Fue quien, a través de una denuncia ante el fiscal nacional, Jorge Abbott, permitió abrir una causa penal que indaga la fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, en contra de ministros del Tribunal Constitucional (TC). Ahora, la diputada PC Carmen Hertz va por más y presentó una querella en contra de los jueces que resulten responsables de prevaricación judicial, es decir, quienes sean responsables de retardos intencionales en causas por violaciones a los Derechos Humanos en el régimen militar.

En la querella -a la que accedió La Tercera-, la parlamentaria comunista apunta a un negocio que existiría entre abogados de condenados por delitos de lesa humanidad, que se refugiarían en el TC para ganar tiempo.

“Los antecedentes que se colocan en conocimiento de vuestro tribunal, permiten concluir inequívocamente que existe una concertación para un retraso malicioso en determinadas causas, en particular, recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en procesos por graves violaciones a los derechos humanos, permitiendo además presumir que hay litigantes que obtuvieron un beneficio económico a partir de la dilación de los procesos por violaciones a los derechos humanos; y que este “negocio de búsqueda de tiempos”, o en otras palabras, de dilación de juicios, existió concierto entre quienes recurrían y los ministros del Tribunal Constitucional de aquella época, toda vez que en esta búsqueda de tiempo, ellos recurrentemente lo encontraban”, dice el libelo.

Esta acción penal se suma a la presentada por el también diputado PC Hugo Gutiérrez, quien apuntó directamente la acción criminal en contra de los ministros Iván Aróstica y José Ignacio Vásquez. Ambas acciones judiciales tienen su punto de origen la entrevista de la presidenta del TC María Luisa Brahm a La Tercera, en que sostuvo que antes que ella llegara había causas detenidas por mucho tiempo, al borde de la corrupción.

En el documento presentado por Hertz, además, se detalla lo que para la querellante es un uso indiscriminado de la suspensión de los procedimientos penales, la demora del presidente del TC Iván Aróstica de poner estas causas en tabla y pone especial énfasis en todos los casos por violaciones a los derechos humanos de la Región de Ñuble que fueron paralizados por el organismo.

La diputada y también abogada Carmen Hertz apunta a dos tipos penales, que a su juicio se configurarían en el caso del TC. Por una parte, el cohecho agravado si es que se llega a identificar que tras la paralización de los procesos hay pagos a ministros de ese organismo, y a la prevaricación judicial. En este punto, el abogado Ramón Sepúlveda -que patrocina la querella- sostiene que el actuar de algunos miembros del TC no sólo ha infringido normas nacionales, sino también el derecho internacional en específico la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2006, suscrita y ratificada por el Estado de Chile en el año 2009.

“El actuar manifestado por parte del Tribunal Constitucional, que desde 2015 a la fecha ha obstruido una gran cantidad de procesos por crímenes de lesa humanidad, contribuyendo a la impunidad, vulnera diversas obligaciones que emanan de esta Convención”, finaliza la querella, en que se solicitan una serie de diligencias para que sean desarrolladas por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI.