En entrevista con El Mostrador la mañana de este martes, el abogado Hernán Fernández, querellante en el juicio en que se condenó a Eduardo Macaya, padre del senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, cuestionó al legislador por el uso de su tribuna pública para referirse a las menores involucradas en el caso.
“Se entiende como un hijo un sentimiento natural hacia su padre. Pero atropellar la verdad, abusar de una condición de senador, para atacar la verdad, la verdad judicial, en que se han respetado todas las garantías procesales, en que su defensor ha podido objetar, ha podido presentar medios de prueba, controvertir los medios de prueba. Aquí no hay privilegios. Aquí el Estado tiene el deber de salvaguardar la protección de la niñez”, expuso.
El abogado aseguró que en sus declaraciones del fin de semana en Canal 13 “el senador Javier Macaya transgrede los límites y pretende aplastar la verdad y afectar la dignidad y la nobleza de un menor que hizo lo que el mundo adulto no estaba haciendo”.
Por otro lado, el abogado Fernández se planteó en la posición de que la defensa de Eduardo Macaya obtenga la nulidad del juicio en que se le condenó a seis años de cárcel efectiva por su responsabilidad como autor en cuatro delitos de abuso sexual contra menores de 14 años y dijo que sería “un escándalo”.
“Ante un juicio de estas características, con los medios de prueba que se han rendido, con la calidad jurídica, humana, ética de los jueces que lo han juzgado, sería ¿Qué puedo decir?, algo que puede sonar muy duro: un escándalo ¿Por qué? Porque nuevamente estaríamos ante una justicia privilegiada y ante un sufrimiento innecesario de quienes han soportado hasta ahora, porque el proceso penal tiene consecuencias para el imputado, pero tiene consecuencias para quienes han develado los hechos y han sido, de alguna manera, entre comillas, castigados”, afirmó.
El jurista también abordó las decisiones de la Corte de Apelaciones de Rancagua que otorgó el arresto domiciliario a Macaya cuando fue formalizado por una caución de 150 millones y tras la comunicación de sentencia, hasta que esté ejecutoriada.
“La víctima que representamos solo ha perdido, merece respeto y ha contribuido a la Justicia. Por eso es que sería tan injusto y resulta injusto que se vea este oscilar de la justicia. Porque por tener poder y tener una cantidad inmensa de dinero, definiendo objetivamente que 150 millones no los tiene cualquier ciudadano de este país, para estar en la casa y otros que por lo mismo o menos están cumpliendo una prisión preventiva”, señaló.
