Son seis los casos conocidos hasta ahora de personas que reciben pensiones de gracias por haber sufrido lesiones graves en el marco del estallido social y que tienen antecedentes penales.
En medio de la fuerte polémica por esos beneficios otorgados por el gobierno del Presidente Gabriel Boric,el Ejecutivo busca revocar las pensiones otorgadas a personas con antecedentes penales.
Para ello, el gobierno había introducido indicaciones a mociones parlamentarias -que ya se están viendo en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados- y este lunes sorprendió al anunciar, por medio del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que el Presidente va a revocar pensiones de gracias por medio de una facultad administrativa.
La Subsecretaría había encargado un informe al respecto, y Monsalve explicó que éste llegó a la conclusión de que “las decisiones administrativas como el caso de la entrega de un decreto de pensión de gracia, pueden ser revocadas por razones de oportunidad, por razones de mérito y por razones de conveniencia en la medida que se busque proteger el bien común. Nos parece que esas causales es posible encontrarlas para fundamentar la revocación de una pensión de gracia”.
La autoridad de Interior agregó que el Mandatario “no va a esperar la ley” y va a usar la facultad administrativa para revocarlas.
Pese a que hasta el momento son seis los casos conocidos de condenados que reciben este pago, durante la sesión de este lunes de la Comisión de Desarrollo Social -instancia donde se votaron indicaciones en particular-, se detalló que son 41 los casos a revisar dentro de un total más de 400 pensiones de gracia.
El último caso salió a flote el pasado 5 de enero. Se trata de Sandro Jerez Salas, quien recibe la pensión de manera mensual tras ser calificado como una víctima de violación a los derechos humanos debido a un disparo que recibió en las manifestaciones de hace cuatro años. La sentencia ejecutada por el Juzgado de Garantía de Coronel le imputa a Jerez “dos delitos de robo con fuerza en las cosas cometido en lugar no habitado”, cometidos en la madrugada del día 20 de octubre de 2019 y, el segundo, el día 12 de noviembre de 2019.
Andrés Fuica Fuica, el caso más mediático, es quien sigue en esta lista. Fuica fue condenado por saquear un supermercado en Viña del Mar en octubre del 2019, en medio de las manifestaciones y desmanes. Su pensión fue entregada debido a un parte policial que lo incluyó entre los heridos por perdigones en la Plaza Sucre, ubicada a metros del local comercial. Cuando el gobierno lo sumó entre los pensionados de gracia, Fuica había sido condenado por un robo.
Otro caso, recae en Gabriel Allende Torres, quien fue condenado por lanzar una molotov a Carabineros en Curacaví. Su beneficio se remonta a una querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por heridas con perdigones, una causa en que el Ministerio Público formuló cargos contra un sargento de Carabineros por apremios ilegítimos.
En tanto, Adán Castro Cifuentes fue condenado por dos delitos de maltrato de obra a Carabineros tras golpear a un cabo y a un sargento en un control de detención en Villarrica, durante protestas de octubre de 2019. Castro recibió su pensión de gracia dado que -según la formalización por apremios ilegítimos en contra del sargento- recibió golpes que le provocaron “erosiones y contusiones en zona maxilo-mandibular derecha y erosiones en dorso de las manos”.
Eliseo Carrera Espinoza, por su parte, recibió una condena por lanzar piedras a un carro de Carabineros en Iquique. En una protesta ocurrida el 3 de enero de 2020 resultó con una fractura expuesta de muñeca al recibir un tiro con una escopeta que lanzaba bombas lacrimógenas, lo que generó el beneficio otorgado por el Presidente.
Jonathan Parra Rebolledo es otro de los beneficiarios. Fue condenado por quemar una caseta de Carabineros en la Plaza de Armas de Talca en octubre de 2019. Fue sentenciado en un procedimiento abreviado, donde aceptó los hechos descritos por la Fiscalía. Su nombre fue incluido en una querella presentada por el INDH por el delito de apremios ilegítimos, tras resultar con lesiones de perdigón que recibió el 20 de octubre del mismo año.
A esta lista de nombres, se suma a Juan Francisco Villalobos Prado, quien fue beneficiado cuando tenía una orden de detención por estafa. Villalobos estuvo prófugo por un año y medio, hasta el pasado 10 de enero cuando Carabineros lo detuvo. Sin embargo, según consignó Ex Ante, este lunes el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó su liberación, luego de pagar la fianza asignada.
