Luego que el Senado ratificara la restricción que presentaron diputados de Renovación Nacional y que impide usar el Presupuesto 2024 del Servicio Nacional de Migraciones para poner en regla la situación de extranjeros que ingresaron al país por pasos no habilitados, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que solicitará un informe jurídico al respecto.
La indicación que fija la restricción fue aprobada primero en la Cámara de Diputados y el Ejecutivo ingresó una propuesta para eliminarla. Esa propuesta del gobierno no prosperó y fue rechazada por los senadores este miércoles con 21 votos en contra y 18 a favor.
“Los gobiernos necesitan tener herramientas para una política nacional de migración”, planteó Monsalve en un punto de prensa en La Moneda, tras reunión del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado.
La autoridad puso como ejemplo hipotético a menores de edad de origen extranjero, víctimas de redes de trata de personas, liberadas por las policías, explotadas sexualmente tras ser ingresadas a la fuerza y que permanecerían en una situación irregular.
“¿El gobierno tiene que tener una herramienta o no para eventualmente protegerlas y mantenerlas en el país? A mí me parece que sí. Desde esa perspectiva, los gobiernos tienen que tener herramientas para enfrentar situaciones de esa naturaleza”, planteó.
El subsecretario precisó que hizo la solicitud de un análisis jurídico del tema porque “la facultad de regularización no radica en el director del Servicio Nacional de Migraciones ni en el Servicio Nacional de Migraciones, la facultad eventual de regularización radica en el subsecretario del Interior”.
“Hay que hacer un análisis jurídico si es que esa indicación que propusieron y aprobaron estaba en el lugar adecuado”, expuso.
Ante consultas por acciones en el Tribunal Constitucional, Monsalve indicó que la tramitación del proyecto de ley de Presupuesto 2024 no ha culminado y que esperará que ese proceso cierre para hacer conclusiones sobre el tema.
“Un punto político”
En entrevista con Radio Universo, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, abordó también el tema.
“En uno de los ítems del presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones, que es el ítem de un programa que está destinado a resolver las solicitudes de residencia, una persona cuando presenta sus papeles de antecedentes, contrato de trabajo, pasaporte, identidad, etc; es analizada en el servicio. Ahí nosotros tenemos un programa, que son analistas, quienes resuelven estas solicitudes. La indicación establece que esa glosa no se puede utilizar para regularizar personas que hayan ingresado irregularmente al país”, detalló.
“Desde nuestro punto de vista, es que la indicación tiene un efecto práctico poco relevante para efectos de la facultad que tiene el subsecretario, para crear un mecanismo de regularización -eso está en la Ley de Migración- y para que el servicio pueda implementarlo. La Ley de Extranjería y Migración establece esa facultad del subsecretario para declarar un mecanismo y del servicio para implementarlo. Eso está en la Ley de Migración, y esa facultad se mantiene independiente de que en el Congreso se haya aprobado que en el presupuesto vigente del servicio, en esta glosa específica, no se puedan utilizar recursos para mecanismos de regularización. Aquí hay más un punto político, que una eficacia de la facultades que tiene la Subsecretaría del Interior y del mandato legal que tiene el servicio”, afirmó Thayer.
El director sostuvo que “si es que se tomara la decisión de implementar un mecanismo de regularización a personas que ingresaron de forma irregular, esta indicación no afecta ni esa facultad, ni afecta la posibilidad de destinar recursos de otras partidas para implementarlas”.
“No se ha regularizado a personas que han ingresado de forma irregular al país, no se ha tomado esa definición, no se ha hecho hasta ahora, es una definición política que se tomará en su momento evaluando los criterios que están definidos en la política”, dijo.
