Tras múltiples conversaciones con los parlamentarios de los diferentes sectores, finalmente el Presidente Gabriel Boric dio un giro y sorprendió al informar -por medio del Ministerio de Justicia- que su tercera carta para presidir el Ministerio Público por los próximos ocho años es el abogado Ángel Valencia.
La decisión del Mandatario se produce luego de que el Senado le rechazara dos postulaciones previas, la del fiscal José Morales y la de la abogada Marta Herrera. Situación que llevó al Jefe de Estado a llamar al presidente de la Suprema, Juan Eduardo Fuentes para ver la posibilidad de realizar un nuevo concurso, lo que finalmente fue desechado por el Máximo Tribunal al completar una vez más la quina.
La determinación se da tras varias semanas en que el gobierno se había resistido a su nombre, pero finalmente cedieron ante la presión de senadores que desde un primer momento lo tenían como su “preferido”. Esto, pese a la preocupación manifestada por sectores feministas, dado el rol que desempeñó como abogado de imputados por abuso sexual.
De hecho, durante la sesión de la Comisión de Constitución donde se revisó el nombre de Marta Herrera para el cargo, el presidente de la instancia Matías Walker le preguntó a la ministra de Justicia, Marcela Ríos sobre los cuestionamientos que hubo desde el gobierno, y en específico de parte de la titular de la Mujer, Antonia Orellana, hacia Valencia.
Ahí la secretaria de Estado reconoció que su par de la Mujer manifestó “preocupación”: “Otra cosa es que las organizaciones de mujeres y que luchan contra la violencia de género y la propia ministra (Orellana), que tiene un mandato específico de preocuparse por esas materias, hayan manifestado una preocupación”, dijo.
En tanto, Orellana consultada por el tema un día después indicó que “hemos manifestado eso, de hecho a ustedes mismos, que la preocupación del Ministerio de la Mujer respecto de la Fiscalía tiene que ver con los malos resultados que tiene la Fiscalía en perseguir y sancionar la violencia contra las mujeres”.
Otro de los cuestionamientos en su contra era su cercanía con RN, especialmente, por haber compartido estudio jurídico con Alberto Espina y Gonzalo Cisternas.
Sin embargo, ahora el apoyo vendría de distintos bloques políticos, lo que resultó clave para que La Moneda se decidiera por su nombre.
Como comentaron fuentes del Senado, su trayectoria lo avala. “No se podía vetar a alguien por las defensas jurídicas que realizó”, comentaron. Y en la misma línea, otros personeros agregaron que “en Chile el único límite de este punto es para el caso de tráfico de drogas, donde existe una inhabilidad para ser funcionario público”.
En el comunicado donde se oficializó la postulación, el gobierno destacó que “el señor Valencia es abogado de la Universidad de Chile y cuenta con un Master of Laws (LLM) de la California Western School of Law. Además, se desempeña como académico de la Universidad Alberto Hurtado desde el año 2000 y ha sido docente de la Universidad San Sebastián, la Universidad Finis Terrae, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Valparaíso”.
Y que “entre los años 2002 y 2006, el señor Valencia trabajó en el Ministerio Público, como abogado asesor de la Fiscalía Regional de Aysén, y como Fiscal Adjunto en las Fiscalías de Valparaíso y Metropolitana Sur. Desde el año 2006, el señor Valencia se ha desempeñado en el libre ejercicio de la profesión de abogado, especializándose en la litigación de causas penales”.
Ahora, será el turno del Senado, instancia que deberá revisar las credenciales del persecutor, escuchar su plan de trabajo y definir si visa, por 2/3, su designación. De hecho, la Comisión de Constitución de la Cámara Alta citó a las 11.00 del lunes para analizar la postulación y en la tarde será el turno la sala de la Corporación para determinar si Valencia liderará o no el Ministerio Público por los próximos 8 años.
Ministra Ríos: “Creemos que el país necesita que la tercera sea la vencida”
Una vez conocido el nombre la ministra de Justicia Marcela Ríos, quien ha sido cuestionada por el rol que ha jugado en el proceso, abordó con la prensa la designación de Valencia.
“Creemos que el país necesita que la tercera sea la vencida. Esto es importante para los chilenos y chilenas. No es un gallito político. Esto es un órgano esencial para la administración de la justicia. Nosotros esperamos contar con el apoyo del Senado (...) Nosotros tenemos toda la convicción de que podemos contar con un apoyo y estamos trabajando para aquello”, indicó.
Consultada sobre si el gobierno había cedido a la presión del Senado, quienes habían transmitido al gobierno su preferencia por Valencia, la titular de Justicia aseguró que “nosotros acá lo que nos preocupa son los intereses de los chilenos y chilenas. El Presidente ha sido muy claro en este tema. Esto no se trata de un gallito o de quién gana o quién pierde en la esfera política. Esta es una preocupación de los ciudadanos y ciudadanas y nosotros esperamos .que esto avance por eso. No tenemos ninguna preocupación que no sea el bienestar de los chilenos y chilenas como primera preocupación”.
Finalmente y sobre los cuestionamientos a Valencia que, según trascendió, surgieron desde el mismo gobierno a su candidatura, respondió que “nosotros no nos podemos hacer cargo de trascendidos o comentarios que no sean nuestras opiniones. Nosotros acá cada vez que hemos nominado una candidatura hemos enfatizado que nosotros no hemos nominado a una persona centrándonos en los problemas o trascendidos de prensa respecto del resto de candidaturas. Lo que hemos hecho es buscar a la mejor persona para este cargo. Hemos sido siempre muy claros respecto de nuestras preferencias, hemos tomado en cuenta los programas y propuestas para la Fiscalía y también las conversaciones con el Senado. Porque quiero recordarles que este es un proceso donde intervienen los tres poderes del Estado”.
“Nunca hemos manifestado como gobierno, respecto de ninguno de los candidatos, aprensiones para no elegirlo. Lo que nosotros hemos hecho es enfocarnos en las competencias, currículum y propuestas que tienen los y las candidatas para poder liderar la Fiscalía Nacional”, cerró.
Defensor y académico
Valencia, que se sumó a la quina con el apoyo de 17 ministros de la Corte Suprema, es abogado penalista de la Universidad de Chile y tiene 53 años. Tiene un máster en Derecho con especialización en litigación oral y actualmente cursa un doctorado en la Universidad de Salamanca.
Entre el año 2000 y 2002, trabajó en la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal en el Ministerio de Justicia, desempeñándose como subcoordinador. Luego de ello, y hasta 2006, trabajó en el Ministerio Público cumpliendo funciones, primero, como abogado asesor en la Fiscalía Regional de Aysén y, luego, como fiscal adjunto en Valparaíso y Santiago.
Actualmente es profesor con dedicación parcial de la Facultad de Derecho de la U. San Sebastián, y en los Diplomados de Litigación Oral y Proceso Penal de la U. Alberto Hurtado. Asimismo, ha prestado por largo tiempo asesoría en el ámbito legislativo.
Por estos días, en su rol como penalista, estuvo a cargo de las defensas de Rafael Garay, Bruno Villalobos y Luis Barría, entre otros. También fue abogado de la ANFP. Adicionalmente, es uno de los abogados con los que cuenta la Asociación Nacional de Fiscales, aunque al presentarse como candidato a fiscal nacional, congeló sus labores.
Su cercanía con la política
No es un secreto que el paso de Ángel Valencia por la U. de Chile le dejó varios y amigos y conocidos que hoy están en la escena política. Entre ellos, es especialmente cercana la relación que mantiene con el presidente del Senado Álvaro Elizalde, a quien conoce desde la época de colegio y quien hoy es su “compadre”, pues cada uno es padrino del hijo menor del otro.
Es relevante, además, la amistad que mantiene con el secretario del Senado, el exfiscal Raúl Guzmán. Él, de hecho, lo habría ayudado a posicionarse en la Corte Suprema, dada la experiencia que adquirió cuando también intentó llegar a la cabeza de la Fiscalía Nacional, en 2015.
Pero la simpatía que genera este abogado va más allá y, por lo demás, es transversal. Por ejemplo, desde el PPD lo miran con buenos ojos a raíz de la denominada causa “Publicam”, en la cual representó a la actual ministra Carolina Tohá. Además, en 2021, representó al otrora canciller Heraldo Muñoz, quien se querelló contra el periodista Casto Ocando, quien lo acusó de tener cuentas ocultas en el extranjero.
Asimismo, en 2020, fue elegido por el entonces ministro Mario Desbordes (RN) para que lo representara ante una querella interpuesta por víctimas de trauma ocular en el contexto del estallido social. Asimismo, hay vínculos familiares que lo ligan con Renovación Nacional, ya que es yerno del exdiputado Juan Enrique Taladriz, reconocido dirigente de la tienda en el sur del país.
Cercanos a Valencia, además, comentan que en la universidad también fue compañero de la actual canciller Antonia Urrejola, de Fernando Atria, de los ministros de Corte Pablo Droppelmann, Danilo Quezada, Graciela Gómez y Sergio Troncoso, de la fiscal Macarena Cañas, entre varios otros.
Una Fiscalía “que sirva”
En su ponencia ante la Corte Suprema, el 7 de noviembre, Ángel Valencia hizo hincapié en que a la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, “le hemos opuesto la persecución penal desorganizada”. Por ello, sostuvo que urge tener “una Fiscalía que sirva”.
Como expuso, en lo inmediato sería necesario crear una “Fuerza Antidrogas y contra el Crimen Organizado”, de carácter supraregional. Asimismo, aseveró que las amenazas contra las diferentes autoridades “deben ser perseguidas con la mayor severidad”.
En materia de violencia rural, dijo que es urgente contar con un protocolo entre el Ministerio Público y Carabineros para la ejecución de las medidas de protección oportunas y eficaces.
“Urge mantener una relación permanente con las diversas agrupaciones de víctimas de manera de responder oportunamente a sus necesidades. Similar trabajo deberá realizarse para la Macrozona Norte y su actual realidad delictual”, enfatizó.