Muertes por Covid: Ministerio Público pide información a la Subsecretaría de Prevención del Delito, Registro Civil y Minsal

Dos causas investiga la Fiscalía Centro Norte relacionadas a las muertes de coronavirus registradas en el país desde el inicio de la pandemia. A la fecha, se registran 11.702 fallecidos confirmados por Covid-19.

Primero, el Ministerio Público recibió una querella presentada el 19 de junio ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), en contra de el Presidente Sebastián Piñera; el exministro de Salud Jaime Mañalich; la subsecretaria de Salud, Paula Daza; y el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

Los ilícitos que les imputa el edil, de acuerdo al documento presentado por el abogado penalista Ramón Sepúlveda, son cuasidelito de homicidio y denegación de auxilio, por el fallecimiento de 62 personas por coronavirus en Recoleta.

En el marco de este caso, el fiscal de Alta Complejidad, Marcelo Carrasco, ha realizado una serie de requerimientos de información a reparticiones públicas, además de solicitar las fichas clínicas de los fallecidos.

El 2 de julio, le pidió al ministro de Salud, Enrique Paris, el listado de los fallecidos en Recoleta con Covid-19 o resultado pendiente de PCR; protocolos aplicados a estas personas; registro de seguimiento y el personal médico que intervino en el reporte inicial de cada caso; registro de pacientes con PCR positivo, registro de controles médicos a esos pacientes, número de vecinos de Recoleta que han sido asignados a residencias sanitarias y/o que han sido hospitalizados o conectados a ventilación mecánica; y el número de camas criticas ocupadas en los servicios públicos y privados en Recoleta.

El mismo día, Carrasco le pidió al director del Registro Civil, Jorge Álvarez, copia de todos los certificados de defunciones inscritas en Recoleta desde el 1 de marzo de 2020 hasta la fecha de recepción del oficio y copia de los informes de fallecidos que se hayan remitido al Minsal o al Ministerio de Ciencias durante el mismo período en relación con decesos atribuidos a Covid-19.

Asimismo, requirió a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, que entregara copia de todos los decretos y/o resoluciones en que se haya decidido el ingreso y salida de cuarentena de las distintas comunas de la Región Metropolitana en el contexto de la alerta sanitaria decretada en el país; el reporte de las fiscalizaciones de las cuarentenas en Recoleta, con expresa indicación del número de efectivos policiales y/o militares que hayan sido destinados a esta función cada día que ha durado esta medida en la comuna; y el registro de las multas cursadas por infracción a las cuarentenas en Recoleta en el contexto de sumarios administrativos.

Sobre este, Martorell respondió a Carrasco que “los aislamientos y cuarentenas se han dispuesto en distintas zonas (...), corresponden a medidas sanitarias y, por ende, no emanan de actos administrativos dictados por la Subsecretaría de Prevención del Delito o el Ministerio del Interior. En efecto, siendo la adopción de tales medidas de competencia de las autoridades sanitarias, ellas se han establecidos por medio de actos administrativos expedidos por el Ministerio de Salud”. Así, señaló que “el requerimiento de actos administrativos debe ser remitido a dicha cartera de Estado”.

Respecto al reporte de las fiscalizaciones, Martorell respondió que la subsecretaría solo cuenta con “información estadística y agregada a nivel nacional (...) no siendo posible, por tanto, atender lo requerido”. Sobre el número de efectivos policiales, dijo que esta información debe ser requerida al jefe de la Defensa Nacional. Y en relación a las multas, señaló que solo las tenías a nivel nacional.

El 3 de julio el senador Alejandro Navarro se querelló ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra Piñera, Mañalich y Zúñiga por los supuestos ilícitos de negativa o retardo de protección o servicio, denegación de servicio, homicidio omisivo y falsificación ideológica de instrumento público. En la presentación, Navarro acusó a las autoridades en relación a “la cuestionable elección de metodologías alternativas que subvaloró la cantidad de enfermos y fallecidos” y a “las medidas tomadas por el gobierno para combatir la pandemia” a nivel nacional.

Posteriormente, ingresó al mismo tribunal un tercer libelo presentado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en el que se querellaron en contra de Piñera, Mañalich, Zúñiga y Orlando Durán, exjefe de la División de Atención Primaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. La acción legal imputa los delitos de negociaciones incompatibles y tráfico de influencias, en relación a las presuntas irregularidades en las contrataciones de hoteles que son usados como residencias sanitarias; además del ilícito de denegación de auxilio y abandono de servicios vinculado a las supuestas estrategias fallidas implementadas por el gobierno.

El fiscal Carrasco agrupó ambas querellas y ahora estas se investigan en forma conjunta.

En el marco de la indagatoria, ayer la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la PDI junto a Carrasco fueron a incautar antecedentes a las dependencias del Minsal.

En tanto, hoy el Presidente Sebastián Piñera fue consultado por la decisión del fiscal nacional, Jorge Abbott, de mantener a Carrasco, luego de que el equipo legal del Mandatario y de las otras autoridades pidieran que fuera removido del caso por haber emitido opiniones que, a juicio de ellos, le harían perder “objetividad” en su labor.

“El gobierno respeta la autonomía de otras instituciones, partiendo por otros poderes del Estado, del Poder Legislativo y Judicial y también, por supuesto, la autonomía e independencia de la Fiscalía”, indicó Piñera, agregando que “estamos dispuestos a colaborar protegiendo la privacidad y la información sensible de todos nuestros compatriotas”.