Multas por vulnerar derechos laborales de extranjeros suben 310% en tres años

El viernes 26 de enero, en la construcción de la casa que sería comprada por el futbolista Alexis Sánchez en Lo Curro, el trabajador colombiano Sergio Hurtado Ponce cayó desde una altura de 10 metros, padeciendo una fractura en su cráneo que le provocó la muerte. Este accidente dejó al descubierto las condiciones laborales en que viven algunos de los inmigrantes que están en el país.

La Tercera solicitó a la Dirección del Trabajo antecedentes sobre la fiscalización que ha realizado en esta materia, así como las cifras de denuncias presentadas por extranjeros ante la institución, motivadas por vulneraciones a la normativa laboral. También fue requerida la cantidad de multas que se han impartido a las empresas por esta materia.

Según la información entregada por el organismo, entre 2014 y 2017 las denuncias de migrantes ante el organismo fiscalizador experimentaron una fuerte alza. En 2014 hubo 2.589 acusaciones, cifra que cada año ha aumentado en aproximadamente mil reclamos. Sin embargo, en 2017 esta tendencia tuvo un abrupto incremento, ya que se registraron 8.192 denuncias, lo que equivale a un alza del 216% con respecto a 2014.

Así, las multas a empresas por concepto de denuncias directas de trabajadores extranjeros también han mostrado un aumento. En 2014 se cursaron 363 sanciones por un monto de $ 311.910.073, mientras que en 2017 las amonestaciones llegaron a 1.385, lo que se tradujo en multas por $ 1.277.393.474. Esto significa un aumento de 310%.

Según explica Jonatán Jiménez, jefe de la Unidad de Seguridad y Salud de la Dirección del Trabajo, es natural que a mayor cantidad de migrantes aumente el número de extranjeros trabajando.

Eso ha llevado, finalmente, a que con esta situación se eleven las denuncias. Y agrega que esto se debe a que los trabajos a los que ellos acceden "son muchas veces en empresas donde no respetan la ley y se encuentran con una realidad indeterminada de incumplimientos".

Por otro lado, Eduardo Thayer, presidente del Consejo Consultivo de Migraciones, dice que "hay un crecimiento de denuncias que no es natural, porque hay una vulneración de derechos (...) Eso hay que contextualizarlo en un marco de baja fiscalización, de empleos precarios donde se están desempeñando los migrantes y que se prestan mucho para la explotación y el mercado laboral informal sin contrato".

Para entender como opera la Dirección del Trabajo, la entidad explica que su sistema de denuncias equivale al 70% de las fiscalizaciones y el 30% restante se basa en la inspección de oficio por programa, que contempla a las empresas que la entidad decide revisar por motivos de mayor probabilidad de riesgo.

Jiménez cuenta que como institución tienen programas nacionales y regionales, pero las revisiones más fuertes tienen que ver con "los sectores productivos más complejos, que es la construcción, el comercio y la agricultura". Esto, debido a que son las actividades en que se suele encontrar más vulneraciones, mayor porcentaje de accidentabilidad y donde se agrupan más migrantes.

Manuel Melero, presidente de la Cámara de Comercio, explica que esto ha sido una constante histórica. "Desgraciadamente, el comercio siempre ha sido de los más fiscalizados y sancionados, y donde se detectan más irregularidades, pero hay que tomar en cuenta que somos el mayor empleador nacional, entonces la cantidad de denuncias tiene que ser mayor porque tenemos más trabajadores. Pero eso no lo justifica y como gremio hemos estado permanentemente haciendo ver a nuestros asociados la importancia de respetar la legislación laboral", señala.

El motivo de las denuncias que más se presentaron en 2017, según los datos entregados por la institución, es por ausencia de medidas de protección a la vida y la salud de los trabajadores, con 2.091 reclamos. Ello, por lo demás, contiene el mayor aumento en los últimos tres años, ya que en 2014 se presentaron sólo 206, lo que equivale a un 915% de crecimiento.

"No tenemos que esperar a que cuesten vidas para reaccionar. Yo creo que efectivamente ha faltado fiscalización por parte de las instituciones respecto a las condiciones en las que muchos migrantes están trabajando en nuestro país", dice José María del Pino, director ejecutivo de Fundación Frê.

Además, agrega que "el problema es que una persona que ya falleció no puede denunciar, entonces uno esperaría una fiscalización más activa y no necesariamente reactiva a las denuncias que van cayendo por parte de los trabajadores. Porque como ya se demostró con el accidente en la casa de Sánchez, esto costó una vida". Añade que "si los entes fiscalizadores hubieran hecho su trabajo de manera activa, previamente, esa faena no hubiese podido seguir en esas condiciones o hubiese tenido que reparar las condiciones laborales en las que se encontraba el trabajador".

Los migrantes que más han presentado reclamos el último año provienen de Haití, en primer lugar, con 1.987 denuncias. Esto se puede explicar por el incremento de la población de este país en Chile.

Según Del Pino, "mientras no se regularice a los migrantes haitianos en nuestro país, están más expuestos a trabajar en el mercado negro del empleo y el abuso laboral". En este sentido, indicó que, por una parte, "la vulnerabilidad es por la situación migratoria y la barrera idiomática, ya que los hace más susceptibles a que los engañen".

En segundo lugar, los migrantes que más reclamaron son aquellos de nacionalidad peruana. La principal colonia del país ha realizado 1.765 acusaciones. Tras ellos, con 1.640 denuncias, se encuentran los trabajadores colombianos.

Con respecto a las altas cifras de reclamos, Thayer explica que esto se debe a la vulnerabilidad en la que llegan los migrantes, "al estar expuestos a una mayor situación de explotación por parte de los empleadores". Por lo tanto, añade, al aumentar la migración, si no hay mecanismos para regular la inserción al mercado de trabajo, se va a incrementar esta vulneración de los derechos.

El experto enfatiza en la ausencia de una política de integración enfocada al mundo laboral y cree que por esta razón no se debe limitar el permiso de residencia sólo al contrato de trabajo. "Porque cuando te condicionan a un contrato, el empleo y la relación asimétrica que tiene el trabajador con el empleador se exacerba. Se le da al empleador la potestad de decidir la ciudadanía de una persona", dice Thayer. Y agrega que por un lado "está la vulneración de los derechos laborales por la falta de contrato y por otro la precariedad de la situación de residencia, porque se niega el derecho a la identidad y a un rut".

Por lo anterior, el presidente del consejo consultivo cree que en Chile debe existir un proceso de regularización, debido a la necesidad de resolver el problema de los extranjeros irregulares de forma inmediata y por sobre todo se debe acelerar el sistema administrativo en la tramitación de residencias. "No puede ser que las personas tengan que esperar ocho meses por una demora administrativa en la entrega de los papeles", aseveró Eduardo Thayer.