En el gobierno aún no saben si la suspensión de clases en 10 colegios y dos universidades de Valparaíso a causa del narco funeral de El Ñaju llegó en un buen o un mal momento para lanzar las ‘Orientaciones para la prevención y el manejo de emergencias ante situaciones críticas, constitutivas de delito, que impactan gravemente el bienestar de las comunidades educativas’.

Y es que, por una parte, para algunos personeros del Ejecutivo lo acaecido la jornada del martes en Valparaíso era una prueba irrefutable de que se debían concretar acciones. Pero, para otros, el timing no era el mejor, menos después del cruce de declaraciones entre las propias autoridades de gobierno y miembros de la comunidad aledaña al Cerro Playa Ancha.

Para ayer, de hecho, estaba programada una pauta encabezada por el Mineduc en la que dichas orientaciones serían presentadas. Según se leía en la convocatoria que había llegado el martes antes de desatada la polémica por la suspensión de clases, participarían la Ministra (s) de Educación, Alejandra Arratia, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, la Seremi de Educación RM, Flavia Fiabane, y el director de Educación Pública, Jaime Veas.

Eso sí, a las 21:30 del mismo martes la actividad fue suspendida. “Hubo problemas de agenda”, es la explicación que se repitió como un mantra, dentro de otras que señalaban que la convocatoria tenía errores en sus participantes y otras a que fue una descoordinación entre las subsecretarías participantes. Otros, claro, dicen que adentrarse en esto públicamente después de la polémica era un riesgo, sobre todo considerando que el ministro Marco Antonio Ávila, quien tuvo que precisar sus dichos sobre la “buena decisión” que había sido la suspensión de clases, no se encuentra en Chile por un viaje a Bogotá por un congreso de reactivación educativa.

Lo cierto es que las orientaciones igualmente ya comenzaron a ser difundidas desde este miércoles y en ellas se detalla cómo hacerles frente a situaciones delictivas. El gobierno, derechamente, asume que en los entornos escolares la delincuencia ganó terreno, según comentan en el Ejecutivo, y que hoy más vale estar preparados, tal como se ensayan posibles emergencias con la Operación Deyse.

Un total de 34 páginas tienen las orientaciones que, en el contexto de uno de los pilares -salud mental y convivencia- del Plan de Reactivación Educativa, fue trabajado hace algunas semanas por el Mineduc a través de sus subsecretarías de Educación y Educación Parvularia; el Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito; la Superintendencia de Educación; y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia desde la Subsecretaría de la Niñez y desde el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

“Este documento es una guía de orientaciones que invita a las comunidades educativas a generar procesos de planificación y ejecución de acciones básicas de prevención, manejo, asistencia y apoyo ante eventos críticos de delincuencia grave al interior y exterior de los establecimientos educacionales”, dice el texto en su introducción, que recalca que se espera que las comunidades educativas puedan “actuar planificadamente frente a emergencias desencadenadas por situaciones que afectan seriamente el funcionamiento de los espacios educativos”.

En concreto, agrega, “las orientaciones dispuestas refieren a la comisión o tentativa de hechos delictivos como homicidios, riñas o enfrentamientos entre grandes grupos de individuos, y agresiones armadas (o de otro tipo), amenazas de muerte o a la integridad física que pongan en riesgo a la comunidad educativa”.

Esto, según se detalla a continuación, implica situaciones que cumplan requisitos como que son detectadas en el momento en que están ocurriendo, que constituyen hechos penados por la ley o que causen o tengan muchas probabilidades de causar la muerte, lesiones físicas graves o bien, una reacción colectiva de temor entre la comunidad, entre otras.

Se especifica, además, que el documento refiere a eventos que pueden generar emergencias al interior de los establecimientos o en el entorno inmediato de estos. “En aquellos casos donde los establecimientos educacionales colinden con espacios abiertos, de grandes dimensiones, se recomienda establecer una zona de influencia que no sea superior a los 250 metros desde los límites del establecimiento”, se lee.

En detalle, señala el texto, “responder y manejar oportunamente situaciones críticas asociadas a delincuencia grave en los establecimientos educacionales y sus entornos inmediatos requiere, ante todo, protocolos y mecanismos efectivos para proteger la integridad física de toda la comunidad educativa, especialmente de niños, niñas y adolescentes”.

