Proyecto para reponer expulsión de migrantes condenados por Ley de Drogas inicia tramitación en el Congreso: oposición critica que “fomenta la impunidad”

Un 61,7% de los extranjeros privados de libertad están recluidos por delitos vinculados a la Ley de Drogas. Con ese dato empezó su alocución la ministra de Justicia, Marcela Ríos, en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, en el marco del inicio de la tramitación del proyecto de ley enviado por el gobierno para reponer las expulsiones judiciales de migrantes condenados por la Ley 20.000 en la normativa de Migración y Extranjería.

Durante la tarde de este lunes, la iniciativa enfrentó su primer paso legislativo en la Cámara de Diputados: su discusión en general en la Comisión de Seguridad Ciudadana, pero no fue un inicio tranquilo. Desde la oposición lanzaron duras críticas al proyecto, por ejemplo, a juicio del jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton, la propuesta “fomenta la impunidad”.

“Lo que hace este proyecto es fomentar la impunidad, además le pusieron un detalle que a mí no se me fue: le pusieron 5 años y un día, o sea, modificaron la ley que era por 5 años. ¿Por qué es tan importante? porque incorporas delitos más graves, la persona va a estar condenada, se le va a expulsar a su país, pero resulta que va a estar libre en su país, se le va a dejar en el aeropuerto libre”, espetó el parlamentario RN.

Además, según su apreciación del proyecto, “una persona que cometió un delito gravísimo no va a pasar un día privado de libertad y qué va a pasar, va a ingresar por donde mismo ingresó antes, porque las fronteras están desbordadas, llevamos 40 mil personas que han ingresado de forma irregular a nuestro país este año. Quién nos asegura que esa persona que cometió un delito gravísimo, no va a ingresar al otro día por el mismo lugar que vino”, planteó Longton.

El proyecto de ley busca revertir un aspecto de la Ley de Migraciones, donde se introdujo la prohibición para las personas extranjeras condenadas por infracción a la Ley de Drogas de poder acceder a la pena sustitutiva de expulsión del país.

Antes de prohibirse la expulsión para la Ley 20.000, mediante la promulgación de la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, la mayoría de las órdenes judiciales de expulsión eran en casos de delitos contemplados en la normativa antidrogas.

La titular de Justicia había anunciado el envío del proyecto de ley el 22 de agosto pasado, en el marco de su visita a Iquique, ingreso que finalmente se concretó el martes 11 de octubre, para hoy iniciar su discusión en general. Además, la iniciativa cuenta con suma urgencia aplicada por el gobierno para acelerar su tramitación.

En esa línea, junto a reponer la expulsión judicial de migrantes condenados por Ley de Drogas, el proyecto busca descomprimir las cárceles del país, abarcando a quienes deben cumplir penas de hasta 5 años.

Según el texto del proyecto, de acuerdo a datos de Gendarmería de Chile, la población migrante recluida ha aumentado de un 3,7% del total de personas privadas de libertad en el año 2013, a un 10,3% a abril del presente año (4.298 personas extranjeras), primando las personas extranjeras de nacionalidad boliviana (1.368), seguida por las de nacionalidad colombiana (1.221), venezolana (721) y peruana (517).

Del total de personas extranjeras recluidas en centros penitenciarios, el 86% se encuentra recluido en las regiones de Antofagasta, Arica y Parinacota, Atacama, Tarapacá y Metropolitana, siendo el Centro Penitenciario de Alto Hospicio el recinto que alberga a la mayor cantidad de personas extranjeras privadas de libertad en el país (23,49%).

A las críticas al proyecto de ley se sumó el diputado republicano Cristián Araya, quien -en el mismo tenor que Longton- apuntó que la iniciativa “deja libre a delincuentes”.

“Es bastante contraintuitivo el proyecto, porque enfrentados a la crisis de seguridad que tenemos ahora, lo que estamos apostando es a dejar libres a delincuentes creando una suerte de un derecho a los extranjeros para poder delinquir en Chile bajo ciertos delitos, van a cumplir una parte de la condena y luego se van a ir libres a su país”, aseguró el parlamentario.

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara retomará la discusión en general del proyecto el próximo miércoles. Según el presidente la instancia, diputado Raúl Leiva (PS) se invitará a exponer sobre la iniciativa al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública, la delegación presidencial de Tarapacá y también a la Fundación Paz Ciudadana.