Una importante diligencia se desarrolló durante esta jornada en el marco de la investigación que se abrió luego que el adolescente A.J.A.A., de ahora 17 años, fuera impulsado al lecho del río Mapocho el pasado 2 de octubre, según estableció la Fiscalía Centro Norte, por el carabinero Sebastián Zamora, quien está formalizado por el delito de homicidio frustrado. A la incautación que hizo la fiscal jefa de Alta Complejidad, Ximena Chong, en uno de los edificios institucionales de Carabineros la semana pasada, hoy se sumó el interrogatorio en calidad de testigos de dos altos mandos de la institución.
Durante la mañana fue el turno del general Enrique Bassaletti Riess, exjefe de Zona Santiago al momento del estallido social y hoy director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales. El oficial es uno de los uniformados a los que la Contraloría, en un hecho calificado como inédito, propuso sancionar con la suspensión de 30 días de sus funciones por su responsabilidad administrativa en las labores de orden y seguridad tras el 18 de octubre de 2019. Conocedores de la diligencia sostuvieron que las consultas giraron en torno a las actuaciones posteriores a que el alto mando se enterara de las graves lesiones con las que quedó el adolescente y se comenzara a informar, a través de la Central de Comunicaciones (Cenco), del episodio a nivel interno en Carabineros.
Una situación similar, pero durante la tarde, vivió el jefe de la Zona Metropolitana Oeste, general Enrique Monrás, quien fue interrogado también por el Ministerio Público en medio de este caso denominado “Puente Pío Nono”.
Ambos altos oficiales estaban citados para la semana pasada, sin embargo, no se presentaron y reagendaron para hoy. La semana pasada se vivió una situación tensa luego de que la fiscal Chong junto a la PDI acudieran el miércoles 10 al edificio Norambuena, donde se encuentra Cenco de Carabineros.
En esa oportunidad, según fuentes policiales, lo que habría incomodado a los funcionarios policiales de Carabineros, y a algunos personeros del Alto Mando, fue que la persecutora no llegó con orden judicial. Sin embargo, fuentes del caso sostuvieron que no se trató de un allanamiento, sino que de una solicitud de entrega voluntaria de documentación. Las diligencias se enmarcan en una segunda etapa de la indagatoria en que la Fiscalía ha centrado sus pesquisas en esclarecer si posterior al hecho en que el adolescente es impulsado al río, hubo maniobras por parte de terceros ajenos a Zamora para ocultar lo ocurrido y con ello se podría configurar el delito de obstrucción a la investigación.
