Desde su arribo a Chile en marzo de 2020, el Covid-19 alteró profundamente la programación académica: las clases se suspendieron y las aulas se trasladaron a los computadores, obligando a readecuar los planes y programas de colegios y casas de estudio.

En las universidades, centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP), los retrasos en titulaciones, prácticas o laboratorios comenzaron a hacerse habituales, lo que llevó a la Superintendencia de Educación Superior (SES) a endurecer las fiscalizaciones, con un seguimiento mensual a las actividades a contar de julio.

Y, en ese contexto, el último reporte -de noviembre pasado- muestra que, si bien persisten rezagos en asignaturas prácticas y procesos de titulación, los cursos y actividades académicas se han ido poniendo al día.

“Hemos podido comprobar que el sistema, en general, avanza gradualmente hacia una mayor normalización, promoviendo internamente las condiciones para que los estudiantes retornen a las clases presenciales y recuperando las actividades académicas del año 2020 y del primer semestre, que fueron suspendidas producto de la pandemia”, dice Jorge Avilés, superintendente de Educación Superior, quien agrega que por esta recuperación y el mayor control sobre la pandemia, “en 2022 la modalidad debe volver a ser presencial”.

Así, de las 130 instituciones que han reportado su situación mensual a la SES, 54 mostraban en noviembre un retraso en actividades correspondientes a 2020, es decir, el 41,5%. De esas 54 instituciones, 31 son universidades, 10 IP y 13 CFT.

¿Dónde están esos rezagos de dos años? Principalmente en los procesos de titulación, finalización de carreras u obtención de grado. Mientras, la cantidad de afectados en el sistema llega a 5.465 estudiantes, es decir, solo el 0,45% de los 1.204.414 matriculados en educación superior. En ese sentido, el balance muestra una recuperación en relación a septiembre, cuando 15.948 alumnos estaban atrasados en sus titulaciones.

Por grupos, las universidades son las que tienen el mayor número de rezagados, con 3.335 personas, seguidas por los CFT (1.083) y los IP (1.047).

“Nuestra universidad tiene retrasos que son parte de situaciones académicas esperables”, señala Paola Quintanilla, vicerrectora académica de la Umce, donde debieron modificar el calendario académico para cerrar el semestre este 7 de enero. “Hemos podido responder a los procesos de titulación y de obtención de grados, principalmente porque nos adecuamos rápidamente a los formatos en línea”, agrega la autoridad.

Señala, además, que este proceso y ajuste curricular “efectivamente genera un desplazamiento de los calendarios y, lo más importante que aún no hemos podido evaluar, son los aprendizajes y competencias adquiridas dentro de los procesos formativos”. También detalla que “hay experiencias de práctica que no hemos desarrollado y, hasta que eso no ocurra, no podremos evaluar con certeza cómo nuestros/as estudiantes se han apropiado de las competencias necesarias para enfrentar el desempeño profesional”.

En la U. de Concepción también aportan su realidad: “Producto de la pandemia, los años 2020 y 2021 la UdeC tomó una serie de medidas para que la atención a nuestros estudiantes y el resguardo de la salud de la comunidad no se viera mayormente afectada”, dice Carolyn Fernández, directora de Docencia, quien añade que a raíz de lo anterior “se realizaron adecuaciones curriculares en toda la oferta de pregrado y se postergaron algunas actividades eminentemente prácticas durante 2020, lo que significó el retraso de algunas actividades de finalización”.

Eso sí, expone que durante 2021 se ha retomado “casi la totalidad de las actividades prácticas postergadas y se ha promovido el retorno progresivo de la comunidad universitaria”. Con eso, cierra, estiman que el número de titulados de este año alcanzará aproximadamente a los 3.200, “lo que sería una cifra máxima del último lustro y permitiría retomar el comportamiento de titulados previo a la pandemia”.

Las instituciones también reportaron retrasos en programas del primer semestre de 2021. Y si bien disminuye el número de instituciones que se ven afectadas por esa situación respecto de 2020 (de 54 baja a 50), el número total de alumnos retrasados sube a más del doble y llega a 11.170, lo que implica un 0,93% de la matrícula total.

En este último período las universidades son nuevamente las entidades con más alumnos retrasados, con 5.527, versus los 3.366 de los CFT y los 2.277 de los IP.

