A primera hora del jueves 10 de febrero la ministra Romy Rutherford, quien está a cargo de la investigación por el fraude en el Ejército, citó a declarar como inculpado hasta su oficina al excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta. Ese mismo día, luego de un intenso interrogatorio, la jueza lo dejó en calidad de detenido y ordenó que ingresara al Batallón de Policía Militar de Peñalolén.
Pasado el plazo de cinco días, Rutherford tomó hoy la decisión de procesarlo por el presunto delito de malversación de caudales públicos y también por el eventual ilícito de falsedad de documento militar. Todo en el marco de la arista que indaga el uso irregular de los gastos reservados de esta rama castrense.
En el expediente que tramita la jueza hay varios indicios de un presunto mal uso de gastos reservados por parte de Izurieta y que la ministra en visita descubrió mientras indagaba a otros exgenerales. Las sospechas que hay en torno al rol del retirado militar se sustentan en las declaraciones de dos testigos clave que manejaban las remesas de gastos reservados de la Comandancia en Jefe, que lideró Izurieta entre los años 2006 y 2010. Se trata del coronel Sergio Vásquez y quien lo antecedió en finanzas, Jorge Cortés. Ambos en sus interrogatorios aluden al periodo de Izurieta.
En su procesamiento, Rutherford responsabilizó al exuniformado por el mal uso de fondos asignados a la institución “por un monto total $ 6.374.996.162 actualizados a la fecha y que corresponden al periodo entre marzo de 2006 y marzo de 2010″. La magistrada ordenó el embargo de bienes “por un monto total de $ 6.500.000.000.
Izurieta se suma a los otros excomandantes en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, quienes también han sido procesados por este mismo delito, en esta misma arista de la gran investigación que lleva adelante la ministra Rutherford. El primero fue sometido a proceso por un monto de más de $ 3.500 millones y el segundo por una suma superior a los $ 4.500 millones. Con esto, los últimos tres máximos líderes del Ejército están en calidad de procesados y por el mismo mecanismo.
Izurieta está siendo defendido por el abogado Alejandro Godoy. Pese a que el general (R) seguirá preso, su defensa solicitaría este martes la libertad bajo fianza. “Vamos a estudiar el auto de procesamiento para luego seguir los pasos necesarios para demostrar la inocencia del señor Izurieta. Tenemos la clara convicción que obró siempre de buena fe, que nunca se apropió de dineros y que actuó en el marco de sus funciones”, sostuvo el defensor.