El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, defendió este jueves el trabajo realizado por el Ministerio Público en la investigación por el secuestro y homicidio del teniente (r) venezolano Ronald Ojeda en medio de los cuestionamientos realizado por el fiscal general de Venezuela, Tarek Williaam Saab.
Cabe recordar que Saab cuestionó el sistema judicial nacional en medio de los antecedentes que dan cuenta de la supuesta participación del “número dos” y ministro del Interior y Justicia del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, a quien se vincula con un pago al grupo que cometió el crimen. Ante esto la autoridad venezolana calificó la muerte de Ojeda de “una operación de falsa bandera” y que fue encubierto por el Estado chileno.
“Nosotros enviamos dos directores nuestros en base coordinación con la Fiscalía Nacional chilena. Yo me comuniqué con el fiscal general y ¿sabe qué ocurrió? No lo recibieron. ¿Por qué no nos permitieron revisar las pruebas de los expedientes? ¿Por qué? Porque no hay Fiscalía más pirata en el mundo que la chilena”, sostuvo en entrevista con BBC Mundo.
Ante esto, el ministro Gajardo resaltó y defendió el rol del Ministerio Público en torno a la investigación y aseguró que “los exabruptos o declaraciones altisonantes no afectan el trabajo que realiza nuestro Ministerio Público, que es un organismo autónomo, profesional y dedicado a una investigación seria; ni la decisión de los tribunales, que también es autónoma”.
Respecto al crimen de Ojeda, Gajardo sostuvo que es preocupación del gobierno que el caso “se aclare en toda su extensión. tanto respecto de los autores materiales del crimen como de quienes podrían estar tras este hecho”.
Ante una eventual solicitud de extradición cursada contra Diosdado Cabello, el titular de Justicia señaló que “si la justicia determina que se requiere solicitar la extradición de una persona, cualquiera sea el papel que desempeñe en el exterior, se debe cumplir la tramitación como las normas establecen”.
Asimismo, la autoridad nacional lamentó el cierre de los consulados en Caracas y Puerto Ordaz, decretada por el régimen el pasado 31 enero. “Nos parece lamentable, porque afecta a connacionales e incluso venezolanos que requieren atención”, afirmó Gajardo.
“Respecto a las medidas a adoptar por Chile ante aquella decisión, corresponde a un pronunciamiento de la Cancillería. El Ministro Van Klaveren señaló que está evaluando con el Presidente los pasos a seguir”, agregó al respecto.
