Tras valorar la decisión de la Corte de Apelaciones de desechar el recurso del general Ricardo Yáñez para posponer su formalización, la abogada de derechos humanos Karinna Fernández, querellante en el caso, llamó al gobierno a que el sucesor del jefe policial que designen no tenga vinculación con los hechos por los que se investiga a la máxima autoridad de Carabineros y a su antecesor, Mario Rozas.
La Fiscalía Centro Norte acusa al general Yáñez de responsabilidad de mando en los delitos de subalternos en las manifestaciones del estallido social, cuando era jefe de Orden y Seguridad. Se le imputan delitos de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio por más de 1.300 casos.
“Nosotros sostenemos y lo hemos sostenido desde el inicio de esta investigación y desde la propia acción de la querella es que quienes estuvieron involucrados en estos lamentables hechos, en estos delitos que participaron del sinnúmero de graves violaciones a los derechos humanos cometidos en nuestro país en el contexto del estallido social, precisamente tienen que ser separados de las instituciones”, expresó Fernández.
“Lo que yo como defensora de derechos humanos y representante de numerosas víctimas esperaría es que este gobierno no siga garantizando la carrera funcionaria a quienes estuvieron involucrados en graves violaciones de los derechos humanos”, agregó.
Fernández no quiso adelantarse a la audiencia que debería realizarse el 1 de octubre y evitó revelar las medidas cautelares que esperan solicitar.
“Tenemos que conocer ese día el número de delitos bases por los cuales el Ministerio Público va a formalizar”, precisó.
