Miguel Ángel Orellana, fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolita Oriente, mantuvo un breve diálogo con la prensa en el Centro de Justicia en la antesala de la audiencia en que se formalizó al abogado Luis Hermosilla, por un delito de tráfico de influencias en la denominada arista Parque Capital del caso Audio.
Esta arista surgió luego que el equipo investigador accedió a mensajes entre Hermosilla y su amigo Álvaro Jalaff. Según dio a conocer Ciper, el empresario habló con el influyente penalista entre 2020 y 2021 sobre los permisos que requería el proyecto Parque Capital, de propiedad de la familia Menichetti y Grupo Patio (39%), empresa de la cual Antonio y su hermano Antonio Jalaff eran socios mayoritarios entonces. En los mensajes se entiende que Álvaro Jalaff solicitó ayuda a Hermosilla para apresurar los permisos del megaproyecto industrial en Lampa. Los contactos del abogado habrían sido con autoridades de la época, entre ellos los exministros Andrés Chadwick y Felipe Ward.
“Vamos a comunicar cargos el día de hoy, vamos a estar atentos a cuáles van a ser las pretensiones por parte de la defensa y como les anticipé, tenemos una convicción firme de que los presupuestos materiales y la participación de don Luis en el delito por el que vamos a formalizar está acreditado y el tribunal va a estar de acuerdo con nosotros”, señaló el fiscal.
El persecutor precisó que no pretendían discutir las medidas cautelares del imputado, atendiendo que ya se encuentra en prisión preventiva.
Asimismo, dijo que no veía inconveniente en una comparecencia telemática del penalista.
“Somos absolutamente respetuosos de las decisiones del tribunal en relación a la forma de comparecencia. El sistema telemático es una forma útil y esta audiencia tiene por objeto garantizar los intereses del imputado. Lo importante es que don Luis pueda escuchar los antecedentes, pueda escuchar la imputación y se informe. Así que no, no tenemos ningún inconveniente”, señaló.
Discusión por condición de funcionario público
El Ministerio Público optó por formalizar por tráfico de influencias sólo a Luis Hermosilla en esta arista.
Juan Pablo Hermosilla, defensor y hermano del exasesor de gobierno, cuestionó a su contraparte y aseguró que el presunto delito no corresponde porque su representado no tenía condición de funcionario público.
El abogado del CDE Daniel Martorell retrucó esa afirmación e insistió en que la calidad de funcionario público es “indiscutible” para ellos.
“Eso es indiscutible, porque una persona que está contratada, sea por un concepto honorarios en un ministerio como es el Ministerio del Interior, desarrollando una función pública, claramente es un funcionario público a la luz del concepto que da el Código Penal”, afirmó.
La sanción por el delito de tráfico de influencias va desde 541 días de cárcel hasta los 5 años de cárcel.
Luis Hermosilla se mantiene en prisión preventiva desde el 27 de agosto de 2024 en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber. El exasesor del Ministerio del Interior arriesga una pena de 18 años tras ser formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos en la indagatoria conocida como caso Audio. En esa causa, el lunes 13 de enero, Hermosilla será reformalizado por nuevos antecedentes recabados por el Ministerio Público en su indagatoria.
