Este viernes, la ministra del Interior, Caroliná Tohá, llegó hasta la comuna de Quilpué -en la Región de Valparaíso- para reunirse con personas damnificadas por los incendios.
En la instancia, durante un punto de prensa, la secretaria de Estado fue consultada por las pensiones de gracia otorgadas a personas afectadas bajo el contexto del estallido social y que además cuentan con antecedentes penales. En ese marco, sostuvo que serán 27 los casos en que el beneficio será finalmente revocado hoy.
En la semana, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, había asegurado que serían 25 las pensiones revocadas, y que a esos decretos no se sumarían nuevos. Esto, en una versión distinta a la que había planteado Tohá a inicios de febrero, cuando la jefa de gabinete habló de veintisiete beneficios a retrotraer.
“El Presidente nunca ha hablado de 27. La prensa ha hablado de 27 o se ha contado una determinada cantidad. La información que yo dispongo, es que el Presidente ha revocado 25 pensiones de gracia (...) Yo he leído el número de 27, la información que yo dispongo es que el Presidente ha decidido revocar 25 pensiones de gracia y que los 25 decretos se han ingresado a la toma de razón de la Contraloría”, dijo Monsalve el martes.
Tohá reafirmó este viernes que serán 27.
“Con las evaluaciones que se hicieron con las comisiones técnicas, se decidió que en 27 casos se iba a dejar sin efecto la pensión, porque son casos en que hay antecedentes penales serios y no está en la carpeta acreditado un daño que sea grave y permanente”, dijo. Luego informó que “la Contraloría ya tomó razón de los 27 casos y hoy día a la tarde ya van a estar completamente tramitados”.
Tohá además agregó que “en los próximos días, por lo tanto, debiera avisársele a esas personas esta condición de que en su caso la pensión de gracia queda sin efecto, o se hace una notificación personal para eso”.
Fue el pasado 28 de enero que la ministra del Interior anunció la decisión del gobierno de revocar la entrega de pensiones de gracia a víctimas de lesiones durante el estallido social que registraban condenadas por delitos graves o la entrega irregular del beneficio.
Semanas después, específicamente la noche del 19 de febrero, la División Jurídica de la cartera concretó el ingreso de 24 decretos para revocar estos beneficios, sumándose así a otro caso que ya había sido entregado a Contraloría.
