Eventuales irregularidades en la designación de la seremi de Vivienda de la Región Metropolitana, Carolina Casanova, es lo que pretende dilucidar el diputado Juan Irarrázaval (P. Republicano) vía una presentación ante la Contraloría. Esto, porque, a su juicio, el nombramiento escaparía a toda norma, pues la funcionaria había sido sancionada con la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.

De acuerdo con antecedentes que expondrá el parlamentario ante el organismo liderado actualmente por Dorothy Pérez, la abogada y arquitecta habría sido designada en el mencionado cargo tras ser absuelta en un sumario administrativo que tuvo origen en agosto de 2018 y en medio del cual se había resuelto “castigarla”. Sin embargo, como postula Irarrázaval, esa resolución se anuló de manera irregular y, por tanto, el nombramiento sería “ilegal”.

Como se desprende de los documentos que serán acompañados por el diputado, fue en octubre de 2023 que el seremi subrogante emitió la resolución que dio por absuelta a Casanova y a otros dos funcionarios que eran indagados. Esto posibilitó, entonces, que el 7 de noviembre fuera designada por el ministro Carlos Montes como seremi, obviándose las inconsistencias.

Por lo mismo, Irarrázaval recalcó que sólo se estaría buscando “blanquear” los antecedentes de la seremi, y solicita que Contraloría así lo determine.

Como adelantó el diputado a La Tercera, solicitan a la entidad “que aclare por qué un sumario que se generó por orden de ella, cuando asume el ministro Montes, queda en nada. La recientemente nombrada seremi de Vivienda, de acuerdo a un sumario seguido en su contra, fue sancionada, pero llega el ministro Montes y misteriosa e ilegalmente se cierra el sumario sin establecer ningún responsable”.

“A estas alturas no nos extraña, lo del ministro ya no es indolencia o falta de diligencia, es desfachatez y complicidad con la falta de transparencia. No hay ánimo de enfrentar la corrupción, no hay ánimo real de mejorar los procesos frente a este caso. El ministro está preocupado de mantener su pega y la de sus amigos, sin importar que atravesamos la peor crisis habitacional y también la peor crisis de corrupción de la historia de Chile”, complementó.

El origen del caso

Según se expondrá por parte del parlamentario, el caso contra la actual autoridad se originó luego de que Contraloría ordenara, en 2018, a la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda determinar responsabilidades administrativas, entre las que se encontraba la de Casanova, respecto a un oficio ordinario en donde no se aplicó una medida de suspensión en contra de una Entidad de Gestión Inmobiliaria Social, lo que a juicio del órgano controlador, era una infracción gravísima.

Así, se inició el sumario en que inicialmente se determinó aplicar la medida disciplinaria de destitución en contra de la hoy seremi, aunque la cartera determinó en octubre pasado el cierre de ese proceso y, con ello, la absolución de los funcionarios públicos inculpados. Argumentaron, en ese momento, que la acción disciplinaria se encontraría prescrita para perseguir la responsabilidad administrativa por falta de probidad.

Pese a ello, el diputado republicano insiste en que los plazos aún están vigentes y que la medida que le fue impuesta a Casanova debe ser mantenida.

En ese sentido, Irarrázaval aseguró: “Esperemos que la Contraloría aclare esta situación, y que el Congreso también tenga las cosas claras y dé una señal a Chile que en temas de corrupción ya tocamos fondo y venimos de vuelta y no se tolerará más este tipo de situaciones. Los chilenos ya no aguantamos más y queremos una señal de la clase política de que están en sintonía con ellos y la probidad”.

Consultados al respecto, en todo caso, desde el Ministerio de Vivienda indicaron que “al momento de su designación no la afectaba ninguna inhabilidad para asumir el cargo. Tampoco es efectivo que fue destituida de su cargo por un sumario administrativo. Consta de los antecedentes tenidos a la vista y que son remitidos a la Contraloría al momento de su nombramiento, que no había inhabilitación”.