Para la mayor parte de las familias, el fin de febrero está asociado al término de las vacaciones, la llegada de marzo y las obligaciones del año escolar. Para la familia Moya Alomonacid, sin embargo, la fecha tiene un significado doloroso por el homicidio de la pequeña Tamara la noche del domingo 28 de febrero de 2021 en una mortal encerrona en Huechuraba.

Este viernes la justicia dio a conocer la condena que deberán cumplir dos de los responsables de la muerte de la pequeña.

El Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a Alan Gallardo Vilches a la pena de presidio perpetuo calificado. El sujeto pasará el resto de su vida en la cárcel y sólo en 40 años podría solicitar algún beneficio penitenciario. En tanto un segundo imputado, menor de edad en la fecha del crimen, de iniciales P.A.V.J. deberá cumplir 10 años de internación en régimen cerrado.

Tamara Moya fue baleada un día antes de ingresar a kínder básico cuando viajaba a su hogar junto a su madre. Venían desde Casablanca, cerca de las 22.00 horas cuando un automóvil les cortó el paso y un sujeto disparó hacia el asiento trasero, por el lado derecho del vehículo en que viajaba la menor. La bala calibre 9 milímetros atravesó el vidrio e impactó en la niña.

Los dos condenados fueron apresados a dos meses del crimen. Un tercer implicado murió baleado unas semanas antes de que cayeran sus compañeros por un carabinero de civil que repelió el robo de un vehículo.

El pasado 8 de junio fueron declarados culpables del delito de robo con homicidio.

La violenta muerte de la pequeña causó conmoción en el país e inspiró la lucha de sus padres, que impulsan en el Congreso la denominada “Ley Tamara”, buscando endurecer las penas para quienes cometan robos con homicidio contra niños y ancianos. Coincidentemente, tras el transversal respaldo que tuvo en la sala del Senado en mayo, cuando se aprobó la idea de legislar en su segundo trámite, se fijó el 17 de junio como plazo para presentarle indicaciones.

Fiscal por responsabilidad adolescente: “El sistema ha fracasado”

Revisión de cámaras de seguridad, registros telefónicos, búsqueda de vehículos en registros de autopistas, entrevistas a testigos, personas que muchas veces temen represalias, son parte de las labores que realizó la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte en coordinación con la Policía de investigaciones para esclarecer el caso.

“Estamos conformes porque creemos que las penas son las penas mínimas que uno debe considerar para personas que pusieron en peligro a muchas personas, pero además mataron a una niña”, señaló el fiscal José Morales.

El persecutor deslizó una crítica al sistema de responsabilidad penal adolescente ya que el menor de los condenados ya tiene 18 años de edad.

“Tenemos un sistema de responsabilidad penal adolescente que establece máximos de pena, lamentablemente el sistema ha fracasado completamente en sus afanes de resocializar a estas personas, de reinsertarlos, por lo tanto, es un sistema que requiere con urgencia que pueda mejorarse y evitar que estas personas sigan cometiendo delitos”, sostuvo.

Respecto a los condenados, explico que se trata “de jóvenes que vivían en la comuna de Quilicura, desertores del sistema escolar, con infracciones de adolescentes, que iban creciendo en cuanto a la gravedad, personas que empezaban cometiendo hurtos, después robos por sorpresa y luego delitos de mayor gravedad”.