Postergan juicio abreviado contra exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera: no se fijó nueva fecha

En el 15° Juzgado de Garantía de Santiago se esperaba que hoy se realizara el juicio abreviado contra el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, quien es investigado por delitos de corrupción y se encuentra con la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Sin embargo, fue postergada. Y sin fecha de reposición. Esto debido a que el abogado Mauro Figueroa, que no es titular en la causa, señaló que su colega a cargo del caso debió ausentarse y que él no tenía conocimiento de la carpeta. “A nosotros se nos encomendó hace minutos, antes de empezar, tomarla (la causa) porque el abogado titular Mario Vargas se encontraba con alguna contingencia en puntual”.

El ex jefe comunal fue formalizado por la Fiscalía Sur el 26 de julio de 2021 por los delitos de enriquecimiento ilícito, que habrían ocurrido desde enero de 2013 hasta septiembre de 2017; cohecho, entre 2014 y 2016, y lavado de dinero, entre febrero de 2013 y mayo de 2017.

Según se informó en julio, la fiscalía habría acordado con la defensa que, en juicio abreviado, el acusado acepte su responsabilidad en los dos casos de sobornos imputados y así se acuerde una condena de 819 días, siete años sin ejercer cargos públicos y una multa de casi $20 millones.

Asimismo, el abogado querellante Guillermo Garrido también manifestó no tener conocimiento total de la causa. Con estos antecedentes, sin acordar los delitos que se imputarán, si son todos los acusados o solo cohecho, no se pudo fijar la pena. Por lo tanto, la jueza Mariela Hernández dijo que “las condiciones del abreviado no están. Yo no voy a fijar una nueva fecha hasta que las condiciones estén completamente acordadas (...). Lo que no está acordado es la pena, los delitos, que es fundamental”. Según informó la fiscalía, se podría resolver en juicio oral.

En julio, Aguilera salió de la cárcel tras estar un año tras las rejas, luego de que la Corte de Apelaciones de San Miguel resolviera cambiar la medida cautelar ante la solicitud de la defensa del acusado. El 25 de julio se fijó un plazo de 90 días de investigación.