En este contexto, desde la SES destacan que la situación ha ido subsanándose, pues al comienzo del semestre eran 16.299 los alumnos atrasados. Y así también lo reflejan algunas instituciones: “Logramos hacer todas las actividades prácticas definidas por la institución”, explica Rodrigo Jarufe, rector del CFT de Valparaíso, quien añade que “lo que estaba un poco complicado eran los campos clínicos, dado que las instituciones no estaban recibiendo a estudiantes para prácticas, pero se abrieron y pudieron realizarlas”.

Asimismo, Sergio Morales, rector del CFT San Agustín de Talca, asevera que no tienen actividades rezagadas ni de 2020 ni de 2021. “Se terminó en diciembre todo lo programando y definido por los programas de estudio, no quedando acciones formativas pendientes”, dice.

En materia de presencialidad, cuando la SES comenzó a medir el retorno de los estudiantes a las aulas, se encontraron con que apenas un 26,8% de los alumnos había asistido a sus instituciones al menos una vez a la semana durante agosto. Y en la última medición la cifra llegó a un 47% de la matrícula del sistema. “Entendemos que la incertidumbre que marcó la planificación académica y la situación particular de muchos estudiantes ha hecho complejo avanzar a mayores porcentajes en esta materia, sin embargo, confiamos que en 2022 se darán las condiciones para que las casas de estudios retomen las modalidades de enseñanzas convenidas originalmente con sus estudiantes”.

En efecto, hay instituciones que ya avanzan en ese sentido con miras a este año, como la U. Católica, que ya lo comunicó hace algunas semanas, o la U. Central, que lo hizo este jueves: “Para el inicio del año académico 2022, la universidad informó que sus actividades académicas y administrativas se realizarán en formato 100% presencial, atendiendo las condiciones sanitarias en el país”, dice un comunicado interno.

“Tenemos la profunda convicción de que el retorno a la presencialidad representará una oportunidad para poder encontrarnos y retomar la necesaria vida universitaria en el amplio sentido que trae consigo este concepto”, dice el rector Santiago González.

Desde la Universidad de Playa Ancha, en tanto, no son tan explícitos y exponen que “el interés es que en 2022 aumenten progresivamente las clases que se realizan presencialmente en los campus de Valparaíso y San Felipe, siempre resguardando la salud de sus integrantes y respetando las indicaciones del Minsal”.

En vistas de algunas demoras en resolver la presencialidad y los retrasos en distintas actividades, la superintendencia tomó acciones. A fines de octubre, el ente inició fiscalizaciones a 71 instituciones por presentar retrasos en distintos ámbitos. En ese sentido, se ha oficiado a 22 planteles por actividades académicas rezagadas desde 2020 y a 49 por razones de baja presencialidad.

Las instituciones tenían un tiempo para entregar sus descargos y una vez verificadas esas razones, la SES mantuvo una acción de fiscalización en 25 de esas casas de estudios: 15 por rezagos de actividades (tres CFT, dos IP y 10 universidades) y 10 por baja presencialidad (cuatro CFT, dos IP y cuatro universidades), lo que, según explican desde la propia entidad, ha incluido visitas de fiscalización en terreno. Los nombres de las entidades por ahora son reservados, a raíz del proceso en curso.

“Dichos procesos están en curso, pero si en ellos se determina que hay instituciones que no han contado con una planificación adecuada o no han ejecutado las medidas necesarias para ir reanudando progresivamente las actividades presenciales, esta superintendencia podrá instruir los procedimientos administrativos sancionatorios que correspondan, y en caso de verificarse infracciones a la norma, aplicarse las sanciones que la ley establece”, asegura el superintendente Avilés. Esas multas llegan a las 1.000 UTM, es decir, poco más de 54 millones de pesos.

La autoridad señala que, debido a la heterogeneidad del sistema y cómo la pandemia ha golpeado a los planteles, “es complejo establecer patrones y plazos comunes” para que las casas de estudio se pongan completamente al día. “Esta Ssuperintendencia velará porque las universidades, los IP y los CFT realicen todos los esfuerzos necesarios para cumplir con los compromisos académicos pendientes, en los plazos más rápidos posibles”, cierra Avilés.