La Ley 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente traía consigo algunas modificaciones a otras normas para intentar mejorar la educación en Chile; entre ellas, la calidad de los profesores. Para ello uno de esos cambios propuestos junto a la nueva ley apuntaba a aumentar de manera progresiva los requisitos para acceder a estudiar pedagogía, pasando de 500 puntos mínimos, en 2017, a 550, en 2026.
Para la Admisión 2025, por ejemplo, se pide -por ahora- cumplir con uno de estos requisitos para postular: estar en el percentil 60 en las pruebas obligatorias (Matemática 1 y Competencia Lectora); estar en el percentil 50 o superior en pruebas obligatorias y tener un promedio de notas dentro del 40% superior de su establecimiento; que el promedio de notas de enseñanza media esté en el 20% superior de su colegio; aprobando Programas de Atracción de Talento Pedagógico y haber rendido pruebas de admisión; y en caso de estar inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad, los mismos requisitos anteriores, sin la exigencia de rendición de pruebas.
A sabiendas de esto que se viene, los rectores de universidades desde hace un tiempo le han comenzado a pedir al Ministerio de Educación replantear la pertinencia de la medida sobre alza de puntajes. Dicen que bajarían los estudiantes que ingresen a estudiar pedagogías, profundizando el déficit que el país tiene.
“Si bien es cierto que un sistema educativo de excelencia requiere de profesionales altamente capacitados, también es crucial considerar que las competencias docentes se desarrollan y perfeccionan a lo largo de su formación y práctica profesional. La PAES, aunque útil, no debe ser el único criterio para definir el potencial de un futuro maestro”, decía hace dos semanas, por ejemplo, Luperfina Rojas, rectora de la U. de La Serena.
Y mientras el Mineduc ya se abrió a realizar modificaciones legislativas y que apuntarán, acorde a conocedores, a que un estamento en particular se haga cargo de la fijación de requisitos, hay voces que plantean que actualmente el proceso ya es más flexible que el espíritu de la ley, que buscaba mejorar la calidad de los profesores.
Pero ¿qué tanto asidero tiene esto? Hoy por hoy la norma es clara en los umbrales de aquellos requisitos que implican estar dentro de ciertos percentiles para poder postular. Cuando se publicó, un artículo transitorio decía que para los procesos de admisión 2024 y 2025 “el cálculo del percentil del promedio de puntaje de las pruebas obligatorias (...) se realizará en base a los resultados obtenidos por todos los estudiantes que rindieron dichas pruebas obligatorias en diciembre del año 2021″. Ahí se fijó en 502 y 528 los puntajes respectivos para la condición del percentil 50 y del 60, cuando se daba la PSU y el puntaje máximo era de 850. Hoy el máximo es de 1.000, sin haberse cambiado los umbrales.
Juan Pablo Valenzuela, del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la U. de Chile, explica que “la coyuntura de la PAES y la redacción de la transitoriedad generó una flexibilidad mucho mayor a la esperada. Hoy la realidad es otra a la que se buscaba establecimiento los percentiles 50 y 60. Los números dicen que la matrícula crece y que hay cierto interés por estudiar pedagogía, pero son de estudiantes que salen del colegio con mucho menor desempeño académico. Se hace urgente retomar lo que la ley buscaba”.
En la Subsecretaría de Educación Superior explican que el Decreto 85 (promulgado en agosto de 2023) actualizó el Decreto 239 de 2016. Entre sus artículos, añaden, precisamente se ajustó transitoriamente para los procesos de admisión 2024 y 2025 la base de cálculo. Añaden que la determinación del puntaje fue en acuerdo con el DEMRE y el asesoramiento de un comité técnico de expertos en psicometría, con la colaboración de las universidades adscritas al Sistema de Acceso.
“En el proceso centralizado de Admisión 2024 la totalidad de las personas matriculadas en carreras acreditadas de pedagogía cumplieron con alguna de las condiciones de habilitación para postular a las mismas, respetando la normativa vigente”, aseveran desde la subsecretaría.
El tema, dicen los expertos, es que si bien cumplieron, esos puntajes hoy están a una distancia considerable de la realidad, es decir, que los 502 y 528 puntos fijados como umbral no se acercan al percentil 50 y 60 efectivamente obtenidos por quienes rindieron las pruebas en 2023 y 2024, lo que, añaden, implica que una proporción importante de matriculados haya sido habilitado “adicionalmente”, o dicho de otra forma, en contra del espíritu de la ley, lo que aleja más la búsqueda de las personas más talentosas para ser profesor.
Según cálculos de Elige Educar, basados en los datos públicos del Centro de Estudios del Mineduc, en realidad el umbral para la admisión de 2024 fue el percentil 23 (en vez de la condición que busca el percentil 50) y el percentil 31 (en vez de la condición del percentil 60).
