El 29 de noviembre de 2023, la Subsecretaría de Educación Superior citó a una reunión a las universidad privadas adscritas a la política de gratuidad. ¿El motivo? Repasar algunos detalles de las nuevas bases técnicas sobre la regulación de aranceles. Y si bien la reunión no era algo extraño, una parte de la presentación terminó descolocando a los asistentes.
El conflicto radica en que en el capítulo de gratuidad de la ley de Educación Superior se establece la manera en la que esta política, que costea matrícula y el arancel de la carrera a sus beneficiarios, debe operar. Y ahí, uno de los puntos que más polémica genera es el que se refiere a la fijación de los aranceles regulados, que son las transferencias que realiza el Estado a las instituciones por cada alumno beneficiario de la gratuidad. Resumidamente, es el dinero que las instituciones reciben por cada estudiante que tiene matriculado con el beneficio.
Ese monto, que siempre ha sido motivo de debate y que por ejemplo en junio provocó que el Consejo de Rectores (Cruch) acusara un déficit en los montos que los planteles deberían recibir en 2024 por gratuidad ante la implementación de los aranceles regulados, de acuerdo al artículo 37° transitorio de la ley debe recalcularse usando una nueva metodología que considere los costos de impartir cada carrera.
En los últimos años este recálculo se intentó realizar dos veces sin éxito hasta 2023, cuando se logró el cálculo para un grupo de carreras acotado (3,85% de la matrícula de gratuidad), entre las que se cuenta Periodismo y Trabajo Social, cuyos nuevos aranceles regulados empiezan a regir este 2024.
Y aunque la ley establecía límites para iniciar el proceso de cálculo de estos nuevos aranceles, no los fijaba para proseguir con dicha tarea, a pesar de lo cual en esa cita del 29 de noviembre la subsecretaría reafirmó a las casas de estudio su intención de avanzar en el cálculo de los restantes aranceles en dos tandas: 2024 y 2025, de modo de lograr su aplicación completa en 2026. De acuerdo a esa información, primero se regularán las carreras que representan el 35,38% de la matrícula en gratuidad, y el próximo año se completará el 60,77% restante, idea que es vista con preocupación desde casi todas las instituciones privadas no pertenecientes al Cruch adscritas a gratuidad bajo el argumento de que nada asegura lograr el correcto financiamiento de todas las carreras, en el entendido de que, por ejemplo, algunas financiaban la operación de otras y ahora podría no ser así.
Así por ejemplo, Claudio Ruff, rector de la U. Bernardo O’Higgins (UBO), detalla que para su institución ya están fijados los aranceles regulados de Periodismo y Trabajo Social, lo que representa un 2,9% del total de la matrícula. “Para el 2025 se espera que el 17,4% del total de la matrícula cuente con los nuevos aranceles y para el 2026 el 100%”, dice.
Patricio Manque, rector de la U. Mayor, cree que “anticipar la medida no otorga la progresividad necesaria y, por lo demás, esperable, para que las instituciones puedan adaptarse a una realidad de menores ingresos por concepto de aranceles, incrementando el periodo de estrés financiero que actualmente viven”.
“La propuesta de la subsecretaría es muy compleja. La ley solo establece cuándo debe iniciarse el proceso de recálculo, pero no que deba culminar en dos años. Prudencialmente el legislador no puso fechas para completar el proceso, pues los efectos del cambio pueden afectar muy negativamente al sistema”, señala Cristián Nazer, rector de la U. Finis Terrae y presidente de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), quien agrega que “parece sensato que la autoridad se tome el tiempo necesario para hacer un recálculo razonable y cuyos efectos no pongan en riesgo la continuidad de ciertas carreras o, incluso, la permanencia en gratuidad de algunas instituciones”. Nazer, de hecho, al ver que el primer cálculo se hizo a un grupo acotado de carreras, piensa que el resto se produzca en dos años “más parece ser una decisión voluntarista que una de carácter prudencial o basada en un sencillo análisis de lo que estos nuevos aranceles implicarán en términos de transferencias para el sistema”. Su idea es que esto se haga en 10 años.
Desde la Subsecretaría de Educación Superior señalan al respecto que la ley dispuso un plazo de dos años para dictar las bases técnicas para el cálculo de los aranceles regulados para todas las carreras, “sin contemplar expresamente ninguna hipótesis de gradualidad al respecto”, así como que “el espíritu de la ley, de manera clara, contemplaba una rápida entrada en régimen de la regulación de aranceles a fin de evitar que el régimen transitorio se extendiera más de la cuenta”. Y cierran sobre este punto: “Con este propósito, y también para entregar certezas a todas las instituciones, se ha comunicado de manera explícita el compromiso de finalizar el gobierno del Presidente Boric con la regulación completamente implementada”.
