El 7° Juzgado de Garantía de Santiago, declaró inadmisible una querella criminal que el juez Daniel Urrutia Laubreaux presentó contra 19 ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago y una ministra de la Corte Suprema por una supuesta prevaricación judicial.
La querella la presentó el lunes 18 de abril la abogada María Izquierdo.
En la resolución del juez Rubén Hernán Donoso Paredes se señala que “cualquier decisión adoptada por el tribunal superior jerárquico, en orden a dejar sin efecto, revocar, o modificar una resolución, importaría dar latitud a la facultad de accionar por parte de cada juez de la instancia respectiva bajo el amparo de la figura delictual intentada en el libelo, cuando aquella no se condiga con lo resuelto originariamente, prescindiéndose entonces del mecanismo natural para enervar lo resuelto, que no es sino la facultad de acusar su modificación o revocación ante el estamento superior de quien ha decidido en un sentido contrario, todo lo cual no se condice con el carácter residual del derecho penal”.
Asimismo, se argumenta que “la instrucción de un sumario administrativo, tampoco puede ser entendida como consecuencia dañosa de la actuación desplegada, que genere la calidad de víctima del querellante, toda vez que la actuación evidenciada por el juez de la instancia se encuentra bajo la sujeción y vigilancia permanente del tribunal superior, lo que supone el ejercicio de facultades disciplinarias”.
Se trata de un nuevo revés para Urrutia, considerando que hace una semana, acogiendo una solicitud de la defensa del expresidente Sebastián Piñera, la Corte de Apelaciones de Santiago inhabilitó a Urrutia para intervenir en el caso en que está querellado el exgobernante por supuestos delitos en el contexto del estallido social.
La trama de la suspensión
Catalogado desde hace tiempo como el “niño terrible” del Poder Judicial, Urrutia fue sumariado por dejar en libertad a partir de una decisión de oficio a 44 imputados en prisión preventiva, sindicados por las autoridades de gobierno y Carabineros como integrantes de la llamada “Primera Línea” de las protestas tras el 18 de octubres, que fueron detenidos y formalizados por el delito de desórdenes públicos en marzo de 2020.
La Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto esa liberación, dio curso al sumario al magistrado y lo suspendió de sus funciones.
Dos días antes de eso la Corte de Apelaciones le dio la razón a Carabineros y lo sacó de un caso abierto por la investigación que la Fiscalía Centro Norte sigue en contra del mayor Humberto Tapia. El tribunal de alzada le prohibió seguir interviniendo en el caso, argumentando que había perdido imparcialidad.
Cuando la suspensión llegó al máximo permitido de dos meses, la corte definió su traslado desde su cargo titular en sede penal hacia un tribunal de cobranza. Todo a pesar de su condición de dirigente gremial. En junio de 2021 decidieron levantar la “sanción” y visaron su retorno al 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
Urrutia se querelló contra los ministros del pleno que lo sancionó, y los defensores penales públicos, Octavio Sufán, Alejandra Lobos y Bárbara Antivero, que representan a los querellados interpusieron un escrito buscando que se declarase su inadmisibilidad.
“Lo adelantamos en su momento, la querella del señor Daniel Urrutia era inadmisible y así fue señalado contundentemente el día de hoy. Tan inadmisible como es pretender pensar siquiera que los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago pueden haber cometido prevaricación solamente por suspender los efectos de una resolución judicial que se auto-atribuye el señor Urrutia”, señaló el abogado Octavio Sufán.
A nombre también de sus pares el defensor señaló que “ya la Corte Suprema se pronunció y dijo que no existía falta o abuso grave, se pronunció la Fiscalía diciendo que no había delito y así todo se insiste en pretender investigar con todo el daño que esto ocasiona al sistema judicial”.
