Continúan las diligencias en la investigación por la marcha de conscriptos del Ejército en Putre, en la Región de Arica y Parinacota, que terminó con la muerte de Franco Vargas el 27 de abril.

Según informó hoy el Poder Judicial (PJUD), la ministra en visita Jenny Book se constituirá el lunes 17 de junio para efectuar una reconstitución de escena de los hechos, donde otros cuatro jóvenes resultaron con heridas graves, 45 conscriptos terminaron infectados por un contagio viral y más de 100 de ellos pidiendo salir del Servicio Militar. La diligencia que realizará Book fue decretada el 11 de mayo y será adjuntada a la carpeta investigativa, indicaron desde el PJUD.

La diligencia se realizará el mismo día en que se espera que la Corte Suprema dirima qué justicia -si la civil o la militar- se queda con la causa. Dicha decisión estaba agendada para el 10 de junio, sin embargo, accediendo a una solicitud del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Segunda Sala del máximo tribunal suspendió la vista de las reclamaciones.

Desde el Poder Judicial señalaron a La Tercera que “la designación de la ministra en visita extraordinaria fue realizada por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema el 8 de mayo a petición del Ministerio de Defensa y de la Fiscalía Militar por la gravedad de los hechos y la premura de que se investigara lo sucedido rápidamente”.

Y añadieron que “ella es ministra en visita con dedicación exclusiva en estos hechos, designada por el tribunal pleno para que siga investigando y eso sigue en pie. Ella debe seguir investigando hasta que se resuelva. La Corte Suprema no ha cesado su designación y continúa. La ONI fue dictada solo respecto de la fiscalía y juzgado de garantía. Ella mantiene la competencia”.

Book, quien además es la presidenta de la Corte Marcial y ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue designada como ministra en visita extraordinaria de la Corte Marcial por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema. Hasta ahora, ha realizado varias labores en torno a la causa. La jueza inició las primeras indagatorias el pasado 9 de mayo, constituyéndose en la Brigada Motorizada Nº24 “Huamachuco” donde interrogó a oficiales y conscriptos de la unidad. Además, efectuó diligencias en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la capital de la provincia de Parinacota.

El 27 de mayo se conoció el resultado del informe elaborado por el fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Sáez Martín, en cuanto a la controversia. En un informe de 15 páginas que antecede a la resolución que ahora tendrá que hacer la Segunda Sala de la Corte Suprema, se concluye que el caso debiese ser investigado por la justicia militar.

En las conclusiones se exponen cuatro puntos. El primero de ellos dice que “los eventuales responsables por los presuntos delitos tienen el carácter de militares”, similar a lo que se sostiene en el segundo punto: “Las presuntas víctimas o perjudicados por los hechos, tienen el carácter de militares”.