El ministro subrogante del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve, se refirió a la formalización de 11 sujetos vinculados al grupo denominado Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), que fueron detenidos durante la madrugada de este jueves mediante un megaoperativo que realizó la PDI en conjunto con la Armada.
El Juzgado de Garantía de Curanilahue estableció la medida cautelar de prisión preventiva para seis de ellos y el arresto domiciliario para los otros cinco, decisión que motivó la apelación de los querellantes, que esperaban que todos quedaran privados de libertad.
“¿Qué justifica nuestra opinión que debería mantenerse la prisión preventiva para los 11? La gravedad de los delitos. Estamos hablando primero del delito de asociación ilícita, de acuerdo a la legislación anterior porque este es un delito que se viene investigando antes de la nueva ley. Eso significa que hay un grupo de personas que se concertaron para llevar adelante delitos que son muy graves, que tienen sanciones graves, como los ataques incendiarios, pero que además hacían uso de armas de fuego”, explicó Monsalve.
La magistrada Ana Elizabeth Pino Parra estableció la cautelar más gravosa para seis imputados por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y fijó en tres meses el plazo de investigación. Asimismo, tras rechazar la misma cautelar solicitada para los otros cinco, acogió las apelaciones verbales presentadas, por lo que los imputados quedaron detenidos en tránsito a la espera que los antecedentes sean conocidos por la Corte de Apelaciones de Concepción.
“Son delitos graves. Las personas que fueron detenidas tienen que quedar en prisión preventiva”, recalcó Monsalve.
La autoridad sostuvo que el “procedimiento que permitió la detención de 11 personas de la Resistencia de Mapuche Lavkenche es una primera evidencia muy tangible del esfuerzo que el Estado está haciendo, que el gobierno está haciendo. Aquí hay muchas reuniones de trabajo con la Policía de Investigaciones, hay muchas reuniones de trabajo con Carabineros de Chile, con las Fuerzas Armadas, con el Ministerio Público, para que uno de las estrategias esenciales para luchar contra este tipo de delitos, como los ataques incendiares que ocurrieron cerca de Toltén el día de ayer, tengan persecución penal efectiva”.
“Yo ayer di algunas cifras, las quiero reiterar: hay 325 personas condenadas por hechos de violencia rural entre el año 2022 y 2023. Revisen hacia atrás si en algún año o en algún periodo hubo una cantidad de condenados que se acerque a esta efectividad en materia de persecución penal. Hay 327 personas imputadas en materia de violencia rural, de las cuales 124 están en prisión preventiva. Eso es producto del trabajo de coordinación del Ministerio Público, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, la determinación del gobierno de fortalecer el trabajo que hacen nuestras instituciones. Vuelvo a pedir que se mire hacia atrás si es que hay un periodo en que se puede haber tenido resultados de esta naturaleza”, enfatizó.
Monsalve señaló que “la principal respuesta que el Estado puede dar, además de las medidas de control y de prevención que se hacen a través del Estado de excepción constitucional, la principal señal que el Estado puede hacer para las personas que viven en esa región es la determinación del Estado de que no haya impunidad. La determinación del Estado de desarticular las organizaciones criminales”.
“Eso es lo que se está haciendo y eso tiene un respaldo en los resultados y en los números”, dijo el ministro subrogante.
Según el Ministerio Público, desde principios de 2021, en Curanilahue, los once imputados y otras personas, bajo la fachada de la “Sociedad de transporte y arriendo de maquinarias Fonseca SPA” se dedicaron a cometer ilícitos como sustracción de madera a las empresas Arauco y Mininco en sectores de las comunas de Cañete, Arauco y Curanilahue. En esos mismos actos se realizaron otros delitos como robos con intimidación y/o violencia, ataques incendiarios o agresiones a personas, contando para ello, con la cobertura de dos funcionarios de Carabineros, uno activo y otro en retiro.
