Plan Araucanía: 440 personas se han inscrito como víctimas de ataques

Se trata de uno de los puntos clave del Acuerdo Nacional por la Paz y Desarrollo de La Araucanía, la iniciativa del gobierno del Presidente Sebastián Piñera para superar los conflictos en la zona y motivar la inversión pública y privada en la región. Y para eso, la seguridad es prioritaria y también las compensaciones a los afectados.

Aunque el acuerdo es coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, lo correspondiente a seguridad está a cargo del Ministerio del Interior, que a través de las intendencias regionales inició un catastro de víctimas de violencia rural en la macrozona; es decir, en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Y a cinco días del anuncio, ya existen 440 personas inscritas como víctimas de atentados de diversa índole.

Así lo informaron desde la Subsecretaría del Interior, donde especificaron que cada uno de estos casos cuenta con un rol único de causa en la fiscalía y que beneficiará, a diferencia de lo que se venía haciendo hasta ahora, no solo a emprendedores y empresarios, sino que también a personas naturales y agrupaciones sociales, como por ejemplo las iglesias.

Según explicó el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, a La Tercera, "lo que se ha hecho es expandir quiénes han tenido acceso a poder usar esto. En primer lugar se hizo un catastro desde que el tema se inició, en la década de los 90, hasta ahora, y no dejar a esa gente afuera".

Según la información que manejan las autoridades, a raíz de los datos recopilados por Carabineros, este año se han registrado 322 hechos de violencia rural en la macrozona, lo que se traduce en un 10% más que el mismo periodo de 2017. El peak se registró en abril, con 58 actos ilícitos vinculados a este tipo de conflictos (ver infografía).

El plan del Ejecutivo contempla que la Subsecretaría de Prevención del Delito generará un traspaso de $ 1.500 millones para financiar la reconstrucción, mejoramiento o equipamiento para la infraestructura dañada.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, indicó que "para los microempresarios y agricultores habrá programas con Corfo; para aquellos que tuvieron la quema de sus viviendas, habrá subsidios, y para quienes sufrieron la destrucción de su infraestructura de trabajo, los ayudaremos a reconstruirlas y dar un paso hacia adelante para continuar con sus actividades".

También se facilitará el acceso a subsidios habitacionales, tanto para familias vulnerables como de sectores medios que han sido víctimas de hechos de violencia y se encuentren inscritas en el registro.

Sin embargo, no solo habrá compensaciones económicas ni incentivos para fomentar proyectos de emprendimiento, a través de Corfo o Sercotec, sino que también se pondrá en marcha un programa de apoyo psicológico para víctimas de violencia rural, a través de las oficinas de Interior.

"Esto es una colaboración frente a los daños, de manera que la persona pueda volver a empezar", agregó el ministro Moreno.

Por su parte, el intendente de La Araucanía, Luis Mayor, agregó que "lo que se hace aquí es cumplir una promesa del Presidente Piñera de acoger a las víctimas, que en estas situaciones son mapuche y no mapuche, a través de indemnizaciones por sus pérdidas, o bien a través de créditos blandos para el reemprendimiento, que serán gestionados conjuntamente entre Sercotec, Corfo y BancoEstado".

Eso sí, también hubo críticas sobre esta iniciativa. El vicepresidente de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche, Adolfo Millabur, sostuvo que "cuando se habla de violencia rural y víctimas se pierde la discusión de fondo, porque si hablamos de víctimas, estas existen desde 1860, cuando el Estado chileno comenzó a reprimir a los mapuches. Acá se está reduciendo esto a los últimos años y no corresponde".

En tanto, con recursos del año 2017 se beneficiaron 95 micro, pequeños y medianos empresarios que vieron afectadas sus actividades económicas por eventos de violencia rural, según la Subsecretaría de Prevención del Delito. Para este grupo de personas se le entregaron, en total, $ 2.821 millones.

Las principales pérdidas de los beneficiarios fueron en maquinarias agrícolas, vehículos de trabajo e infraestructura productiva, los que son considerados como elementos fundamentales para la realización de sus actividades económicas.