El último catastro de infraestructura escolar chilena se hizo entre 2012 y 2013 y cubrió el 90% de los 5.530 establecimientos educacionales de dependencia municipal de entonces. Esa vez el levantamiento fue empujado por el terremoto de 2010 y de ahí en más nada se hizo. Hasta ahora.

Otra vez por una incitación externa -la pandemia- el gobierno de turno, el de Sebastián Piñera y su ministro de Educación, Raúl Figueroa, decidieron realizar un nuevo catastro, luego de que entre 2020 y 2021 diversos sostenedores educacionales, sobre todo públicos, advirtieran que la vuelta a la presencialidad tras meses de encierro no era posible por el estado de sus recintos.

Así, en 2020 comenzó el diseño de un nuevo catastro a nivel país y a mediados de julio del año pasado el Mineduc de Figueroa, a través de la Dirección de Educación Pública, inició un proceso de licitación para llevarlo a cabo. La idea, esta vez, era hacerlo con herramientas digitales, toda vez que el anterior se realizó con formularios impresos.

Sin embargo, el nuevo catastro no se llegó a concretar bajo la administración anterior. En la actualidad, en los pasillos del ministerio se comenta que sus antecesores no lo hicieron por problemas relacionados con la pandemia, pero también por lo que ellos consideran cierta “falta de voluntad”. La burocracia, afirman algunos excolaboradores del Mineduc del gobierno pasado, hizo lo suyo.

“Hacer el catastro es un trabajo largo y complejo y lo que ocurrió fue que para poder avanzar e identificar y mejorar la metodología, se optó por hacerlo a través de un piloto en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), donde había una necesidad y urgencia de hacerse cargo, justamente, de la educación pública”, dice al respecto el propio Raúl Figueroa. Añade que “se trabajó en las bases de la licitación para un proyecto de mayor alcance, quedando incluso la plata disponible, pero nos pareció que faltando poco para la llegada del nuevo gobierno, ellos debían involucrarse en el proceso”.

Así las cosas, en la administración pasada solo se alcanzó a iniciar un trabajo piloto preliminar y los resultados de ese proyecto preparatorio, a los que tuvo acceso La Tercera, ya están en manos del actual Mineduc. Los mismos permitieron probar la metodología, además de recoger información sobre materialidad, superficies, servicios básicos y características generales de la infraestructura de algunos establecimientos educacionales.

¿Cuáles establecimientos fueron considerados? Los ubicados en los territorios que abarcan los SLEP, es decir, ya desmunicipalizados, de Valparaíso (66 locales catastrados en esa comuna), Atacama (80 locales de Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, Chañaral y Diego de Almagro), Colchagua (74 locales de San Fernando, Chimbarongo, Nancagua y Placilla) y Llanquihue (91 locales de Fresia, Frutillar, Los Muermos, Llanquihue y Puerto Varas).

En estas unidades fueron analizados 302 establecimientos educacionales, que contenían 311 locales (hay establecimientos con más de un local, como por ejemplo un internado), los que equivalen al 4,4% de los locales escolares que se deben catastrar en todo el país.

Así, los resultados del piloto arrojaron un deterioro promedio del 14,4% en la infraestructura de ellos, lo que, según el Mineduc, es bajo o leve. En ese sentido, al agrupar a los locales por rango de deterioro, se observa que en la gran mayoría -230- los daños son bajos, lo que a ojos de las autoridades quiere decir que la unidad está en funcionamiento, que es reparable y que no está en riesgo la continuidad del servicio. Esto demuestra, por ejemplo, que existen griferías con filtraciones o artefactos con problemas.

En ese sentido, de los 311 locales, 230 presentaron un rango de deterioro hasta el 25% de su infraestructura, 80 arrojaron daños entre 26 y 50% de sus dependencias, solo uno está dañado entre 51 y 75%, mientras que ninguno tiene más de 76% de desperfecto.

Con la información de este piloto y según cuentan conocedores del proceso, el Departamento de Infraestructura y Equipamiento Educacional de la Dirección de Educación Pública está preparando las bases de una nueva licitación para el levantamiento de información a nivel nacional, introduciendo ajustes a las herramientas informáticas desarrolladas, de manera de gestionar adecuadamente los dispositivos -tablets- que se utilizarán en el levantamiento.

“Tenemos una deuda importante en infraestructura, que podríamos estimar que es una deuda de años, pero necesitamos un diagnóstico actualizado a nivel país, pues el último censo de infraestructura es del año 2012″, dice al respecto el actual ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien agrega que los resultados del catastro venidero servirán “para conocer el estado de la infraestructura a nivel nacional, identificar los principales déficits, dimensionar los problemas existentes y diseñar un plan de acción focalizado en aquellos establecimientos con mayor grado de deterioro”.

Este catastro, aseguran desde la cartera educativa, será el más amplio realizado hasta la fecha, pues se incluirán 1.500 locales pertenecientes a jardines infantiles, lo que no se hizo en 2012, cuando solo se abarcó poco más de 5.500 locales escolares. De esta manera, ahora serán casi siete mil locales los que, acorde al cronograma propuesto, comenzarán a ser visitados en el segundo semestre de este año y el levantamiento de información durará de 13 a 15 meses. Otra diferencia respecto de 2012 es que esta vez se incluirá, además, la recopilación y registro digital de los expedientes municipales que posea cada establecimiento, de manera de contar con un repositorio con los planos, permisos de edificación y certificados emitidos por la respectiva Dirección de Obras.

“El objetivo es poder distribuir bien los recursos para las obras de mantenimiento, pero también apoyar la tarea de traspaso de establecimientos educacionales a los SLEP y así reforzar el Sistema de Educación Pública”, agrega el ministro Ávila.

¿El costo del catastro? El presupuesto para este año contempla $2.882 millones, con los que se espera costear la provisión de los dispositivos, parte del servicio de levantamiento en terreno y la recopilación de los expedientes municipales, mientras que Educación calcula que el costo total estimado es de $3.400 millones, cifra que se espera financiar entre 2022 y 2023.

“La actualización del catastro de infraestructura es muy importante, es fundamental que se actualice lo antes posible”, dice Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020, quien justifica que esto debe ser así “de modo de poder identificar claramente dónde hay mayor necesidad, para que el Estado pueda tener un rol más garante y poder avanzar en preservar las condiciones en esos espacios”.

El titular de Educación, en tanto, señala que el levantamiento le permitirá a la cartera “diseñar un plan estratégico que permita resolver las deficiencias que presentan nuestros jardines, escuelas y liceos, proyectando los recursos que sean necesarios para abordar esta tarea y generar los dispositivos para que las obras se ejecuten dentro de plazos lo más acotados posibles”.

Hasta no tener esos resultados y con ello un panorama acabado, los establecimientos deberán seguir usando los recursos acotados que actualmente entrega el Mineduc a través del Programa de Fortalecimiento de la Educación Pública, que seleccionó a 76 establecimientos para ser mejorados, o el fondo para la reparación de la infraestructura escolar pública, que dispone de $10.000 millones adicionales para reparar establecimientos municipales que presenten riesgo de suspensión parcial o total de su servicio.

“El estado de la infraestructura es uno de los grandes problemas, sino el más grande que tenemos en el sistema escolar chileno. Necesitamos reinvertir recursos en crear una infraestructura amigable que permita habitar la experiencia y el espacio escolar de manera mucho más cercana a aprendizajes sobre cómo somos capaces de construir la ciudadanía, lo público y lo común”, dice al respecto Jaime Retamal, académico Usach y uno de los colaboradores del programa de educación de la excandidata Yasna Provoste.