El piso 17 del Ministerio de Relaciones Exteriores fue el escenario de una reunión clave para el sector eléctrico chileno. Durante una hora y media, allí estuvieron reunidos los ministros de Energía, Diego Pardow; de Hacienda, Mario Marcel; de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; y la subsecretaria de de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, con un grupo de embajadores europeos y representantes de gremios del sector, en un esfuerzo del Ejecutivo por contener las preocupaciones en torno a la situación financiera que enfrentan las empresas de energías renovables.

Distintas empresas del Viejo Continente han mostrado sus preocupaciones desde inicios de 2023. El interés de las renovables en el país ha significado inversiones por casi 5 mil millones de euros, pero la gran cantidad de horas en las que el costo marginal al que se valorizan las inyecciones de energía es cero, ha estresado la situación financiera al punto que ya tres proyectos tuvieron que retirarse del sistema, y dos de ellos cayeron en insolvencia.

La reunión con los embajadores se dio en la antesala de la visita a Chile que hará esta semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, donde firmará la entrega de un fondo por $250 millones de euros para apoyar la estrategia de hidrógeno verde.

En la instancia participaron los embajadores de Alemania, Austria, España, Irlanda y de la propia Unión Europea, que es liderada en Chile por León de la Torre Krais, además de un representante de Italia.

Por los gremios estuvieron presentes Claudio Seebach, presidente ejecutivo de Generadoras; Jaime Toledo, presidente de Acera; Francesca Milani, presidenta de Acenor; Cristián Sepúlveda, gerente ejecutivo de ACSP; Matías Cox, director ejecutivo de GPM AG; y Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero.

Con el temor a que más empresas de energía renovables sigan cayendo como telón de fondo, Pardow repasó el conjunto de medidas que su cartera ha ido impulsando en lo que ha denominado como “segundo tiempo de la transición energética”, a la que recientemente se sumó un aspecto que apunta a solucionar el problema de corto plazo: la redefinición y reasignación de ingresos tarifarios. Se trata de una medida contemplada actualmente para casos puntuales de retrasos de obras en tramitación, pero cuyo alcance ahora busca extenderse con una mirada sistémica, y que será incluída dentro del proyecto de ley para la Transición Energética que ingresaría dentro de las próximas semanas al Congreso.

Según una minuta que se conoció previo a la reunión, en concreto la medida “permitirá reasignar los ingresos tarifarios a suministradores que presenten balances negativos (relacionado a sus costos de inyección y retiro), en los meses en que se detecten estos mayores montos, en comparación con valores históricos de la proporción en relación con la valorización anual de la transmisión nacional, y que se encuentren afectos a restricciones de índole espacial y no temporal, es decir, restricciones que se den cuando de manera simultánea exista un diferencial relevante entre los precios de inyección y de retiro”.

Según diversos participantes de la cita, si bien hubo una recepción positiva de la medida, ya que se reconoce la existencia de un problema, los reparos tanto de embajadores como de algunos gremios vinieron por los tiempos que toma la tramitación legislativa. “Varias empresas no van a llegar”, habrían comentado algunos embajadores cuando se planteó que, en el mejor de los casos, la reasignación de ingresos tarifarios entraría a regir en abril de 2024, si es que el proyecto avanza rápido.

Otra mala pasada se vivió cuando se dio espacio a los gremios para hacer comentarios. Allí, desde Acenor y el Consejo Minero expresaron cuestionamientos. “Se le sigue cargando la mano a la demanda”, dijeron unos, y otros apuntaron a Marcel, porque en la tramitación del royalty minero se había prometido cerrar el tema tributario, y reclamaron por el resurgimiento de la agenda de impuestos verdes.

Sin embargo, gremios como Generadoras y la Asociación de Concentración Solar de Potencia (ACSP), agradecieron la propuesta.

Claudio Seebach, de Generadoras, destacó que “el ministro expuso una agenda de cambios regulatorios de mediano y corto plazo”, donde remarcó que la reasignación de ingresos tarifarios “es una medida que nos parece razonable”.

“Es importante clarificar que son algunas empresas particulares que están en posiciones contractuales con problemas. Esta propuesta busca una solución sistémica, que puede en algunos casos generar beneficios, pero la regulación no tiene que estar pensada en empresas particulares sino con el bien común general”, dijo a Pulso.

En tanto, Jaime Toledo, presidente de Acera, si bien valoró la medida, mostró su preocupación por la velocidad con la que pueda avanzar el proyecto de ley comprometido.

“Las pérdidas que están experimentando las empresas renovables son extremadamente altas, son insostenibles e insoslayables en el corto plazo. En esa lógica, casi todos los proyectos son proyect finance y los bancos no van a esperar un largo tiempo por soluciones”, señaló a Pulso y remarcó la necesidad de tramitar el proyecto “en forma inmediata y con todas las urgencias que se puedan adoptar”.

Con todo, aseguró que tanto esta medida como la licitación de proyectos de almacenamiento “solucionan en parte el problema, pero el 90% sigue estando vigente porque no es posible que la energía limpia y renovable que no contamina se esté valorizando a cero, ese es el gran problema que tenemos”.