Este viernes, el representante de América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, expresó su “preocupación” por la situación ocurrida en la Macrozona Sur del país. Específicamente, ante la muerte del comunero mapuche Jordan Llempi (23) y los incidentes ocurridos en Cañete el pasado miércoles.

Jan Jarab, a través de un comunicado emanado por la entidad, instó a las autoridades nacionales a realizar una investigación “rápida, exhaustiva, rigurosa y eficaz de los hechos ocurridos en Cañete”. Además, “la investigación debería establecer las circunstancias de los hechos que derivaron en la muerte y lesiones de estas personas, así como la plena identificación de los responsables”, dijo el representante de la organización internacional.

Por su parte, también realizó un llamado al Estado de Chile, recordando que “el uso de la fuerza potencialmente letal para el mantenimiento del orden público, como el uso de armas de fuego, es una medida extrema a la que solo se debe recurrir cuando sea estrictamente necesario”, indicó.

En cuanto al Estado de Excepción Constitucional, instalado en cuatro provincias del Biobío y La Araucanía -Biobío, Arauco, Malleco y Cautín-, el delegado del alto comisionado de los Derechos Humanos indicó “especial preocupación” al posibilitar el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

“Los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control del orden público, ya que el entrenamiento que reciben no está dirigido a la protección y control de civiles, ni a la gestión de manifestaciones”, enfatizó Jarab.

Referencias a “actos terroristas” y justificar el uso de la fuerza para establecer el “orden público”

El representante del alto comisionado de la ONU de Derechos Humanos advirtió “preocupación” de que las autoridades justifiquen el uso de la violencia para establecer el orden público, “sin considerar a las víctimas. Así como las continuas referencias a ‘actos terroristas’ y los intentos de criminalizar a las personas lesionadas como resultado de ese empleo de fuerza”.

En ese sentido, Jarab condena el “espiral de violencia en la zona”, haciendo un “llamado al diálogo y reconocimiento de las demandas históricas de los pueblos indígenas”.