la luz de la fuerza que tiene el crimen organizado. El Estado hoy se ve enfrentado a organizaciones con un poder adquisitivo que va más allá de lo que tenían bandas criminales “criollas”. Los esfuerzos pareciera ser que deben incrementarse. Seguir haciendo las mismas cosas que hace cinco años es un error.

¿Dónde cree que está la falencia? ¿En las acciones de Gendarmería, en el Ministerio de Justicia?

No quisiera apuntar ni a la autoridad de Justicia ni a la autoridad de Gendarmería. Esto es una tarea del Estado de Chile. Gendarmería hace sus esfuerzos y lo mismo el Ministerio de Justicia. Hay una intención, pero esto tiene que hacerse en conjunto. En el Ministerio Público estamos priorizando el tema, Gendarmería tiene que trabajar en la selección y en las auditorías de los funcionarios que tiene a su cargo, Justicia tiene que hacer su parte generando las condiciones, las políticas públicas, pero en esto también les corresponde una parte al Poder Legislativo y al Judicial, y a todos, porque pareciera ser que cuestionar actuaciones es ponerse del lado de los delincuentes y eso no puede ser.

¿Falta mayor determinación?

Lo que necesariamente tiene que haber es una política criminal única destinada al crimen organizado al interior de las cárceles, que permita hacerse cargo de la corrupción, de las condiciones de los penales, del régimen interno y de qué forma se van a investigar estos delitos, porque hasta ahora la única posibilidad que tenemos de investigar es junto a Gendarmería. ¿Y hemos dotado a la institución de personal suficiente para esto y de las herramientas necesarias? No basta con decir que Gendarmería es un órgano auxiliar.

¿Y qué le parece que las últimas semanas el debate en materia penitenciaria esté centrado en cómo y dónde construir una nueva cárcel de máxima seguridad?

Siendo respetuoso de las competencias de las autoridades, creo que poner el énfasis en dónde se va a ubicar la cárcel y la cantidad de internos que va a albergar es adelantarse. Ese es un tema que debe estar antecedido por otra discusión. Si uno mira los informes que han emitido el Poder Judicial y Gendarmería puede advertir que construir una cárcel de máxima seguridad de 500 plazas sería insuficiente ante la magnitud del problema del crimen organizado. Los informes indican que los integrantes de las bandas podrían superar los 2.700, entonces ¿por qué nos quedamos con 500 y no los aislamos a todos?

Se cree que basta con aislar a las cúpulas, pero esa no debiera ser la lógica. Todas estas personas son potencialmente líderes negativos que van a buscar el control de cárceles que no estén sometidas a un régimen de alta seguridad.

¿Hay que avanzar en modificaciones sobre condiciones disímiles en función de los delitos?

Hay que discutir si se requiere modificar las herramientas legales, porque creo que las que tenemos también pueden ser insuficientes. No es lo mismo tratar a una persona que ha cometido delitos contra la propiedad, y que uno avizora que pudiera ser sujeto de beneficios, que a personas que están involucradas en delitos ligados al crimen organizado y donde su nivel de resistencia a someterse a las normas internas es mucho mayor.

¿Se debe diferenciar el acceso a determinados derechos penitenciarios?

Absolutamente. Y por eso no basta con los esfuerzos de Gendarmería o del Ministerio de Justicia. Tiene que existir una política criminal al respecto.

¿Por qué estima que el debate se ha acotado a la nueva cárcel?

A veces aquí aplica un principio que causa distorsión, que lo urgente supera lo importante. Falta que como sociedad asumamos este problema desde el fondo, y a veces el tomar una decisión un poco más reposada puede tener mejores efectos. Hay que escuchar a los expertos, a la academia, a los funcionarios y a todos los actores. Es fundamental hacer un diagnóstico que, a mi juicio, debe partir entendiendo que el crimen organizado al interior de las cárceles no es una cuestión aislada.

¿Considera que posturas expresadas por gremios pueden estar limitando las medidas emprendidas por las autoridades?

Yo no quisiera pensar que los gremios y las asociaciones funcionarias están en contra de lo que planteamos. Yo quisiera pensar que ellos, como expertos y personas que son los operadores del sistema, están en la misma línea de buscar una solución. Quiero entender que los planteamientos gremiales que ellos hacen no son incompatibles con las cosas que venimos diciendo, y quiero creer que las autoridades políticas también sopesan suficientemente la magnitud del problema para compatibilizarlo con sus demandas.

¿Ve falta de voluntad?

Más que falta de voluntad, acá hay que considerar la magnitud del problema que se nos vino encima.

Se lo pregunto porque en ocasiones se retrasan sanciones contra gendarmes que cometen actos reñidos con la probidad...

Esas prácticas deben ser erradicadas y tiene que haber una decisión firme al respecto. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Acá se necesita con urgencia una nueva mirada.

¿Ve disposición para avanzar en el corto plazo en la política que dice se requiere?

Como Ministerio Público hemos participado en instancias en que se nos ha convocado por parte de Justicia e Interior, respecto de fuerzas de tareas, hemos planteado estos temas y yo creo que el tema carcelario el último tiempo ha tenido prioridad. Pero el sentido de urgencia indica que tenemos que tener una discusión a fondo.