“Narco abogados” bajo la lupa del Ministerio Público

El abogado Juan Carlos Gómez Becerra (34) es asiduo a las redes sociales. Con regularidad, publica videos sobre sus casos, varios de ellos relacionados al narcotráfico. En otros, muestras sus anillos, su lujoso reloj, su vehículo de alta gama y una máquina para contar dinero en efectivo, como las que usan en los bancos.

Justamente este profesional saltó al ojo público en julio por uno de esos registros. En una captura, tomada por él mismo al interior del edificio de la Corte de Apelaciones de Santiago, Gómez comentaba que uno de sus defendidos, un sujeto investigado por mantener 33 kilos de droga, había quedado en libertad tras el pago de una caución de $3 millones.

“Una excelente manera de comenzar la semana. Nos esforzamos mucho por nuestros clientes con gran pasión para poder dejarlos en libertad”, dijo esa vez, originando notas de prensa en torno a su figura. Eso sí, reconoció, le llovieron las críticas por estar “jactándose” de dejar libre a un “narco”.

“Tuve muchísimas críticas, no de parte de los colegas, me criticaban los periodistas, los medios de comunicación”, comenta a La Tercera. Sin embargo, afirma que nunca lo hizo con una intención de burlarse del sistema judicial. “Para mí fue uno más de los videos donde se consiguen libertades”, agrega. Dice que con la publicación aumentaron las consultas jurídicas en su estudio, donde trabaja junto a un colaborador, aunque también generó preocupación de sus familiares.

Becerra es un abogado penalista de la Universidad Autónoma de Chile. Se tituló en 2016 y rechaza la chapa de “narco abogado”. Lo encuentra ofensivo. “El título de narco abogado para mí me parece una ofensa porque se puede interpretar como que eres parte de una asociación criminal”.

El profesional es uno de los abogados que engrosa la lista que mantiene Contraloría de penalistas que defienden causas de narcotráfico. Y es que el artículo 61 de la Ley 20.000 prohíbe que abogados con causas relacionadas al “narco” tengan trabajos en el sector público. De acuerdo a esa norma, el Ministerio Público y los tribunales deberán informar de manera periódica a la Contraloría con abogados que asuman estas causas.

En el listado de junio de este año, Becerra aparece con 18 causas. Quienes encabezan el conteo son Patricio Cofré, con 266 casos, y Helhue Sulki, con 256. El listado, que se va actualizando regularmente con la información que proporciona el Poder Judicial, tenía más de 3 mil abogados hasta el 31 de junio.

Una de las motivaciones para elegir el ejercicio de la profesión de abogado orientada a la defensa de casos de narcotráfico es la alta renta que perciben en esas esferas.

Víctor Contreras, conocido como “Vito”, sostiene que toma las causas “con el compromiso de llegar hasta el juicio abreviado o hasta el juicio oral. Se cobra la mitad al inicio y el resto al final, ojalá con el objetivo de lograr la libertad. No cobro parcelado o por etapas, hay un precio por todo. Por lo general, el costo, por lo bajo, son $ 30 millones, un proceso considerado “básico”.

Becerra, por su parte, dice que cobra de dos formas: un monto total por toda la gestión o por recursos específicos. También, para fijar precios, considera cuando hay “clientes frecuentes”. De hecho, la remuneración es lo que tiene sin cuidado a Becerra de estar en una lista que lo impida a ejercer cargos públicos. La representación penal más económica en su estudio es de $ 1 millón, pero el promedio es de $ 4 millones. “Gracias a Dios recibo una remuneración mucho más alta en el ámbito privado que si fuera un funcionario público. Y no tengo intenciones, por lo menos el día de hoy, de ser funcionario público, ni de trabajar para el gobierno, ni en algún municipio, o posteriormente ser juez o algún cargo público. Por lo menos esa no es mi pretensión”.

Similar a lo que comenta Claudio Cofré, quien desestima las críticas que pueden aparecer de parte de sus colegas por dedicarse a “clientes” del crimen organizado: “La envidia de otros que no tienen los clientes de mi hermano (Patricio) o los que tengo yo, ni la plata que ganamos”. Según este último, él y su hermano son los dos abogados que más causas relacionadas a narcotráfico tienen en el país. Cofré mantiene la defensa de seis cabecillas del Tren de Aragua.

“Tengo más clientes imputados por Ley 20.000 porque principalmente esos imputados son los que pueden costear mis honorarios”, complementa Contreras.

Contreras agrega que ha notado cambios en los fallos de los tribunales en los últimos años: “He notado mucho la variación del tráfico vinculado al crimen organizado, lo que ha traído aparejado ciertas complejidades, es más complejo obtener buenos resultados. Ahora todo lo que huela a crimen organizado implica cárcel, prisión preventiva y posturas mucho más firmes, aunque el imputado no esté necesariamente vinculado a la criminalidad organizada. Aunque tengo imputados que no son del Tren de Aragua, se les termina asociando y es complejo el trato que reciben. No se revisan tanto los hechos”.

El aumento del crimen organizado en nuestro país ha obligado a las autoridades a poner los focos investigativos en distintas esferas. Justamente, una de ellas tiene relación con los defensores de los narcos. El director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado (UCO), Ignacio Castillo, haciendo un símil con la experiencia extranjera, comenta a La Tercera que esta es una preocupación del Ministerio Público.

“En el caso brasileño, en relación al PCC, es conocida la vinculación que existe con la Sintonía do Gravatas. Básicamente corresponden a una facción dentro del PSC que se encarga del aparato jurídico dentro de la organización criminal. Al final, las organizaciones criminales son empresas ilícitas”, dice Castillo.

El abogado pone el acento en que esta preocupación viene ligada a lo que la fiscalía ve que sucede en otros países. Esto es que profesionales del derecho terminan siendo parte de las bandas criminales en ciertas labores, lo que ha ocurrido en Brasil, México, Colombia e Italia. “Efectivamente ese fenómeno pudiera estar permeándose también en nuestro país. Y por lo mismo, respecto de ello, estamos también iniciando las investigaciones que corresponden”. Una de esas labores, dice, podría ser la de testaferros en el lavado de activos del dinero ilícito.

Castillo, quien no manifiesta algún caso en particular, prefiere mantener en reserva en qué consisten esas investigaciones. Sin embargo, adelanta que tienen relación con el patrimonio: “Sobre todo es incremento no justificado del patrimonio que pudieran existir, al fin y al cabo esa es la manera en que uno investiga estas circunstancias”.

Asimismo, señala que se deberían revisar los ingresos económicos de los abogados que defienden a narcos, ya que esos dineros pudiesen venir de negocios ilícitos: “Es necesario levantar en Chile de manera muy transparente, y que se ha dado en otros países, una discusión que tiene que ver también con la forma en la cual se justifican las ganancias, particularmente en el ámbito de la criminalidad organizada. (Saber) si se justifican las ganancias que se obtienen a propósito del ejercicio del derecho a la defensa en relación a determinados tipos de diputados”.

El presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara, plantea dudas respecto a la labor de los juristas en torno a la simple defensa. Dice que esa defensa podría traspasar las barreras legales: “Un abogado que se dedique permanentemente a asesorar a quienes se dedican al narcotráfico, probablemente ese abogado no está actuando como abogado, sino que está incurriendo en alguna de las figuras típicas delictivas. Podrá ser cómplice, encubridor, coautor, etcétera”.

En ese sentido, argumenta: “Porque un abogado no queda exento de responsabilidad por asesorar a personas que cometen delitos. El abogado que asesora a quien comete delitos es partícipe en el delito. Así de simple. No cabe duda. O sea, digamos, esto que se ve en las películas, el consiglieri es uno más de la banda nomás”.

Vergara pone el acento en que todo imputado, “hasta el peor criminal”, tiene derecho a que un abogado lo defienda. Por otro lado, señala que el abogado que anticipa un resultado viola el Código de Ética.

El presidente del gremio dice que el tipo de abogado que asiduo a redes sociales y a ostentar lujos es un fenómeno nuevo. “No se veía antes. El abogado en general era un hombre muy austero. Esto es de los últimos pocos años. Empezó con el drama del narcotráfico, como lo estamos viendo hoy día. Antes los abogados que se dedicaban a defender a este tipo de gente, no aparecía en ninguna parte. Hacían una propaganda muy soterrada”, señala.

Por último, Vergara dice que el video de Juan Carlos Gómez Becerra, aquel donde el penalista salía celebrando la libertad de un defendido tras el pago de $ 3 millones de fianza, fue similar a una “caricatura”. “Es tan contrario a todo lo que se enseña en la ética”, remata.