Impacto financiero
Pero hay otro problema que avizoran desde ciertas instituciones, y es el que tiene relación con el impacto financiero que la aplicación de la metodología tendría. De acuerdo a un estudio de Acción Educar de 2023, en el que se proyectó la nueva metodología de cálculo de los aranceles regulados a todas las carreras del sistema, el impacto sería de casi $ 10.000 millones anuales menos en transferencias.
De acuerdo a ese informe, sólo hay dos tipos de instituciones en gratuidad que verían mermados sus ingresos por ese concepto: los institutos profesionales (cerca de $ 18.500 millones anuales menos), y las universidades privadas que no pertenecen al Cruch, que verían una merma de $ 32.700 millones anuales. Por el contrario, las universidades estatales recibirían cerca de 17 mil millones de pesos más al año. Esa diferencia es donde radica otra de las aristas del creciente conflicto.
“La norma no obliga a que los nuevos aranceles regulados sean los que están resultando”, señala el rector Nazer, quien asegura que existe “un margen de acción” por parte de la subsecretaría para modificar sus cálculos sin incumplir la norma. “Para ello, debiera ponderar factores que no se están considerando o ponderar los existentes de manera distinta, de forma de no perjudicar de tal manera a estas instituciones”, añade, antes de acotar que “en ningún caso queremos creer que ha habido un ánimo en contra de los institutos profesionales y de las universidades privadas, pero el resultado práctico al que se está llegando inevitablemente lleva a pensar que a la autoridad pareciera no importarle mayormente la sustentabilidad de estas instituciones, que son las que acogen al mayor número de alumnos en gratuidad”. Y aun cuando la subsecretaría aún no formaliza los nuevos aranceles regulados, la Finis Terrae, por ejemplo, estima que la merma no será inferior a un 10% de sus actuales ingresos por gratuidad.
El rector de la Mayor, en tanto, asevera que si bien la ley establece las variables para el cálculo de los aranceles, “el ministerio tiene una discrecionalidad suficiente para poder hacer un polinomio de cálculo más ajustado a la realidad de las instituciones”. Asimismo, cree necesaria una revisión de los ítems para la determinación de los costos de las carreras, así como incluir variables que permitan generar macrogrupos de carreras en virtud de las características de cada institución. “Aplicar determinadas variables suponiendo que todas las instituciones tenemos proyectos institucionales similares es un error”, dice.
Desde la subsecretaría retrucan: “Es prematuro establecer ese tipo de proyecciones. El proceso de definición de nuevas bases técnicas se encuentra en pleno desarrollo”. En efecto: las bases técnicas y cálculos serán publicados a comienzos de febrero de 2024, una vez finalizado el proceso de retroalimentación con la Comisión Experta. Luego de ello, las instituciones podrán formular sus observaciones a los cálculos para que la Comisión Experta se pronuncie y luego la subsecretaría publicará los valores regulados en abril, según lo establecido en la ley. “Los principios para el cálculo de los valores regulados no son otros que los que dispone la Ley de Educación Superior, la cual establece que el arancel regulado debe dar cuenta del ‘costo necesario y razonable’ para impartir una carrera”, aseguran en la cartera.
Pero según avisoran algunas de las universidades particulares, sí tendrán una merma, lo que podría tener consecuencias en la reducción de vacantes de ciertas carreras, en la misma oferta de carreras o, incluso, en la decisión de permanecer adscritas a la gratuidad. El rector Manque, además, señala como efecto más inmediato el posible estancamiento de la calidad. “También es esperable que varias instituciones no puedan solventar sus proyectos educativos y terminen cerrando con las consecuencias que esto implica”. Por su parte, Nazer asegura que el impacto será “enorme, al punto que anticipo que algunas universidades evaluarán cerrar carreras que no puedan sustentarse o, incluso, su permanencia en gratuidad”. Mientras, el rector Ruff (UBO) expone que como el Mineduc recién publicará en algunos meses los nuevos valores regulados, “no conocemos aun los resultados e impactos que estos nuevos montos podrían tener en la gestión de nuestra institución”.
Aun así, desde la Subsecretaría de Educación Superior argumentan que el Informe de Salud Financiera del sistema presentado en noviembre de 2023 muestra que, salvo excepciones, las instituciones educativas gozan de buena situación. “Sin perjuicio de que las decisiones respecto de matrícula y oferta académica son potestad de las instituciones en razón de su autonomía, la evidencia no respalda una advertencia tan categórica como la que aquí se plantea”, señalan.
Al cierre, desde la Mayor, Manque hace una reflexión: “Subentendemos que la subsecretaría estaría empujando a los aranceles regulados como uno de los factores preponderantes para la modernización del CAE, por lo que sus efectos en otros tipos de financiamiento también deben transparentarse y ponderarse”.