Para eso se presentan distintas etapas ante una situación crítica: prevención y preparación para la respuesta; manejo inmediato; y asistencia y apoyo posterior.

La primera etapa está orientada a “identificar y reducir los riesgos presentes en el entorno, aumentando la probabilidad de anticipar estas situaciones a través del diseño, coordinación y socialización de estrategias de prevención y respuesta acordes a las características de cada establecimiento educacional”. La idea es que toda acción debe asumir un enfoque formativo.

Así se dan lineamientos para enseñar a resolver conflictos en las comunidades, así como que se pide realizar un diagnóstico participativo sobre los riesgos que afectan al establecimiento y a la comunidad, donde se ejemplifica con que acá se debe intentar identificar la presencia de pandillas, si existen puntos de venta de drogas en las cercanías o si en el barrio ha habido balaceras.

Pero, además, se pide, entre otras cosas, establecer un listado de situaciones de emergencia detonadas por comportamientos violentos que podrían ocurrir en el establecimiento o en su entorno inmediato; delimitar claramente qué eventos críticos pueden generar una situación de emergencia; establecer relaciones con los actores identificados como referentes que se encuentren en el entorno inmediato, como vecinos o locatarios; o definir dispositivos de alarma que alerten la ocurrencia de eventos críticos, así como “áreas de seguridad”.

La estrategia de prevención y respuesta luego debe ser difundida en la comunidad, pero también se deben “desarrollar acciones de formación, entrenamiento y preparación”, con ejercicios de simulación con la comunidad y otras entidades.

La segunda etapa -manejo inmediato- se orienta a detectar incidentes críticos y poner en ejecución las estrategias de respuesta, buscando proteger la vida y la integridad física de cada uno de los miembros de la comunidad, “además de limitar las consecuencias perjudiciales derivadas de eventos críticos que pueden generar situaciones de emergencia en los establecimientos”.

Este paso se activa cuando las personas encargadas detectan la ocurrencia de un hecho grave que pueda constituir delito y hace indispensable generar una alerta, dando curso a la señal de alarma, la cual debe ser conocida previamente por toda la comunidad, quienes dejarán de realizar sus tareas cotidianas y se prepararán para actuar según lo planificado.

En ese sentido, en estas situaciones se recomiendan tres medidas: evacuación, la que se recomienda cuando existe una ruta de escape accesible y a una distancia prudente, siendo la medida más segura a ejecutar; esconderse, destinada a buscar refugio y protección en los casos en que no es posible evacuar y donde se recomienda escoger un lugar que brinden protección o escondite ante la amenaza; y finalmente defenderse, la que se especifica “solo puede ser realizada por adultos y constituye una medida de último recurso”.

Su objetivo, dice textualmente el documento, “es interferir e incapacitar a la persona armada”. En dichos casos, se agrega, la mejor estrategia es una acción grupal ejecutada por personas adultas, los esfuerzos deben ser focalizados en neutralizar y tomar control del arma, como intentar tomarla y llevarla hacia una pared, que la neutralización del atacante es más probable cuando más de una persona se abalanzan para lograrlo y “actuar de manera tan decidida como sea posible”.

Luego, se insiste en las principales recomendaciones, como que si se está reaccionando “ante la presencia de personas armadas o una balacera, buscar protección detrás de muros de concreto, pilares estructurales, jardineras o árboles; desplazarse arrastrándose o gateando; evitar contacto con agresores y no tomar fotografías o filmar videos y una vez resguardado, permanecer en silencio y eliminar toda fuente de ruido”. En el caso de las salas de clase, añade, “puede resultar útil ubicar estantes en la misma pared en que se encuentra la puerta, de manera que, frente a un evento crítico al interior del establecimiento, puedan ser arrastrados para bloquear la puerta”. Asimismo, si el evento crítico es en el entorno inmediato del establecimiento, se orienta a cerrar todos los ingresos al establecimiento y asimismo agrega que puede ser útil desarrollar alguna dinámica simple y pertinente que ayude a bajar los niveles de tensión de los niños, como, por ejemplo, cantar.

Finalmente, la tercera etapa es aquella que se da luego de superado un evento crítico. Ahí, las orientaciones apuntan a reducir el impacto negativo en la comunidad. Para esto se sugieren una serie de actividades, cada una distinta dependiendo del nivel de los estudiantes, así como fijar plazos de seguimiento.