La Fiscalía de Local de Calama formalizó por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible al exalcalde de la comuna minera, Daniel Agusto Pérez, en el llamado caso Comdes, en el que se indaga la adquisición de un inmueble particular con fondos de la salud primaria municipal.
Accediendo a una petición del Ministerio Público, el Juzgado de Garantía dispuso para el imputado la medida cautelar de prisión preventiva para el exalcalde, que también fue delegado presidencial de Antofagasta en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, por peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga.
Según se expuso en audiencia realizada la tarde de este viernes, a cargo de los fiscales Gabriel Zepeda y Cristian Aguilar, en junio de 2017 la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes) de Calama suscribió con una entidad bancaria un convenio por 255 millones pesos, el cual tenía por finalidad contribuir al fortalecimiento de la educación municipal.
Negocio con vínculos familiares
En este contexto, de acuerdo al Ministerio Público, sin mayor deliberación, un comité integrado por los exdirectivos de la Comdes de Calama, Gregorio Rodríguez Jaure, Jubitza Tapia Pérez, Carlos Brito y María Calderón Calderón (todos formalizados en causa separada), habría definido que tales recursos serían empleados en la construcción de una Clínica Dental, disponiendo para estos fines la compra de una vivienda perteneciente a una sucesión hereditaria que integra, entre otros, la imputada Jubitza Tapia, familiar consanguíneo colateral en cuarto grado de Daniel Agusto, y la madre ella, también pariente del exalcalde.
En una reunión posterior, ante la imposibilidad de usar los fondos ofertados por la entidad bancaria, los imputados habrían acordado financiar la compra del inmueble con fondos destinados a la salud primaria de la comuna.
No contando el proyecto de la Clínica Dental con la aprobación de las respectivas secretarías regionales ministeriales o la Intendencia de Antofagasta de entonces, posteriormente se propuso la creación de un “Centro de Integración Educacional”, pero manteniendo la decisión de comprar el inmueble particular de vinculado a la prima hermana del exalcalde, que finalmente adquieren en la suma de 190 millones de pesos en enero de 2018.
Con respecto a la figura local de Renovación Nacional (RN), la Fiscalía de Calama sostuvo que, al momento de los hechos Agusto era el alcalde en ejercicio de Calama y presidente de la Comdes, calidad en la que tuvo conocimiento del contrato de compraventa de la casa en que interviene su familiar y que fue pagado con fondos de la salud municipal.
De esta manera -se indicó- Agusto habría desatendido obligaciones del artículo 61 de la Ley 18.883, de ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y de la actuación del personal de su dependencia, como también las obligaciones funcionarias del artículo 58 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que indica que el alcalde debe observar estrictamente el principio de la probidad administrativa regulado por la Ley 18.575 y demás disposiciones especiales.
Se fijó un plazo de investigación de 90 días.
