Ante la Policía de Investigaciones (PDI) tuvieron que declarar los concejales de Rancagua Hugo Guzmán (Ind.-RD), Emerson Avendaño (Ind.-PEV), María del Carmen Orueta (RN) y Valentina Cáceres (PEV) por los presuntos delitos de cohecho denunciados por una empresa que optaba a ganar una licitación en la comuna.
La declaración de los ediles se da en medio de las indagatorias encargadas por la empresa Centro de Custodia de Vehículos Infractores (CCVI) luego de que en abril del año pasado presentara una querella por los delitos de cohecho y amenazas en contra de las cuatro autoridades, a quienes acusa de haberlos amenazado para que ellos pudieran votar a favor de que la empresa se ganara la licitación para el corral municipal.
El texto judicial que gatilló la declaración reciente de los concejales ante la policía civil, sostiene que el 24 de marzo del 2023 los cuatro ediles concurrieron hasta el estacionamiento, “se presentaron en dicha sucursal, conjuntamente, coludidos y de manera irregular, señalando el querellado Sr. Hugo Guzmán Millán, en representación de los demás que: ‘Queremos tomar contacto con los encargados de la empresa ya que la Ilustre Municipalidad de Rancagua está efectuando la convocatoria a licitación pública para que particulares desarrollen los servicios de aparcadero en la comuna, ya que la entidad edilicia debe cesar el funcionamiento del aparcadero municipal que actualmente proporciona el servicio, (...) y le dejo mi número telefónico para que los directivos tomen contacto conmigo’”.
En esa línea, la querella agrega que el concejal Guzmán, “aprovechando la información privilegiada con la que cuenta el querellado recién citado y de que estaba únicamente con el encargado de la sucursal, manifestó que: ‘La Muni va a licitar el servicio, dígale a su jefe que converse con nosotros, ya que nosotros podemos ayudarlo si nos ayuda con algo, porque nosotros cuatro votamos siempre en bloque’”.
Además de eso, la querella agrega que el concejal Avendaño se paseó por el interior del estacionamiento privado, indicándole al trabajador que estaba en el lugar que tenían que agrandar el espacio para ganarse la licitación, ya que según la información a la que él tenía acceso se requeriría un lugar más grande.
Por último, la querella apunta nuevamente al concejal Guzmán, quien antes de dejar el lugar le habría insistido al encargado del lugar que “tomen contacto con nosotros lo más próximo posible, ya que se va desarrollar el concejo comunal para adjudicar la licitación”, junto con negarse a firmar el libro en el que se dejaba constancia que los cuatro concejales visitaron el recinto.
La querella de la empresa Centro de Custodia de Vehículos Infractores (CCVI), además de solicitar las declaraciones que se efectuaron, también entrega una serie de antecedentes para sostener que los ediles habrían incurrido en los delitos por los cuales tomaron acciones legales en su contra.
