Ministerio Público registra 75 sumarios contra fiscales desde 2017 a la fecha

La denuncia por presuntas irregularidades que el fiscal Sergio Moya presentó en contra de su superior, el jefe regional de O'Higgins, Emiliano Arias, provocó una tal crisis en el Ministerio Público que el martes, en el consejo extraordinario de la institución, la situación se calificó de "vergonzosa".

Moya apuntó, entre otras actuaciones, a que Arias habría favorecido con un procedimiento abreviado al exsíndico Herman Chadwick en el caso Caval y que habría obstruido la investigación contra los jueces de Rancagua, previo a la solicitud de formalización del magistrado Emilio Elgueta. Por esto, el fiscal nacional, Jorge Abbott, abrió de una investigación penal y otra administrativa en contra de Arias.

Con menos impacto, pese a la gravedad de la conducta de la que se le acusa, el 7 de marzo la exfiscal de San Fernando Teresa Gaete fue formalizada y quedó en prisión preventiva. Ella, supuestamente, habría inventado en 2017 tres declaraciones judiciales en una causa de abuso sexual. También se le abrió un sumario administrativo, en que se resolvió su remoción.

El volumen de estas situaciones se encuentran en un documento de la Fiscalía Nacional, al que accedió La Tercera a través de la Ley de Transparencia. El escrito arroja que entre 2017 y el 8 de abril de 2019 se abrieron 75 investigaciones sumarios contra persecutores a nivel nacional. De esos casos, 66 fueron resueltos: 24 con sanciones (36%) y 42 fueron absueltos o sobreseídos (64%). Otros nueve siguen en curso (ver tabla). En total, en Chile hay 666 fiscales.

Las situaciones investigadas administrativamente son variadas. En 2017, por ejemplo, hubo cuatro casos en que se sancionó a un fiscal por "incumplir reiteradamente instrucciones". Por estas conductas, en tres situaciones se les amonestó y en una se impartió una multa del 5% del sueldo.

Esta última sanción fue dictada por Abbott contra Arias y tuvo su origen en las declaraciones que el fiscal de O'Higgins realizó en el marco de la investigación por los incendios forestales. El jefe del Ministerio Público lo reprochó por no guardar el secreto de información y dar entrevistas a medios de comunicación sobre el rol de las empresas eléctricas en esa emergencia.

También, en tres casos se sancionó con una amonestación a persecutores que presentaron acusaciones fuera de plazo y en dos (fiscales de Los Lagos y el Biobío) por la "sustracción" y "robo de carpetas" investigativas, es decir, los expedientes con los antecedentes de los casos.

Un fiscal de la Zona Metropolitana Occidente obtuvo una censura por escrito, por "causar lesiones leves en un accidente de tránsito y usar su cargo". La misma medida disciplinaria se aplicó para dos persecutores de la Zona Metropolitana Oriente, por "aplicar un acuerdo reparatorio en una causa por violencia intrafamiliar" y "no comparecer a un control de detención".

Un fiscal de Atacama fue removido por "incorporar peritaje a juicio con fecha no ajustada a la realidad" y el otro caso de remoción fue el de Teresa Gaete.

En 2018, se amonestó a un fiscal de Valparaíso por "irregularidades en la tramitación de una causa", a uno del Biobío "por la agresión verbal a una funcionaria" y a otro de la Fiscalía Centro Norte, por "el atraso en la tramitación de una causa seguida por un delito de incendio con resultado de muerte y lesiones". Además, existen investigaciones en curso. Entre ellas, por "retardo en la tramitación e incumplimientos de instrucciones y criterios de actuación en causas por delitos sexuales" y "comunicación con una víctima en términos inadecuados".

En tanto, en 2019 hay tres investigaciones en trámite: contra un fiscal de La Araucanía, por "no señalar la pena al momento de deducir un requerimiento de procedimiento simplificado"; una denuncia de acoso sexual en contra un fiscal de Ñuble; y otra de acoso laboral en contra un abogado de Atacama.

"Los fiscales, por ley, tienen derecho a que por investigaciones en su contra, por actos que tengan que ver con el cargo, puedan ser defendidos", explicó el abogado Ángel Valencia, quien defiende desde 2017 a los persecutores que son parte de la Asociación de Fiscales. Señaló que es el gremio el que solventa los gastos de la defensa y que antes de él, quien ejercía esta labor era el consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Daniel Martorell.

"Para mí es un honor y un privilegio que mis propios compañeros de profesión me pidan asumir sus defensas", dijo. Además, explicó, que fiscales pueden elegir a un abogado de su confianza. Sobre el proceso, señaló que los persecutores deben ser investigados por fiscales que tengan su mismo rango.

Hoy, de hecho, Valencia defiende al fiscal Moya en un sumario por el caso Huracán y también al mismo Moya, junto a Arias, en la investigación penal en su contra por las querellas presentadas por Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon.