El pasado 6 de abril, tras el homicidio del suboficial mayor Daniel Palma -la tercera muerte de un funcionario de Carabineros en servicio en menos de un mes y un caso en el que los involucrados son ciudadanos venezolanos con distinta situación migratoria- el Ministerio Público anunció que en la Región Metropolitana se empezaría a solicitar la prisión preventiva para todos los extranjeros detenidos que no puedan acreditar su identidad.
Cuatro días después se informó que el criterio fijado por el fiscal nacional Ángel Valencia se utilizaría en todo el territorio.
“No es razonable que en Chile sea más exigente entrar al estadio a ver un partido de fútbol que quedar sujeto a un proceso penal”, ha señalado Valencia para justificar esta medida.
Frente a ello, el defensor nacional, Carlos Mora Jano, emitió una declaración esta jornada cuestionando el criterio que está siendo aplicado por los fiscales, independiente del delito que se esté investigando.
“Las políticas de persecución penal que fija el Ministerio Público no son vinculantes con las resoluciones de los tribunales y menos en lo que dice relación con las medidas cautelares personales como es la prisión preventiva que es excepcionalísima conforme a lo señala la ley y los estándares internacionales de derechos humanos”, sostuvo Carlos Mora Jano, explicando que para que sea aplicada debe cumplir con presupuestos materiales como la existencia del delito y presunción de participación, además de la necesidad de cautela bajo los principios de racionalidad y proporcionalidad.
“La prisión preventiva no es el camino para hacerse cargo del problema migratorio del país. El derecho penal no soluciona los conflictos y es contraproducente para nuestro sistema de enjuiciamiento penal crear expectativas en ese sentido”, advirtió el defensor nacional.
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