Nombramiento de jueces: el debate que dio la Suprema en los procesos constituyentes para asegurar su independencia

Cuando la ministra Ángela Vivanco realizó su primera intervención como vocera de la Corte Suprema, en marzo de 2022, manifestó la inquietud de la magistratura ante la propuesta de la Convención Constitucional sobre sistema de justicia y la idea de creación de un nuevo órgano, denominado Consejo de la Justicia, que tendría como objetivo el nombramiento de distintos jueces, algo que causó un arduo debate entre los constituyentes de la instancia de Sistemas de Justicia.

“Este consejo, el Consejo de la Justicia como se le llama en el proyecto, debe ser mayoritariamente, no únicamente integrado, pero mayoritariamente, integrado por jueces”, dijo entonces Vivanco, acotando además que la instancia debía ser encabezada por el presidente del máximo tribunal.

La Suprema apuntó contra aspectos administrativos sobre la cantidad de funciones de la entidad y se abogó por la “descentralización en el consejo”, para que no todo sea resuelto por el núcleo principal sino que funcione, por ejemplo con subcomisiones regionales que emulasen la distribución que opera entre la Corte Suprema y las cortes de apelaciones del país.

“Lo sustantivo que a nosotros nos preocupa es la composición y no dejar estas atribuciones tan abiertas que podrían calificarse a los jueces de acuerdo a sus fallos, cosa que no es adecuada porque obviamente podría afectar la independencia judicial”, enfatizó Vivanco en el marco de ese debate.

Los magistrados también mostraron reticencia a una propuesta que apuntaba a un límite para la duración en el cargo de ministro de Corte Suprema por un máximo de 12 años sin posibilidad de ser reelecto. Actualmente los jueces que integran esta instancia no tienen techo, es decir, cumplen labores en la más alta cúpula del Poder Judicial hasta que cumplen la edad de jubilación que es de 75 años. El máximo tribunal advirtió que se trataba de cambio cuya implementación debía ser gradual.

Las inquietudes de los jueces fueron expresadas en su momento al Presidente Gabriel Boric, sin embargo la propuesta de nueva Constitución de la Convención Constitucional fue desechada al imponerse con el 68% de las preferencias el Rechazo al texto en el plebiscito de septiembre de 2022.

Ante la decisión de impulsar un segundo proceso para cambiar la Constitución de 1980, se estableció un nuevo órgano redactor: el Consejo Constitucional.

Entre el 20 y 23 de octubre de 2022, en la Región de Aysén, la Corte Suprema se reunió en sus Jornadas de Reflexión en que se abordó la creación de un consejo de magistratura nacional y consejos regionales para “separar la función jurisdiccional y administrativa”. Esa idea y otras propuestas fueron reunidas en un documento formal con las actas de los acordado para ser entregadas formalmente cuando el Consejo Constitucional comenzara a trabajar.

Durante el debate, la Suprema pidió al Consejo Constitucional restringir la justicia militar, criticó enmiendas parar crear tribunales de jurisdicción nacional, con la advertencia de que ello podría generar un verdadero Poder Judicial paralelo. Además manifestó una opinión contraria a artículos que le daban rango infraconstitucional a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diciembre de 2023, tras otro plebiscito, también se desechó la Constitución que redactó el Consejo Constitucional.

A mediados de junio, ante una polémica por las investigaciones al exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Antonio Poblete y al abogado Luis Hermosilla, al conocerse conversaciones por mensajería que conservaban en sus teléfonos y que sugerían un posible tráfico de influencias para la definición de cargos en tribunales, la Corte Suprema optó por constituir una mesa de trabajo para proponer una reforma al sistema de nombramientos.

El Pleno del máximo tribunal emitió un comunicado el Pleno sostiene que la Corte Suprema “ha planteado la necesidad de separar la función jurisdiccional de la administrativa y, entendiendo la urgencia que se requiere, retomará las gestiones que permitan lograr dicho objetivo, y radicar los nombramientos y otros asuntos relativos al gobierno judicial en un organismo que se establezca para tal efecto”.

Este mediodía, en el Palacio de Tribunales, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, entregará al ministro de Justicia, Luis Cordero, la propuesta del Pleno de la Corte Suprema en la materia.