La batalla de funcionarios públicos en contra del polémico dictamen que emitió la contralora general de la Rpública, Dorothy Pérez, respecto de las reclamaciones que podían hacer al organismo los trabajadores que adujeran “confianza legítima”, continúa.
Es que luego de que el pasado 25 de febrero la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara el recurso de protección presentado por la Fundación Fuerza Ciudadana en contra de la determinación de la mandamás de Contraloría, el presidente de la citada ONG, Raimundo Palamara, recurrió de apelación ante el máximo tribunal, insistiendo en que la acción debe ser declarara ilegal y arbitraria.
El tribunal de alzada capitalino sostuvo que la contralora se había apegado a la norma para emitir dicho dictamen, que estaba dentro de sus facultades y que no se advertían vulneraciones por las que acoger la acción judicial de la fundación. Sin embargo, a juicio de los representantes de la misma, se está ante un acto que debe ser subsanado en favor de los trabajadores del Estado.
Por lo mismo, en el marco de un recurso de apelación de ocho carillas, Palamara recalcó que el máximo tribunal debe dejar sin efecto el pronunciamiento de Pérez.
Justificación
En primer punto, en el escrito se indica que “no es razonable que la Corte señale que (el asunto) no es susceptible de ser resuelto por un recurso de protección, si justamente y tal como lo ha fallado esta Corte Suprema, los actos de la administración del Estado pueden ser sometidos a control jurisdiccional, mediante un recurso de protección, en atención que los actos sean discrecionales”.
En el mismo sentido advierten que si bien la Contraloría se basa en la normativa que la regula para emitir el citado dictamen, la cual permite que pueda abstenerse de conocer materias, el abogado recalca que aquello “no le permite crear nuevos criterios extra legales, no permitidos por el legislador”. Y justamente ese sería el caso, para los recurrentes, de la base del acto que pretenden anular.
“La obligación de abstención es la excepción”, remarcan.
Con todo, advierten que, “más allá del criterio extra legal que impone la Contraloría en su dictamen, igualmente le corresponde conocer, porque las materias del desahucio y las que digan relación con el estatuto administrativo municipal, son materias que reconoce la misma ley al contralor”.
“La norma es clara, estamos frente a una materia que el legislador en la Ley 10.336 puso dentro de la esfera de competencias de la Contraloría, por lo que no es legal que se abstengan”, se enfatiza.
¿Adivinar argumentos?
En atención a que en medio de su resolución la Corte de Apelaciones indicó que debían “adivinar” sobre las razones que tuvieron los recurrentes para controvertir sus desvinculaciones, el abogado hizo presente que justamente por el dictamen de Dorothy Pérez se vieron imposibilitados de, en principio, presentar sus reclamaciones.
“Los recurrentes a la fecha de interposición del reclamo eran funcionarios a contrata en la Ilustre Municipalidad de La Cruz, y se les había notificado su no renovación, pese que sus contratas les habían sido renovadas durante tres y seis años cada uno de ellos, sin embargo, no podían reclamar su no renovación ante la Contraloría, justamente por el dictamen atacado por el recurso y una vez que se dictó la orden de no innovar interpusieron el correspondiente reclamo”, manifiesta.
Así las cosas, se subraya que “no se entiende qué es lo que debía ‘adivinar’ la Corte de Apelaciones, si son funcionarios a contratas que no se les renovó y tenían el derecho a reclamo por dicha actuación ante la Contraloría, pero les estaba vedado hacerlo por el dictamen atacado (...) Qué más querrían adivinar, insisto, no se entiende el misterio, ni la prerrogativa”.
Considerando que a la fecha los reclamos no han sido resueltos, agrega en último punto Palamara, “este recurso mantiene su objeto, porque aún existe la privación, perturbación o amenaza que la Contraloría en vez de pronunciarse de abstenga de resolver sus reclamos”.
