Nuevo episodio eleva a más de 1.000 los casos de intoxicación en Puchuncaví y Quintero en un mes

En ambulancias, sillas de ruedas y apoyados por personal de emergencias, 111 menores y profesores fueron retirados este martes de distintos colegios de Quintero y Puchuncaví, tras un nuevo episodio de intoxicación masiva. Este evento, el cuarto de mayor envergadura en el último mes, elevó a más de mil los casos de personas que han requerido atención de urgencia por el efecto de gases tóxicos.

Este martes, a primera hora, el gobierno regional contabilizaba 934 casos de intoxicación desde el inicio de la crisis ambiental, el pasado 21 de agosto. Pero cerca de las 10.00, alumnos de distintos colegios comenzaron a repetir la misma sintomatología: mareos, vómitos y fuertes dolores de cabeza, lo que obligó a los directores a iniciar una evacuación.

Hasta la tarde, los casos de afectados por emanaciones tóxicas sumaban 1.045.

Varios de los intoxicados ya habían sufrido el cuadro previamente. "La vez pasada mi hija estuvo cinco horas sin poder mover las piernas. Ahora se sintió mal en el recreo", dijo Isabel González.

A menos de 20 km, en la comuna de Puchuncaví, la situación fue similar: "Me llamaron del colegio para ir a buscar a mi hija y me encontré con niños desmayados y profesores con síntomas", relató Carol Valdebenito. Agrega que, por primera vez, el colegio La Chocota fue afectado: "no se habían registrado episodios. Ahora retiraron a varios niños en ambulancia, hicieron varios viajes hasta el colegio".

Frente a esta emergencia, cerca de las 11.00 el Hospital de Quintero cerró el área del consultorio para destinarlo a atender allí las urgencias del centenar de alumnos y profesores.

"Se tomaron acciones preventivas para no llegar al colapso y no ir en desmedro de la atención oportuna", explicó Erich Liebig, del Servicio de Salud Viña del Mar.

Daniela Siegmund, directora del Hospital de Quintero, dijo que "el diagnóstico de intoxicación lo hacemos basado en un patrón sintomático que cumpla con ciertos criterios y una cierta afluencia de gente al mismo tiempo. Lamentablemente, son gases y no podemos medirlos en la sangre".

El nuevo episodio generó indignación entre los vecinos y apoderados que aguardaban el término de las atenciones afuera del hospital. Al lugar llegó el seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, quien fue increpado duramente a su salida: "¿Por qué no nos dice lo que está pasando?", le gritaron.

En la tarde, Contraloría tomó razón del decreto de alerta sanitaria, que permitirá a la Seremi de Salud paralizar o disminuir las emisiones de las empresas cuando se presenten condiciones atmosféricas adversas.

Según explicó la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, a la Comisión de Salud del Senado, los monitoreos han demostrado que en días con mala ventilación atmosférica, donde se conjugan factores de escaso viento, humedad y baja temperatura, sumado a la presencia de vaguada costera, se concentran las emisiones nocturnas de las empresas, lo que empeora la calidad del aire en las primeras horas del día siguiente. "Las concentraciones se producen por esta acumulación y la gente se siente mal durante las primeras 12 horas de la mañana". Añadió que "con una correcta gestión operacional, disminuyendo las operaciones de las empresas en las noches de mala ventilación atmosférica, uno puede mejorar la calidad del aire".

Así, una vez publicada en el Diario Oficial -el jueves- la Seremi de Salud de Valparaíso, hasta el 30 de marzo de 2019, podrá "prohibir el funcionamiento de fuentes fijas comunitarias e industriales que emitan material contaminante u ordenar la disminución de la emisión de material contaminante, cuando las condiciones de ventilación así lo aconsejen, lo que se verificará previo informe del Ministerio del Medio Ambiente, basándose en el pronóstico meteorológico elaborado por la Dirección Meteorológica de Chile".

La ministra de Salud (s), Paula Daza, explicó que, cuando se requiera, las industrias deberpan disminuir las emisiones de Dioxido de Azufre en un 20%, porcentaje que podrá aumentar si las condiciones así lo ameritan, hasta llegar a una restricción total de emanaciones de compuestos orgánicos volátiles. Para esos días, las empresas deberán entregar un plan operacional de reducción de gases contaminantes, el que será fiscalizado por la Seremi.

"Es posible predecir la ocurrencia de nuevos eventos de presencia de contaminantes mediante un pronóstico meteorológico que permita anticipar la situación de mala ventilación en el lugar, y disponer la medida de restricción que impida que dicha situación dé lugar a un evento de presencia de contaminantes que pueda afectar la salud de las personas", sostiene la alerta.

Ante los senadores, Schmidt y el superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, dieron cuenta de las medidas adoptadas para enfrentar la crisis que afecta a la zona, donde destaca la modernización de la red de monitoreo, para el primer semestre de 2019; una nueva y más estricta norma de dióxido de azufre y un plan de descontaminación para la zona, que ingresarían a Contraloría en diciembre. En la instancia, Schmidt relató a los parlamentarios los alcances del primer evento de intoxicación, el pasado 21 de agosto, tras su visita al hospital de Quintero. "Pude ver con mis propios ojos la situación que estaban manifestando los niños y las familias de Puchuncaví y déjenme decirles que es muy impactante". Añadió que la zona ha sido afectada durante 50 años por una contaminación continua, registrándose, solo desde 2008, más de 300 derrames de petróleo y numerosos varamientos de carbón, por lo que correspondería "pedir perdón, porque como Estado de Chile les hemos fallado a las comunidades de Quintero y Puchuncaví (...). Hay una comunidad que está agotada por esta permanente vulneración de su vida". Agregó que el gobierno apoyará el proyecto que establece sanción penal para los delitos ambientales.

A su vez, Franz dijo que sigue en investigación el origen del último episodio de contaminación, del 4 de septiembre, y destactó que ese día no hubo superación de la norma de calidad del aire. Además, hizo hincapié en la falta de recursos de la entidad, que cuenta con 212 funcionarios en el país: "Hay 11 superintendencias en Chile y la de Medio Ambiente tiene el segundo peor presupuesto". Añadió que cuentan con $ 9 mil millones para fiscalizar más de 15 mil Resoluciones de Calificación Ambiental y 11 mil proyectos, mientras que la autoridad de Bancos tiene $ 68 mil millones y 12 o 13 regulados.