La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas llamó durante esta jornada a realizar una investigación “exhaustiva” de los hechos ocurridos el pasado viernes 2 de octubre en el Puente Pío Nono cuando un carabinero provocó la caída de un joven de 16 años hacia el Río Mapocho, en el marco de las manifestaciones que se realizaron ese día en el sector de Plaza Italia.

Además, valoró las indagaciones iniciadas por el Ministerio Público de manera pronta y expresaron solidaridad con el adolescente y su familia.

En un comunicado, el organismo internacional -que dirige la Alta Comisionada Michelle Bachelet- señaló que “es necesario investigar y, si procede, juzgar y sancionar no solo la responsabilidad individual del funcionario de Carabineros directamente involucrado, sino también investigar la eventual responsabilidad de los mandos a cargo de la operación, pues resulta especialmente preocupante la omisión de asistencia por parte de Carabineros a la víctima que tuvo que ser auxiliada por otros manifestantes y rescatistas civiles”.

Sobre esto, el representante de la entidad para América del Sur, Jan Jarab, indicó que “las y los rescatistas civiles merecen todo el reconocimiento y apoyo de la sociedad chilena”.

Por otra parte, manifestaron que “preocupa el continuo e incondicional respaldo a las fuerzas de orden y seguridad, pues son conductas reiteradas. Hago un llamado a que se identifiquen los patrones y analicen las causas que favorecen estas conductas”.

De acuerdo a la Oficina, lo ocurrido el pasado viernes “no es excepcional” sino que se suma a la “ya extensa lista de otros casos de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de orden" cometidas en el contexto de manifestaciones sociales, las cuales han sido reconocidas en diversos informes del ACNUDH, de Human Right Watch, Amnistía Internacional y del INDH.

Por este motivo, Jarab enfatizó en que es necesario una reforma profunda a las fuerzas de orden y seguridad “que tenga como pilares la profesionalización de sus agentes, formación de derechos humanos, subordinación a la autoridad civil y especialmente, mecanismos de rendición de cuentas en todos los niveles”.

Además, agregaron, es necesario abordar las causas estructurales de la conflictividad en la sociedad, como la desigualdad socioeconómica y la inequidad social: “El Estado debe proteger los derechos humanos de todas las personas en condiciones de igualdad y no discriminación”.

El domingo recién pasado, el juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el carabinero Sebastián Zamora (22) -a quien se le imputa el delito de homicidio frustrado- tras considerar que la libertad del uniformado representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Al mismo tiempo, fijó un plazo de investigación de 120 días y ordenó la prohibición de acercamiento de funcionarios de Carabineros al adolescente.

El director para las Américas de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, manifestó esta mañana en 24H que “el diagnóstico es claro. Carabineros es una fuerza que durante varias décadas, desde la recuperación de la democracia en Chile, no ha sido objeto de una reforma profunda”.

“Los distintos gobiernos a partir de Aylwin se han preocupado fundamentalmente de aumentar la dotación del personal y darles algunos instrumentos para el control de manifestaciones, pero no se ha hecho un esfuerzo serio por mejorar la capacitación, el entrenamiento de los suboficiales y oficiales, y en especial el contar con mecanismos rigurosos, confiables para preservar la disciplina al interior de Carabineros y sancionar ejemplarmente a aquellos que se aparte de los protocolos”, dijo.

Así, agregó que “mientras esas reformas no avancen en Chile, lamentablemente nuestro pronóstico es que este tipo de abusos, estas conductas donde se demuestra un evidente excesivo uso de la fuerza o un mal manejo de la fuerza, supuestamente no letal, van a continuar”.

“Carabineros es una institución que tiende a responder corporativamente a este tipo de denuncias, donde lo usual es el encubrimiento”, sostuvo Vivanco que agregó que “hay una resistencia histórica de los altos mandos de la institución en permitir una fiscalización de parte de las autoridades políticas de Chile, de eso no tengo duda”.