Cinco días han transcurrido desde que se inició el paro que desarrollan distintas organizaciones de camioneros en demanda de mayor seguridad en carreteras y una intervención fiscal para reducir los precios de los combustibles.
Dirigentes del gremio se reunieron con autoridades de gobierno este mediodía y se abrieron a dar término a la movilización. Sin embargo, las querellas por Ley de Seguridad del Estado ante los bloqueos de rutas fueron la piedra de tope.
“Avanzamos bastante”, dijo el presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Los Ángeles (Asoducam) y representante de los camioneros del sur, Freddy Martínez.
En la reunión, que duró casi dos horas, participaron el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve.
“El entorpecimiento de esto fue por las querellas”, aseguró Martínez.
El fin de la protesta era inminente. El acuerdo estuvo cerca de sellarse, pero el diálogo tuvo un vuelco.
“Nosotros hicimos un compromiso pre acordado antes de esta reunión, eso era tener las carreteras habilitadas para que pudieran transitar libremente las personas, eso nosotros lo cumplimos y ellos lo reconocieron y lo agradecieron. Y nosotros también pusimos una condición, que es una condición normal para protestas pacíficas como hemos llevado a cabo nosotros, que era que no hubieran querellas involucradas con nuestros dirigentes ni nuestra gente y con el avanzar de la reunión estábamos de acuerdo con ese punto, pero lamentablemente nos ha comunicado el ministro subrogante del Interior que eso no ha sido posible, por lo tanto, se interrumpieron las conversaciones”, explicó el dirigente.
Durante las negociaciones, conductores permanecían en sectores de la Ruta 68 y la Ruta 5 Norte detenidos con sus máquinas obstruyendo el normal flujo de vehículos.
Previo a la cita, los dirigentes indicaron que esperaban un consenso respecto a los valores de los combustibles e hicieron hincapié en el tema de seguridad.
“Hoy el entorpecimiento de esto fue por las querellas, y queremos decirles que nuestro reclamo a la comunidad, que nos entienda, es por salvaguardar la integridad física de nuestra gente, tenemos gente muerta”, agregó Martínez cuando la reunión ya había finalizado, a eso de las 14.00 horas.
Emplazamiento al gobierno
El presidente de la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte, Cristián Sandoval, a su vez, enfatizó que en este punto “la movilización sigue”.
“Nosotros vinimos a buscar de la mejor manera un trato digno con el gobierno. El gobierno en este momento está cerrando las puertas, vamos a hablar las cosas como son, yo hago responsable al gobierno de cualquier cosa o eventualidad que pueda pasar. Nosotros vinimos a dialogar, nosotros cumplimos los tratos que se dijeron con el gobierno, por favor señor Presidente usted está hoy en Chile, resuelva esto de la mejor manera”, expresó el líder gremial nortino.
Consultado por la protesta, en el marco de su vista a México, el Presidente Gabriel Boric señaló el jueves que el paro “afecta la vida de los chilenos y chilenas y no es contra el gobierno, es contra la ciudadanía”.
“He instruido a los ministros que utilicemos todas las herramientas del derecho para proteger el funcionamiento del país y proteger a los sectores más vulnerables. Es por ello que he decidido que recurramos a querellas por Ley de Seguridad del Estado”, señaló el Mandatario, justificando el uso de la norma que los dirigentes del gremio en paro exigen que se desista de su aplicación para terminar con el paro.
Se presentaron 31 querellas, 19 individualizadas, invocando las disposiciones de la LSE que indican que cometen delito contra el orden público “los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales de comunicación, de transporte o de distribución, y los que, en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, medios o elementos”.
Las querellas aluden también a la letra C del artículo 6 de la ley, que señala que también cometen delito contra el orden público “los que inciten, promuevan o fomenten o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen o impidan el libre acceso a puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes”.
Cinco personas fueron formalizadas tras la presentación de esas querellas, cuatro en la Región de Arica y Parinacota y una en la Región de Tarapacá.