Para Verónica Cabezas, directora ejecutiva de Elige Educar, la discusión publica actual está omitiendo esta información. “Tiene que darse una discusión informada. Un cuarto de los que se están matriculando está bajo el estándar académico del espíritu de la ley. Ya retrocedimos y hay que volver a sentarse a la mesa, discutir y volver gradualmente a lo que buscaba la ley y hacer efectivo lo del percentil 50″, dice, argumentando que no todas las universidades pueden nivelar, como lo han dicho algunos rectores. “Obviamente requiere de una política integral, pero la evidencia dice que la selectividad es lo más adecuado y lo que explica la calidad del egresado y su desempeño posterior en ejercicio”.
Y añade: “Replantearlo no va en contra de las vía de inclusión. Nosotros compartimos que hay déficit, pero esto de postergar los requisitos no es una solución sostenible a largo plazo. Acá esta en juego la calidad del sistema educativo”.
Sus cuentas dicen que en la Admisión 2023 el percentil 50 efectivo fue de 577 puntos, por lo que hubo 3.281 personas matriculadas en pedagogía que obtuvieron entre 502 y 577 puntos, con lo que podría decirse que fueron habilitados de forma “adicional” al espíritu de la ley, lo que representa al 26% del total de nuevos ingresos. Y que en la Admisión 2024 el percentil 50 efectivo fue de 586,5, con lo que hubo 3.541 matriculados “adicionales”, es decir, un 26,8% del total de nuevos ingresos que tuvieron algún puntaje entre la norma y el percentil “bien calculado”. Ninguno de ellos cumpliendo la condición de estar dentro del 30% de mejores notas de su establecimiento.
Para Harald Beyer, exministro de Educación y hoy académico de la Escuela de Gobierno de la UC, en el escenario actual “promover que las exigencias de entrada al estudio de pedagogía deben mantenerse, cuando incluso están, en rigor, por debajo de las que se legislaron en 2016 para este momento, es un error. No tiene en mente que superar los mediocres desempeños educativos de nuestros niños y jóvenes supone allegar profesores más efectivos a la sala de clases y la literatura especializada es contundente en señalar que ello se vincula con sus aptitudes académicas”.
Sin embargo, desde la subsecretaría reseñan que el espíritu de la ley no es dejar sin profesores al país y que a ocho años de su promulgación “existe un diagnóstico sobre el acceso que es compartido con los actores del sistema, y es por ello que, como Mineduc enviaremos al Congreso una modificación legislativa que permita avanzar hacia una solución definitiva respecto de los mecanismos para el ingreso a las carreras de pedagogías”.
Por su parte, Elisa Araya, rectora de la U. Metropolitana de Ciencias de la Educación, cree que la pregunta que cabe es si la norma ayuda a tener más y mejores profesores, considerando la escasez de estos profesionales. “Hay un enorme déficit y la ley fija criterios que no solamente no ayudan a suplirlo, sino que lo aumenta. Por otro, la ley es exigente en un criterio de puntajes, con percentiles, pero no toma en cuenta otras experiencias que tienen las universidades que forman profesores (...) los cuales generan también resultados similares en desempeño con las personas que ingresan por la vía regular de puntajes”, cree, antes de concluir que “no se trata de que no se esté respetando la ley o la norma, sino que pareciera ser que hay que ajustar dicha legislación porque no está ayudando al propósito con que fue creada”.
Pero Beyer retruca a quienes defienden la idea de postergar las exigencias de ingreso debido a la escasez de docentes: “Se usa mucho la idea de que pronto faltarán profesores. Pero faltan estudios que atestigüen esta realidad con mayor precisión”. Y suma: “Uno entiende la preocupación por las matrículas que expresan los rectores, pero el foco debería estar en el aprendizaje de los estudiantes. También es razonable pensar en otras vías de admisión, siempre que éstas muestren un vínculo con la efectividad de los docentes en el aula. El mero interés en la pedagogía lamentablemente no asegura esa condición”. De hecho, cree que la actual es “una exigencia blanda, porque no se está apelando a los puntajes de las carreras más selectivas”, y que se debería esperar al menos “que la distribución de puntajes ponderados de pedagogía sea similar al de todos los demás seleccionados en las universidades”.
En una línea similar, desde el CIAE, Valenzuela dice que la evidencia internacional es muy robusta en cuanto a que los estudiantes de educación secundaria con buen desempeño van a tener mejores logros como docentes. “Lo que no puede pasar es creer que cualquiera puede estudiar pedagogía y todo lo va a corregir una formación universitaria”, señala. Y cierra: “Cuando fuimos poco exigentes llegamos a una carencia enorme de competencias”.
Visto lo expuesto, a Ernesto Treviño, investigador principal del Centro de Justicia Educacional UC, le parece que “se deben mantener los requisitos. Pero de nada servirá si al final no tenemos docentes formados que atiendan a los estudiantes. Es un difícil balance entre cantidad y calidad, en un contexto donde ambas son deficitarias”.
